Autónomos y pymes ya pueden solicitar créditos ICO para financiar negocios con deudas o en concurso

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha oficializado hoy el acuerdo cerrado el pasado martes por el Consejo de Ministros en el que se establecen los nuevos términos y condiciones de los renovados tramos de la línea de avales del ICO, por un valor total de 40.000 millones de euros, que irán destinados a inversión y liquidez aprobado en julio. También se ha publicado la ampliación del plazo de solicitud de avales hasta el 1 de junio y el vencimiento de los avales ya liberados por tres años más -hasta un máximo de ocho-, así como el acuerdo que establece las condiciones de los nuevos tramos liberados para financiar a empresas en convenio y a aquellas que, sin estarlo, estaban en proceso de renovación de su programa de pagarés en el Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF).

Uno de los tramos liberados se corresponde con los 2.550 millones habilitados para financiar a empresas y autónomos que se encuentren en un proceso de concurso de acreedores, pero que estén al corriente de pagos y hayan llegado a un acuerdo con sus acreedores. 2.500 millones serán puestos en circulación a través de financiación canalizada por las entidades financieras y otros 50 millones a través del MARF. Las empresas podrán optar a esta financiación avalada si a 31 de diciembre de 2019 estuviesen al corriente de sus obligaciones fiscales conforme al convenio firmado. Si la fase de convenio se hubiera iniciado en 2020 deberán acreditar que, a la fecha de solicitud del préstamo, se encuentran al corriente de esas obligaciones.

También ha aprobado la extensión del plazo para la concesión de las líneas de avales permitiendo a los autónomos y empresas solicitar hasta el 1 de junio de 2021 préstamos garantizados con las líneas de avales del ICO y que puedan ser concedidos hasta el 30 de junio. Se permitirá, asimismo, la ampliación del vencimiento de los avales aún no liberados de la primera línea, así como de los avales canalizados a través de Compañía Española de Reafianzamiento (Cersa), a la que se permitirá extender hasta el 30 de junio el plazo de solicitud de avales del tramo de 500 millones de euros destinados a reforzar el reaval que concede a las sociedades de garantía recíproca de las comunidades autónomas.

Asimismo, se han habilitado otros 250 millones de euros para avalar los pagarés emitidos en el MARF por empresas que no pudieron beneficiarse del tramo dispuesto en la primera línea al estar en fase de renovación de su programa de pagarés, siempre que se emitan tras la adopción del acuerdo y antes del 30 de junio de 2021. El importe de aval para cada emisión de pagarés de cada emisor será como máximo el 70% del importe de cada emisión y el vencimiento máximo del aval será de 24 meses.

El BOE también ha publicado las condiciones aplicables y requisitos a cumplir para operaciones con deudores que reciban ayuda pública inferior a 800.000 euros (a 120.000 si pertenece al sector de la pesca o acuicultura o a 100.000 si para el sector agrícola), el coste del aval para el plazo extendido será el inicialmente aplicado a la operación de financiación, mientras que para el resto de operaciones se aplicará, a partir de la extensión del plazo, una tabla de remuneraciones que aumenta según lo hace el vencimiento de los avales.

En cuanto al análisis del cumplimiento de los requisitos de elegibilidad, se modificarán los términos de las operaciones avaladas de hasta 50 millones de euros que hayan sido aprobadas por la entidad, sin perjuicio de comprobaciones posteriores sobre sus condiciones de elegibilidad, así como los términos de las operaciones avaladas por encima de 50 millones de euros, una vez que el ICO haya analizado el cumplimiento de las condiciones de elegibilidad exigidas para la extensión de manera complementaria al análisis de la entidad financiera.

Esta nueva línea de avales llega en plena segunda ola de la pandemia, con la economía ralentizada por las restricciones y los confinamientos, y con las empresas de nuevo necesitadas de financiación. Esta misma semana el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, cifró en un 68% el porcentaje de empresas españolas que presentarán déficit de liquidez este año, que ascenderá a unos 230.000 millones de euros, 25.000 millones de euros más que en el escenario contractual sin pandemia si no se tienen en cuenta las necesidades de liquidez asociadas a la inversión en activos fijos. Por ello, pide a reforzar su posición de solvencia mediante instrumentos de capital, de forma que el fondo gestionado por la SEPI con 10.000 millones para recapitalizar empresas estratégicas se complemente con nuevas herramientas para reforzar la solvencia de empresas de menor tamaño.