Ingreso Mínimo: error en el fondo y en la forma

El Gobierno se apresuró en sacar adelante el Ingreso Mínimo Vital (IMV) al inicio de la pandemia. Su urgencia no se entendía, cuando debería haberse ocupado de otras actuaciones como no dejar caer a las empresas a las que había obligado a cerrar, que habría sido la mejor manera de garantizar los puestos de trabajo que dependían de las mismas, pero las razones políticas primaron sobre las prácticas y económicas, en una decisión claramente errónea. Después, se han topado en la concesión de la misma con un grave problema: deseaba llegar a 850.000 hogares y se queda de momento en sólo 400.000. Se escuda en que las personas que potencialmente pueden tener derecho al cobro de esta prestación no son las mejor informadas para realizar la solicitud, bien por dificultad idiomática, bien por carecer de medios informáticos para solicitarla. Esto supone un claro fracaso del Gobierno en la gestión del IMV, claramente equivocada.

Constituye un doble fracaso, ya que es un error tanto en el fondo como en la forma. Es obvio que en el periodo que media entre el cierre productivo por decreto y la recuperación económica, muchas empresas y empleos se han quedado por el camino. Muchas personas y familias empiezan a pasar por situaciones de alta necesidad en algo tan básico como es la alimentación, y a las que no se puede dejar sin protección mientras dure esta situación, sabiendo que esa ayuda debe ser transitoria y orientada tanto al sostenimiento extraordinario de dichas personas como al incentivo para que puedan buscar y encontrar un trabajo.

Debería haberse articularse un mecanismo muy transitorio ligado a esta necesidad y a la búsqueda efectiva de empleo desde el momento inicial, no una medida permanente y desincentivadora del trabajo, que ya se puso en marcha en el pasado en otros países y cuyos resultados fueron desalentadores. Eso sería lo eficiente, no dejaría desprotegido a nadie, no desincentivaría la búsqueda de empleo y mantendría a la persona válida por sí misma, sin caer en el subsidio permanente público que condenase a sus beneficiarios a una dependencia total de los poderes públicos, y, al mismo tiempo, no invadirían ni la libertad de las personas ni la capacidad para prosperar de manera propia. Sin embargo, el Gobierno ha decidido avanzar hacia un Estado asistencial, ineficiente y que haga dependientes a los ciudadanos del poder público. Mal está que haya elegido esta opción equivocada, y peor todavía que no sepa gestionarla. De nuevo, es el Gobierno de la propaganda, que se apaga en cuanto llega la gestión.

José María Rotellar es Doctor en Economía y profesor de la Universidad Francisco de Vitoria