Bankia-Caixabank: El “procés” y la moción de censura truncaron la fusión que Rajoy cerró en 2017

La operación ya fue aprobada por el último Gobierno del PP. Rajoy autorizó expresamente la unión, exigiendo que no hubiera fíltraciones. La llegada de Sánchez dinamitó el último intento

Los espías no creen en las casualidades, aunque existen. El Banco Central Europeo (BCE), que preside Christine Largarde, reclama fusiones bancarias desde hace meses y con más hincapié desde la aparición de la pandemia y sus consecuencias económicas. El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, también predica la conveniencia de la concentración bancaria en los últimos meses. El martes, 1 de septiembre, Luis de Guindos, hablaba de «fusiones bancarias urgentes», en su intervención virtual en el Curso de Economía de APIE de la Universidad Menéndez Pelayo. Además, las planteaba como inevitables para que los bancos sean rentables. Un par de días después, el jueves por la noche, una indiscreción o una filtración interesada, levantaba la liebre sobre una operación que estaba en marcha y que, ahora, se ha acelerado. Caixabank y Bankia, al tercer intento, negocian su fusión, entre otros motivos, para buscar una rentabilidad cada vez más complicada en un entorno de tipos de interés por los suelos, incluso negativos.

La fusión Caixabank-Bankia no es ninguna casualidad, sino un proyecto largamente gestado, que ha tenido como principal impulsor a Isidro Fainé, presidente de la Fundación La Caixa, máximo accionista de Caixabank, que persigue esa fusión por lo menos desde 2012, pero sobre todo desde mediados de 2017. Ese año, con Mariano Rajoy en la Moncloa, todo estaba preparado. Luis de Guindos, entonces ministro de Economía, llevó a la mesa del presidente del Gobierno las líneas maestras de lo que sería la fusión entre las dos entidades y que, en este caso, requería todavía más el visto bueno gubernamental ya que el Estado poseía casi el 70% de las acciones de Bankia, tras el rescate intervención que supuso la salida de la presidencia de Rodrigo Rato, sustituido por José Ignacio Goirigolzarri, «Goiri». Rajoy, a finales del verano de 2017, autorizó expresamente la operación, aunque exigió que no hubiera la más mínima filtración hasta que todo estuviera hablado, acordado y anunciado oficialmente. Isidro Fainé, como también ahora, había sido el impulsor, que contó con la colaboración de José Ignacio Goirigolzarri y con la del accionista mayoritario de Bankia, el FROB, de titularidad pública. De Guindos, como ministro de Economía, estuvo siempre al corriente de las conversaciones. La fusión, para el Gobierno de la época –y quizá para el actual– solventaba dos asuntos: ofrecía una salida la incómoda participación estatal en una entidad financiera como Bankia y, de alguna manera, en pleno auge del «procés», facilitaba la españolización definitiva de un portaaviones financiero como Caixabank que, aunque en Cataluña se acepta menos, tiene mucho más negocio en el resto del territorio español que en el Principado.

La fusión Caixabank-Bankia se frustró en 2017/2018 por varios motivos. El desafío independentista de Puigdemont y Junqueras, con el paripé de referéndum del 1 de octubre y los acontecimientos posteriores, incluido el amago de declaración e independencia y la huida del presidente de la Generalitat, aconsejó retrasar la operación, pero no pararla. Luego, las elecciones catalanas de enero de 2018, provocaron otro retraso. Por último, el anuncio de que Luis de Guindos dejaría el Gobierno para ocupar la vicepresidencia del BCE fue otro factor de dilación, ya que su sustituto, el fugaz Román Escolano –apenas fue ministro tres meses–, no tuvo el tiempo necesario para encajar el proyecto en el calendario político económico. Luego llegó la moción de censura que llevó a Pedro Sánchez a la Moncloa que formó un Gobierno inestable que era prácticamente imposible que diera luz verde en aquel momento a una fusión como la de Caixabank y Bankia, aunque ninguno de los implicados olvidó, ni mucho menos, el proyecto.

La fusión de las dos entidades, surgidas de cajas de ahorros, es quizá el último reto profesional que se ha planteado Isidro Fainé. En 2012, cuando Bankia era un banco totalmente privado y lo presidía Rodrigo Rato, la fusión estuvo sobre la mesa y avanzada, pero al final el ex vicepresidente económico de Aznar dio marcha atrás. Fainé, tras el segundo tropiezo, el de 2017/2018, cuando todo estaba hecho, no se arredró y ha sabido esperar el momento oportuno, aunque –nacido en 1942- empezaba a tener prisa porque otro de sus grandes objetivos, antes de que le llegue la hora de retirarse, es dejar un esquema de estabilidad en la Fundación La Caixa y, por ende, en Caixabank. Fainé siempre tuvo una excelente relación con Goirigolzarri y nunca ha tenido ninguna duda de que debería ser el presidente de la unión de Caixabank y Bankia. El presidente de la Fundación La Caixa, por otra parte, apenas conocía a Pedro Sánchez cuando llegó a la Moncloa y el líder socialista, aunque solo fuera por proximidad generacional, conectó primero y mejor con Ana Botín, presidenta del Santander. Fainé, sin embargo, no tardó en hallar las vías de encuentro con el nuevo presidente del Gobierno, una relación en la que el papel de Iván Redondo ha sido fundamental y cada vez más fluida y cercana. El asesor presidencial nunca decía nada, pero cuando se le preguntaba por los banqueros y de su trato con el presidente, más allá de Ana Botín, siempre salía a relucir el nombre de Fainé. La aparición de la pandemia y la crisis económica que generó fue la espoleta para relanzar y hacer realidad un proyecto soñado durante años al que ha llegado su momento.

El objetivo de los propietarios de Caixabank y Bankia, es decir la Fundación La Caixa y el FROB, es que la fusión sea una realidad cuanto antes y que, por ejemplo, en el ejercicio de 2021 ya haya una cuenta de resultados única, que será mejor que la que hubieran obtenido ambas entidades por separado. Hay que despejar incógnitas, pero todo indica que no supondrán grandes obstáculos. Gorigolzarri será el presidente de la futura entidad, pero si se aplica la doctrina del BCE no será ejecutivo, aunque tendrá capacidad de maniobra. El máximo ejecutivo será, en principio, el actual consejero delegado de Caixabank, Gonzalo Gortázar, mientras que el ahora presidente, Jordi Güal, es probable que ocupe un puesto honorífico. Otros asuntos pendientes son las retribuciones del consejo y de los altos cargos, limitadas legalmente en el caso de entidades que han recibido ayudas públicas y, sobre todo, el exceso de plantilla y de oficinas del nuevo banco. Puede ser caro, pero no debería haber problemas para encontrar soluciones aceptables para todos. Por último, existe coincidencia de que el Estado tiene más posibilidades de recuperar parte de los 22.424 millones de rescate a Bankia con la fusión que con la entidad salvada en solitario. Caixabank-Bankia, a la tercera y tres años después de que Rajoy aprobara un proyecto similar, la gran fusión está a punto de ser un hecho.