El Gobierno quiere cargar a ayuntamientos y regiones parte del rescate a la hostelería

El tiempo apremia a la hostelería, que necesita un plan de choque inmediato para evitar el cierre masivo de establecimientos durante las próximas semanas. Pero también corre el reloj para el Gobierno, que hace ya un mes que prometió un paquete de medidas para salvar el turismo, la hostelería y el comercio y aún siguen esperando. Lo anunció primero la titular del ramo, Reyes Maroto, y lo rubricó el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, hace apenas una semana. «El Gobierno aprobará próximamente en el Consejo de Ministros medidas que complementen a las ya adoptadas por las comunidades y los ayuntamientos», aseguró.

Ese próximamente parece que ya tiene lugar y fecha: el Consejo de Ministros del 1 de diciembre, aunque todo puede volver a aplazarse si continúan las discrepancia dentro del equipo interministerial que está gestionando dicho plan. El tira y afloja entre el Ministerio de Asuntos Económicos de Nadia Calviño y el de Hacienda, de María Jesús Montero, por un lado, y los de Turismo, de Maroto; y de Trabajo, de Yolanda Díaz, –con el de Seguridad Social, de José Luis Escrivá, en medio de la refriega– está siendo más complicado de lo esperado. Ambos bandos difieren en la cantidades que deben emplearse, ya sea en ayudas directas o diferidas, e incluso en el tipo de medidas, lo que ha provocado el retraso y que se haya planteado incluso la posibilidad de que el plan cuente con varias fases, que se aplicarán en base a los fondos disponibles, ya que Economía prefiere asegurar la financiación y que buen aparte de ella se vincule con las ayudas que lleguen de Europa.

También hay desencuentro en los tiempos. Maroto y Díaz quieren que se aplique desde el próximo martes una avanzadilla de medidas, pero Calviño y Escrivá optan por esperar a que aclare la situación en Europa, tras el parón forzado por Hungría, y por que les cuadren las cuentas. Y Hacienda no estaría por la labor de reducir al 5% el IVA de la hostelería, como han reclamado reiteradamente las patronales.

Otro de los escollos está siendo la negociación con las comunidades autónomas y los ayuntamientos. El Ejecutivo pretende que la financiación del plan sea compartida, sobre todo en lo referente a las ayudas directas, y que autonomías y consistorios integren en este fondo los programas de ayuda que ya hubieran activado y que amplíen su aportación. El objetivo es alcanzar conjuntamente con el Estado una cifra cercana a 10.000 millones de euros. Pero no todo ese dinero se establecería a fondo perdido, sino que se estaría barajando un mecanismo similar al que ha puesto en marcha la Unión Europea, por el que una parte sea sin retorno y otra avalada.

Fuentes de la negociación han confirmado a LA RAZÓN que el diseño del plan estaría centrado en dos ámbitos de actuación. Por un lado, estarían las medidas diferidas, reflejadas en las exenciones y bonificaciones fiscales y de cuotas a la Seguridad Social, que se sumarían a la ampliación de carencias y plazos de amortización de los créditos ICO. Además, se están preparando medidas de regulación de los alquileres –en función de la pérdida de facturación o de posibles cierres–, exenciones especiales a las facturas de agua, luz y gas –una de las medidas más demandadas por los hoteles, por ejemplo –, o programas especiales de formación –que fomenten alternativas de negocio–, entre otras. En el segundo paquete de actuaciones se incluirían los fondos de ayuda financiera, aún por definir con autonomías y ayuntamientos.

Muchas de estas medidas fueron presentadas en varios documentos por la patronales de los diferentes sectores del turismo, que se quejan de la opacidad con la que se está diseñando el plan. «Solo sabemos que no podemos esperar más», se queja José Luis Yzuel, presidente de la patronal Hostelería de España. Fuentes ministeriales se limitaron a confirmar que se está ya «en la última fase, pero todavía no se ha cerrado, quedan algunas cosas pendientes que pueden retrasarlo. No podemos decir más. de momento».

Ayer mismo, varios grupos políticos reclamaron en el Congreso la incorporación a los Presupuestos de una mejora de la dotación para el sector turístico de hasta 20.000 millones de euros.