La economía y los jueces

Hay que evitar crear incentivos sociales negativos, como cuando en el caso de Bankia se mantiene ocho años una acusación falta de pruebas, desacreditando a la propia administración de Justicia

Una nación que cultiva, trabaja, comercia, navega, que reforma sus antiguas instituciones y levanta otras nuevas, una nación que se ilustra, que trata de mejorar su sistema político, necesita todos los días de nuevas leyes, y a la ciencia de que se deban tomar sus principios… La economía debe formar parte de los estudios del Magistrado, para que consultado por el Gobierno pueda ilustrarle, presentándole los medios de labrar la felicidad del Estado… (Así) corriendo los grandes y diversos conocimientos que requiere la ciencia de la legislación hube de reconocer muy luego que el más importante y más esencial de todos era el de la economía…; porque tocando esta ciencia la indagación de las fuentes de la pública prosperidad, y de los medios de franquear y difundir sus benéficos raudales, ella sola es la que debe consultarse continuamente para la derogación de las leyes inútiles o perniciosas, y para la formación de las necesarias y convenientes”. Así se expresaba nuestro Gaspar Melchor de Jovellanos en su “Discurso sobre el estudio de la economía civil”, en 1796. Llamaba la atención nuestro ilustre asturiano sobre la importancia del conocimiento de la economía y lo relevante de la misma, para el conjunto de la ciudadanía como especialmente para jueces y magistrados.

En este sentido sus sentencias, cuando se derivan de una legislación en ocasiones ambivalente y de interpretación alternativa, creemos debe quedar afectada por la racionalidad de la teoría económica, en función de los incentivos positivos o negativos que para la sociedad genera. Provocando en este caso deseconomías, mandando mensajes equivocados, poco ejemplarizantes, determinantes del comportamiento ciudadano. Ocurre, por ejemplo, cuando una resolución supuestamente bienpensante decide dilatar o primar una oKupación o un impago; que no sólo reduce la oferta de vivienda en el mercado, generando escasez, sino que lo hace más opaco, por el propio temor de la propiedad; y además termina encareciendo el precio de los alquileres, con independencia de que los dueños sean bancos, grandes fondos o pequeños propietarios, siendo éstos por cierto los tenedores de más del 96 por ciento de las viviendas arrendadas. Pero ocurre también cuando se tienden a equiparar contratos de interinidad en la Administración con indefinidos; cuando éstos resultan de una oposición por mérito y capacidad, limitada en número de plazas con el objetivo no disimulado de intentar recoger, periódicamente y de forma estable para la Administración, lo mejor de cada generación. Ocurre igualmente cuando en el actual contexto de digitalización, apps de ingeniería informática y nuevos yacimientos de empleo, se resuelve por alterar los mecanismos de contratación espontánea; por ejemplo, para servicios a los hogares por plataformas de atención rápida, que acabará impactando en la afiliación a la seguridad social, aumentando la economía sumergida. Y ocurre fatalmente cuando una fiscalía anticorrupción mantiene –como en el reciente caso de Bankia- durante ocho años una acusación “genérica” con una clara falta de pruebas desacreditando a la propia administración de Justicia –ya cuestionada por la figura de su mismísima Fiscal General– y la imagen del país en el exterior con el correspondiente coste reputacional para todos.

Al final, en su sentido etimológico, la “oeconomia” era, es, y seguirá siendo simplemente la mejor “administración de la casa”.

Javier Morillas es Catedrático de Economía Aplicada en la Universidad CEU San Pablo