La tasa Google de 3% a las grandes tecnológicas entrará en vigor en enero de 2021

La mayoría de partidos políticos del Congreso de los Diputados ha apoyado que la nueva tasa Google que gravará con un 3 % los servicios digitales de las grandes empresas tecnológicas se implante en enero de 2021, con lo que la primera liquidación del impuesto sería en marzo del próximo año. De esta forma queda plasmado en el proyecto de Ley que se tramita en el Congreso de los Diputados y cuya ponencia se ha aprobado este martes con el apoyo de los votos del PSOE y Unidas Podemos, ya que PP, VOX y Ciudadanos han votado en contra y el PNV y EH Bildu se han abstenido.

Al texto de la ponencia se han incluido por unanimidad dos enmiendas pactadas entre el PSOE y Unidas Podemos, una para evitar confundir el concepto “transmisión de datos” con el de “transporte de datos”, término utilizado en el ámbito de las operadoras de telecomunicaciones y otra para que no sea obligatorio un registro de entidades creado a efectos de este impuesto. De esta forma sería suficiente con inscribir el alta de las entidades en el censo de empresarios, profesionales y retenedores, y marcar el alta en la correspondiente obligación de presentación del modelo tributario sin necesidad de crear un censo nuevo.

El texto del proyecto de Ley también contempla un plazo de tres meses para que el impuesto entre en vigor desde su aprobación, por lo que su implementación no será, al menos, hasta enero de 2021 dado que fuentes parlamentarios han señalado a Efe que la aprobación definitiva se pospondrá para septiembre o noviembre. Como la liquidación del impuesto es trimestral, la primera recaudación será en marzo.

En este sentido, la mayoría de partidos políticos duda sobre las previsiones de recaudación de esta tasa, que gravará con el 3 % los ingresos de empresas tecnológicas con más de 750 millones de euros de facturación en el mundo o de 3 millones de euros sólo en España. El Ejecutivo había previsto una recaudación inicial de unos 1.200 millones de euros, aunque posteriormente y antes de la pandemia rebajó a unos 968 millones, por lo que la actual crisis económica provocada por el COVID-19 podría mermar aún más estas estimaciones.

El proyecto de Ley ha recibido más de 90 enmiendas, que tendrán que ser debatidas y votadas una vez que la ponencia pase a ser ratificada por la Comisión de Hacienda del Congreso, previsiblemente la próxima semana. PP y VOX han dejado claro que no apoyarán este nuevo impuesto, mientras que Ciudadanos argumenta que la implantación de la tasa debería seguir las indicaciones europeas. Fuentes del grupo parlamentario de Ciudadanos han señalado a Efe que quieren seguir trabajando para negociar enmiendas que consideran importantes, sobre todo las que “están bajo el prisma de lo que la UE ha planteado” al tiempo que han valorado que la entrada en vigor se plantee ya para el próximo año.

Por otra parte, mientras algunas formaciones como VOX aluden a que el impuesto añade una doble imposición para las empresas que ya pagan el Impuesto de Sociedades, Ciudadanos coincide en que las pequeñas empresas usuarias de servicios digitales podrían ver reducido sus beneficios en más de 500 millones al respecto.