El Gobierno y el BCE darán juntos luz verde a la fusión de CaixaBank y Bankia

El supervisor europeo debe emitir un informe y dar su visto bueno al tener el Estado más de un 10% del accionariado de la entidad resultante

El Ministerio de Asuntos Económicos que dirige Nadia calviño pedirá al Banco Central Europeo (BCE) un informe sobre la fusión entre Bankia y CaixaBank y, una vez disponga de sus conclusiones decidirá conjuntamente sobre la operación, pese a que el papel del BCE en una fusión depende de la normativa del país de origen de las entidades que se fusionan, ya que este tipo de operaciones no se regulan en el Derecho europeo, sino en el Derecho nacional. Pero, en este caso, el BCE sí que tiene capacidad decisoria ya que debe proporcionar su visto bueno en el caso de adquisiciones de participaciones cualificadas –las que corresponden por ejemplo al Estado en el caso de Bankia– en entidades de crédito cuando sean iguales o superiores al 10% de las acciones o de derechos de voto de la entidad, o superen los demás umbrales establecidos.

En consecuencia, la entidad que pretenda adquirir una participación cualificada deberá notificarlo al supervisor nacional, en este caso el Banco de España, que junto al BCE evalúan la adquisición propuesta de acuerdo con los criterios establecidos en la Directiva de Requisitos de Capital. El Ministerio de Asuntos Económicos ya cuenta con que el Consejo de Supervisión del BCE anunció en julio que «facilitará» la consolidación del sistema bancario de la zona euro mediante el uso de sus herramientas supervisoras, por lo que no exigirá unos requisitos de capital más elevados a las entidades que surjan de una fusión. En este caso, a la entidad que surja de Bankia y CaixaBank.

Como precaución ante la evolución de la crisis, el BCE decidió el pasado mes de julio extender hasta el 1 de enero del próximo año su recomendación a la banca de no repartir dividendos y no efectuar recompras de acciones propias para preservar el capital de las entidades, ampliando así en tres meses las actuales restricciones, en vigor desde el pasado mes de marzo. No obstante, el supervisor europeo revisará si esta postura sigue siendo necesaria en el cuarto trimestre de 2020, teniendo en cuenta el entorno económico, la estabilidad del sistema financiero y la fiabilidad de la planificación del capital.