Yolanda Díaz recula y rebaja el alza del salario mínimo al 0,9%

La subida o no del salario mínimo interprofesional (SMI) se ha convertido en una cuestión de absoluta confrontación entre podemitas y socialistas en el seno del Ejecutivo. Hasta tal punto ha llegado la pugna que ya el combate entre unos y otros se dirime públicamente. En un lado del cuadrilátero se sitúa Yolanda Díaz, en representación de los de Podemos, y en el otro, todo un peso pesado de la economía, nada más y nada menos que la toda poderosa y ortodoxa Nadia Calviño, en delegación del equipo económico socialista. En los próximos días se sabrá quién ganará el último asalto. De momento, el duelo de titanes ha llevado a la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, a recular en su pretensión de aumentar el salario mínimo entre el 2,4% y el 3,1%, porcentajes resultantes de sumar la inflación prevista del 0,9% a la estimación de crecimiento de la productividad para el año que viene, que oscila entre el 1,5% y el 2,2%. Con este aumento, los trabajadores que cobran el salario mínimo pasarían a percibir a partir de enero próximo entre 972,8 a 979,45 euros. Los podemitas defienden redondear la cifra y situarla en 980 euros, 20 euros menos de la reivindicada por las centrales sindicales, que apuestan por colocar el SMI en 1.000 euros a partir de enero, frente a los 950 actuales.

Visto el maremoto que ha provocado su propuesta en el seno de la patronal y del propio Gobierno, la titular de Trabajo se conforma, en estos momentos, con que el salario mínimo suba, al menos, la estimación prevista de alza de inflación en los Presupuestos Generales del Estado de 2021 del 0,9%, porcentaje en el que también aumentarán las nóminas de pensionistas y funcionarios, pese al contexto desinflacionista por el que atraviesa ahora la economía española. Este crecimiento del SMI supondría un ligero aumento de 8,55 euros, lo que situaría su nómina en 958,55 euros.

La cuantía tan mínima le lleva a la titular de Trabajo a cuestionar el actual panorama empresarial español. A su juicio, «sería muy preocupante» que las empresas españolas no pudieran soportar una subida del salario mínimo de apenas 9 euros mensuales. Con esta aseveración reconoce su marcha atrás en sus pretensiones de aplicar el artículo 27 del Estatuto de los Trabajadores, que prevé vincular el incremento del SMI a la previsión de la inflación y a la de la productividad, entre otros indicadores. «Trabajo está muy preocupado por las empresas, pero también por ese 1,5 millones de trabajadores que se verían afectados para mal por la no subida del SMI», ha apostillado, en un encuentro con los medios previo a intervenir en la clausura de una jornada organizada por el Consejo Económico y Social (CES). La ministra ha insistido en que si las empresas españolas «no pueden soportar una subida que no alcanza ni siquiera los 9 euros, es una situación muy grave». Pese a ello, la titular de Trabajo ha recordado que el debate está abierto. No obstante, no parece que los interlocutores sociales consigan, en esta ocasión, aunar posturas. De hecho, después de una hora y media de reunión, las delegaciones de Trabajo, sindicatos y patronal abandonaron ayer la mesa sin conseguir aproximar sus posiciones sobre el aumento del SMI. Según fuentes sindicales, han vuelto a quedar emplazados para otro encuentro, que, con toda seguridad, tendrá lugar el próximo 28 de diciembre, un día antes de que tenga lugar el último Consejo de Ministros ordinario del año, en el que la ministra de Trabajo pretendía llevar la subida del SMI.

Pero no sólo la patronal considera que un aumento del salario mínimo ahora pasaría una elevada factura en términos de destrucción de empleo. Esta visión es plenamente compartida por el equipo económico de Sánchez, liderado por Calviño y en el que se integra también los titulares de Hacienda y de Seguridad Social. La vicepresidenta tercera del Gobierno ha defendido no imponer una subida del salario mínimo si no hay acuerdo para llevarla a cabo entre los agentes sociales. Pero su voz en contra de un aumento del SMI no es la única que se ha escuchado públicamente en las últimas horas. Sin ir más lejos, la vicepresidenta primera se manifestó hace unos días en ese sentido, en sintonía con la portavoz del Gobierno. María Jesús Montero pidió prudencia a la hora de subir el SMI por su impacto en el empleo. Calviño ha explicado en una entrevista en laSexta que el Gobierno está comprometido con mejorar el SMI, como lo muestra que lo haya subido «casi un 30% en los dos últimos años», pero la cuestión es «si es este el momento oportuno, adecuado, teniendo en cuenta las circunstancias en las que las que nos encontramos en este momento, para aumentarlo».