La subida del impuesto a los refrescos lo pagará el consumidor

El incremento del 10 al 21% del IVA de las bebidas azucaradas que pretende incluir el Gobierno en los Presupuestos Generales del Estado de 2021 lo van a terminar pagando de forma íntegra los consumidores. No por cuestión de que la hostelería vaya a asumir la subida y bares y restaurantes no lo vayan a repercutir en sus precios sino porque, sencillamente, a ellos no les va a afectar. Según ha explicado la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, el alza no «altera» el IVA de la restauración «no tiene que ver con los precios» en sus cartas. La ministra de Hacienda ha declarado tras el Consejo de Ministros que ha habido «confusión» con el anuncio de esta medida y que el reglamento que regula este impuesto es «muy complejo y establece un IVA para bebidas alcohólicas y no alcohólicas en materia de restauración». «Las bebidas azucaradas en relación con la restauración no sufren ningún tipo de variación», según explicó Montero.

Si la restauración queda exenta del incremento, los verdaderos paganos acabarán siendo los consumidores que adquieran este tipo de productos en las tiendas, lo que en cualquier caso tendrá su repercusión en la cadena de valor alimentaria, a excepción de la hostelería. Ayer, sus representantes cargaron duramente contra el incremento, al que tildaron de recaudatorio, discriminatorio y de llegar en el peor momento. Además, advirtieron de que no será efectiva para uno de los fines que, presuntamente, persigue: combatir la obesidad.

Para demostrar lo ineficaz del planteamiento del Ejecutivo, la cadena agroalimentaria, representada entre otros por el sector de la alimentación y las bebidas (Fiab), los supermercados (Asedas), los fabricantes (Aecoc), la hostelería (Marcas de Restauración) y el agrícola (Asaja), presentó un informe de la consultora PwC que asegura que la subida no logrará ni su objetivo extrafiscal ni el económico. Para apoyar la primera afirmación, el análisis se apoya en lo que ha ocurrido en otros países que han recurrido a tasas para gravar los azúcares. Como ya publicó LA RAZÓN en su edición del pasado día 17, las experiencias de países como Francia o México, que los aprobaron hace décadas, demuestran para PwC que no están probados los efectos positivos de estas medidas contra la obesidad. En ambos países, existe ahora mismo precisamente un debate creciente sobre si eliminarlas para no perjudicar económicamente al sector. Otros países como Dinamarca o Eslovenia los suprimieron rápidamente tras comprobar las importantes distorsiones económicas que generaban.

En el caso de España, PwC considera que la medida tendría un impacto significativo en la cadena agroalimentaria. Hasta el punto de que, si el Estado prevé recaudar 400 millones de euros, la facturación de todos los sectores que la integran podría llegar a caer hasta en 370 millones de euros, según advirtió Anna Merino, directora de Estrategias Económicas de PwC, que aseguró que las estimaciones que han hecho han sido «conservadoras», aunque también es cierto que incluyen al sector de la restauración que Montero excluye de la subida. Una pérdida de ventas que, además, comportaría una pérdida añadida de recaudación de impuestos.

El incremento, según PwC, es además muy poco equitativo porque los hogares con un nivel socioeconómico más bajo (4,7 millones), que representan el 17% de la renta nacional, acabarían suponiendo según sus cálculos el 22% de la recaudación del impuesto.

Pérdida de empleo

En cuanto al empleo, el estudio calcula que podrían llegar a perderse hasta 6.165 puestos de trabajo. Aunque se trate de un sector muy resiliente por vender productos de primera necesidad, Mauricio García Quevedo, director general de Fiab, ha asegurado que no son ajenos a la crisis del coronavirus y que este año desaparecerán 850 de sus empresas. Además, el estudio de PwC asegura que la subida tendría otros efectos colaterales como su impacto en el mundo rural donde se produce la materia prima, en un momento en que la desploblación es otro de los retos a los que se enfrenta el país.

En opinión de García Quevedo, y ante la gravedad de la crisis económica en que se encuentra sumida España por el coronavirus, «no es el momento de subir impuestos. Las medidas fiscales deben tomarse cuando la economía se reactive», aseguró.