Una auditoría avisa de las pérdidas de Emerita y su falta de experiencia minera para explotar Aznalcóllar

Una auditoría de cuentas elaborada por la empresa McGovern Hurley sobre Emerita Resources, compañía promotora de la denuncia de la que deriva la investigación del proceso de adjudicación de los derechos de explotación del yacimiento minero de Los Frailes (Aznalcóllar, Sevilla) a la agrupación empresarial México-Minorbis, tras no conseguir dicha entidad tales derechos, refleja que entre junio de 2019 y 2020, las pérdidas de la empresa crecieron hasta un total de 1.239.512 dólares canadienses (unos 800.000 euros), toda vez que su déficit de capital ascendió a 2.638.382 dólares canadienses (1,7 millones de euros). La mencionada auditoría de cuentas, fechada el pasado 31 de agosto y recogida por Europa Press, expone pormenorizadamente que Emerita Resources, a través de su filial Emérita Resources España, tiene “intereses” en tres proyectos de exploración minera en este país, en concreto los proyectos de Plaza Norte (Cantabria), Paymogo (Huelva) y Sierra Alta (Asturias).

Del mismo modo, la auditoría señala el papel de Emerita Resources en el “prolongado proceso” judicial correspondiente a la resolución del concurso convocado por la Junta de Andalucía para adjudicar los derechos de explotación del yacimiento minero de Aznalcóllar, en la provincia de Sevilla, en favor de la agrupación empresarial México Minorbis, toda vez que Emerita había concurrido sin éxito a dicho concurso. Tras la denuncia inicial de Emérita Resources España, que competía con el grupo México-Minorbis por los derechos de explotación del complejo minero de Aznalcóllar, respecto a presuntos delitos de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias y fraude en la adjudicación de tales derechos a México-Minorbis, el Juzgado de Instrucción número tres de Sevilla ha archivado ya en dos ocasiones las diligencias incoadas.

Empero, tras ser impugnadas ambas decisiones de archivo, la Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla, en la que figura la juez Mercedes Alaya, instructora inicial de la trama de los expedientes de regulación de empleo (ERE) presuntamente fraudulentos, ha ordenado la reapertura de la investigación. El pasado mes de marzo, la juez instructora del caso emitía una nueva providencia recogida por Europa Press, en la que al no apreciar “diligencias de investigación pendientes de practicar”, pedía a cada una de las partes que se pronunciasen sobre “el curso del procedimiento” judicial, ante lo cual la Fiscalía ha solicitado ya por tercera vez el sobreseimiento de las actuaciones.

En ese contexto, esta auditoría de cuentas refleja que durante los nueve meses previos al pasado 30 de junio de este año, Emerita Resources registró pérdidas por valor de 1.239.512 dólares canadienses después de contabilizar pérdidas por importe de 467.264 dólares canadienses en el mismo periodo de 2019. Además, la auditoría atribuye a Emerita Resources un déficit de capital de 2.638.382 dólares canadienses a cierre del pasado mes de junio, mientras en septiembre de 2019 este indicativo era de 1.597.750 dólares canadienses.

En el capítulo de “factores de riesgo”, la auditoría avisa de que Emerita Resources necesitará “cuantiosos fondos adicionales para el establecimiento de las actuales y planeadas operaciones” de la entidad, si bien no hay “certezas” de que la empresa sea “capaz” de conseguir la financiación adicional que puede requerir para tales actividades. “No hay garantías de que haya financiación adicional en términos aceptables para la compañía”, señalan los autores de esta auditoría de cuentas.

Sin operaciones ni ingresos

“La empresa tendrá limitados recursos financieros”, indican los autores de la auditoría, señalando para Emerita Resources un escenario sin “operaciones” ni ingresos presupuestarios. “Incluso si el programa de exploración de la compañía es exitoso en uno o más” de los proyectos mencionados anteriormente, “necesitará fondos adicionales para los propósitos o más exploraciones y desarrollo”, se expone en la auditoría, insistiendo en que “no hay certeza de que la compañía sea capaz de obtener una financiación adecuada en el futuro o que esa financiación esté disponible en términos favorables”.

Además, los auditores advierten de que se trata de “una compañía relativamente nueva, con una limitada historia” de operaciones. “La empresa carece de historial en negocios u operaciones mineras”, exponen los auditores señalando que Emerita Resources tampoco cuenta con historial en materia de generación de ingresos en la actividad minera ni tampoco en materia de producción. “La empresa todavía tiene que generar beneficios de sus actividades y estará sujeta a todos los riesgos e incertidumbres asociadas a cualquier (nueva) iniciativa de negocio, incluyendo el riesgo de que no logre sus objetivos de crecimiento”, aseveran.

Es más, según los auditores, la propia empresa prevé que le lleve “varios años” conseguir liquidez efectiva a partir de sus operaciones, en el caso de que las mismas prosperen, pesando el hecho de que el pasado mes de febrero, el Gobierno de Cantabria denegaba a Cantábrica del Zinc S.L., participada por Emerita Resources, la prórroga que había solicitado respecto al permiso de investigación Salia, porque la empresa “únicamente ha ejecutado una pequeña parte de una de las actuaciones previstas”, según la Administración autonómica.

Sin recursos o reservas mineras identificadas

Y es que a día de hoy, según esta auditoría, “las propiedades de la empresa están en un estadio de exploración” y en las mismas no han sido identificados “recursos o reservas mineras”. Con relación a tal auditoría, expertos consultados por Europa Press consideran que dada la situación de “insolvencia” que afronta Emerita, la empresa carece de “la más mínima posibilidad de llevar a cabo la explotación de la mina de Aznalcóllar”, mostrando su convicción de que la judicialización de la adjudicación de los derechos de dicho yacimiento ha supuesto un “balón de oxígeno y asidero transitorio para la estrategia especulativa de la empresa, que ha servido para poder acudir a constantes ampliaciones de capital”.

A partir de los estados financieros de la entidad y las auditorías publicadas en Canadá sobre la misma, estos expertos consideran que Emerita “nunca cumplió con los requisitos de solvencia técnica del concurso de Aznalcóllar”, que exigían “una justificación de los trabajos efectuados similares al objeto de la concesión o de volumen de negocio análogo”. También se requería, según recuerdan, “experiencia acreditada en explotación y tratamiento del mineral, según el método propuesto en el anteproyecto”, con lo que estos expertos ven “incomprensible” la judicialización de la adjudicación de los derechos mineros de Aznalcóllar, pues la propia Emerita “manifiesta su falta de experiencia y solvencia técnica, a la par que las auditorías reflejan su incapacidad económica para hacer frente a los compromisos de inversión” implícitos en este proyecto.

“Emerita Resources declaraba el pasado 31 de agosto a los mercados tener la titularidad de los derechos mineros de zinc en Reocín (Cantabria) por un plazo de tres años, pero los auditores manifiestan de manera reiterada en sus informes que esos derechos mineros están caducados porque el plazo de sus permisos era de 13 meses y no de 36 como manifiesta engañosamente la empresa”, indican recordando además la decisión del Gobierno de Cantabria de no prorrogar el permiso de investigación bautizado como Salia y concedido tiempo atrás a Cantábrica del Zinc S.L., participada por Emerita Resources.