Así serán las pensiones del futuro

El déficit estructural de la Seguridad Social está ahogando el sistema de pensiones. El continuo aumento de la esperanza de vida, sumado al envejecimiento de la población, pone en riesgo la sostenibilidad del sistema. El gasto en pensiones se situará en el 14,2% del PIB en 2050, según las últimas previsiones de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), mientras que en 2019 representaba del 10,9% de la riqueza de nuestro país.

El Instituto Santalucía ha organizado un foro de expertos para aportar soluciones que permitan garantizar un futuro con pensiones suficientes, sostenibles y equitativas. El documento recoge sus recomendaciones para definir un nuevo sistema de pensiones.

La primera de las conclusiones de los expertos es que el actual sistema de pensiones “pone en riesgo la viabilidad del mismo y su equidad intergeneacional”. El problema es que hay un desajuste y las pensiones son más elevadas de lo que permiten los salarios, un hecho que se agrava con el aumento de la esperanza de vida. La tasa de dependencia de la población de más de 66 años alcanzará el 53% en 2050, según la Airef. Actualmente, la dependencia de los mayores de 64, la edad que maneja el INE para la estadística, es del 30,2%. Los expertos proponen reducir la tasa de sustitución, que se obtiene al dividir la pensión entre el salario medio, y advierten de que, de lo contrario, habría que “abordar una fuerte y creciente” subida de los impuestos.

Edad de jubilación

Los miembros del foro son partidarios de alargar la vida laboral. En 2027, la edad legal de jubilación será de 67 años, pero las personas que hayan cotizado durante 38 años y 6 meses (un porcentaje elevado del total) se podrán jubilar con 65. También creen que es recomendable recuperar el factor de sostenibilidad que vincula las pensiones a la esperanza de vida.

Revalorización

En opinión de los expertos, la revalorización de las pensiones ligada al IPC agrava la situación de déficit de la Seguridad Social. Sin embargo, creen que mantener el poder adquisitivo de los jubilados es posible si se garantiza la sostenibilidad del sistema. Para ello, proponen que las pensiones mínimas sí se vinculen al IPC por motivos de equidad.

El foro propone separar las fuentes de financiación del sistema, de tal forma que las pensiones contributivas se pague con las cotizaciones y las no contributivas y los complementos a mínimos sean a cargo de impuestos generales. Esto exige el traspaso al Presupuesto General del Estado de los costes ligados a las bonificaciones de las cotizaciones para fomento del empleo y otros conceptos no contributivos.

Los expertos creen en la viabilidad de la jubilación activa y defienden que sea compatible la pensión con el cobro de un salario. Creen que forzar a la población a jubilarse puede ser “contraproducente” y aboga por aplicar medidas para formentar la participacipación de los mayores en el mercado laboral.

Otra de las propuestas es que no se compare el porcentaje del PIB que destina España al gasto en pensiones con el de otros países porque la pirámide poblacional es diferente. Que otros Estados destinen más fondos en proporcion al PIB se debe a que sus tasas de dependencia son mayores, no porque las pensiones sean mejores.

El foro cuenta con la colaboración de los expertos Guillermo de la Dehesa, presidente de este Foro, Ángel de la Fuente, director de Fedea, Rafael Doménech, responsable de Análisis Económico de BBVA Research, José Ignacio Conde-Ruíz, subdirector de Fedea, y José Antonio Herce, economista.