Los frugales y el Este se alían y amenazan el rescate europeo a España

Alemania advierte de retrasos en el desembolso y España no oculta su preocupación. Holanda pide ahora un acuerdo «mejor» y Hungría rechaza debatir el Estado de Derecho

La política hace extraños compañeros de cama y en política internacional esto puede llevar al paroxismo.

Los países del norte de Europa, autodenominados frugales por su apuesta por la austeridad presupuestaria, y los países del Este han formado una sui generis entente que pone en peligro la puesta en marcha del fondo de reconstrucción europeo para hacer frente a los estragos económicos ocasionados por el coronavirus.

La presidencia alemana, que debe encauzar las negociaciones, ha alertado en los últimos días sobre el posible bloqueo y la hipótesis de que los fondos no estén listos a partir del 1 de enero.

Una amenaza que quita el sueño al ejecutivo de Pedro Sánchez, ya que nuestro país, con 140.000 millones de euros entre préstamos y ayudas a fondo perdido, será uno de los más beneficiados por este salvavidas.

Aunque este tema no estaba previsto en la agenda de la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de los Veintisiete en la capital comunitaria, nadie quiso ayer escapar esta oportunidad para poner las cartas boca arriba.

Las nuevas reticencias de los unos y de los otros se deben a la vinculación entre los fondos europeos y el respeto al Estado de Derecho, en clara alusión a la deriva autoritaria que viven los países del Este. En la agónica cumbre celebrada en julio y de más de 90 horas de duración, los Veintisiete pactaron una formula lo suficientemente ambigua para no disgustar a nadie y que, en consecuencia todas las delegaciones pudieran vender una victoria en casa.

Pero cuándo se trata de traducir este enjuague a un reglamento con puntos y comas, las espadas vuelven a estar en alto. Al grupo capitaneado por el primer ministro de Hungría, Viktor Orban, el texto final le parece demasiado duro y el líder de los frugales, el primer ministro holandés, Mark Rutte, lo considera blando. Los embajadores de los Veintisiete dieron luz verde este pasado jueves a una nueva fórmula de consenso auspiciada por Berlín, pero tanto nórdicos como el Este votaron en contra de un texto que debe seguir siendo negociado con la Eurocámara.

Deuda común

El problema reside en que para poder movilizar los 750.000 millones de euros prometidos a través de una emisión de deuda común, todas las capitales deben dar su plácet y, en una veintena de países, esto incluye la ratificación de su parlamento. Además, la Eurocámara también quiere hacer oír su voz. No sólo considera que el mecanismo favorece a los países del Este sino que quieren revertir algunos recortes en el presupuesto en partidas como I+D y mayores compromisos de las cancillerías a la hora de poner en marcha impuestos europeos para pagar este fondo. Además, la izquierda europea no oculta sus intenciones de suavizar el freno de emergencia concedido al grupo de los frugales para poder vetar el desembolso del dinero si no se realizan las reformas necesarias.

Tanto Rutte como Orban siguen manteniendo su derecho de veto y no piensan renunciar a él. Al menos no fácilmente. “Una pinza frugales-rule of law (Estado de Derecho) no es aceptable. Ni por unos ni por otros”, sentencian fuentes diplomáticas que atribuyen esta nueva lucha a “ensimismamiento, tactismo, sincera falta de interés en el tema de fondo y en temas colaterales”.

La cumbre de julio demostró lo cómodos que se sienten Rutte y Orban en su papel de villanos y lo poco que les importan el avance de las manecillas del reloj. “Por supuesto que apoyamos a Alemania en sus intentos de alcanzar un acuerdo. Pero no creemos que su propuesta sea lo suficientemente buena, debería ser mejor”, declaró el primer ministro holandés antes del comienzo de la cumbre. Al otro lado del ring, Orban contraatacaba. “Este fondo debería estar disponible para los Estados lo antes posible, y no es posible ralentizar el ritmo con debates sobre el Estado de Derecho”. En medio de la disputa, el primer ministro francés Emmanuel Macron advertía de que el nuevo fondo no podía convertirse en “rehén” de viejos debates.