Empleo

Enero pierde todos los autónomos ganados durante 2020: 473 al día

El comercio y la hostelería se han vuelto a llevar la peor parte de las bajas

Malos datos de empleo para los autónomos
Malos datos de empleo para los autónomosFontaneros TerrassaLa Razón

El colectivo de autónomos ha vuelto a ser uno de los más castigados tras la campaña navideña. Ya lo venían advirtiendo las asociaciones que los representan, que enero iba a ser muy malo y que sería la antesala de lo que está por venir. Y no se equivocaban. En tan solo los 31 días del primer mes de 2021 ha desaparecido de un plumazo toda la afiliación de trabajadores al Régimen del Empleo de Trabajo Autónomos (RETA) acumulada en 2020, tras una caída de 14.668 autónomos. O lo que es lo mismo, 473 autónomos menos cada día. Las medidas tomadas por el Ejecutivo, sobre todo la prestación extraordinaria por cese de actividad, no han sido suficiente durante el mes de enero para contener el desplome que ha sufrido la afiliación.

El comercio y la hostelería se han vuelto a llevar la peor parte de las bajas, con 3.467 y 2.748 respectivamente, aunque los sectores de la construcción y la industria manufacturera acumulan también datos muy negativos, con 2.008 y 1.178 autónomos menos, lo que augura malas cifras en los próximos meses. Solo hubo un ligero aumento en las actividades sanitarias. En cuanto a las comunidades autónomas, todas contabilizaron descensos generalizados sin excepción, pero fue más acusado en las regiones donde el turismo tiene una mayor incidencia. Cataluña fue la peor parada, con una pérdida de 2.174 autónomos, seguida de la Comunidad Valenciana, con 2.125, y Andalucía, 1.723.

Unos datos pésimos que han levantado todas las alertas entre las asociaciones de los trabajadores por cuenta propia. Eduardo Abad, presidente de UPTA, ha exigido «una mesa de negociación urgente y al máximo nivel, para acordar las medidas necesarias para la recuperación del mayor número de actividades económicas», incluidos planes de rescate a los sectores más castigados por la crisis económica.

Por su parte, Lorenzo Amor, presidente de ATA, ha pedido ayudas directas al Gobierno para rescatar a autónomos y empresas. «Ya lo habíamos advertido, que los datos de enero iban a ser un absoluto desastre y así ha sido».

Para Uatae, estas las cifras del mes de enero “dan visibilidad a la necesidad de la creación de un nuevo paquete de medidas directas que amplíe el escudo social” para los autónomos de esas actividades. Estas ayudas, según la secretaria general de Uatae, María José Landaburu, deben impedir que muchos de esos proyectos y pequeños negocios sumidos en la incertidumbre “echen el cierre definitivo”.

Precisamente, el Consejo de Ministros aprobó ayer enmiendas a la prórroga de la prestación por cese, ampliándose sus posibilidades para hacerla compatible con el trabajo para aquellos autónomos que acrediten una caída de los ingresos del 50% en el primer trimestre. También se activa la prestación por la suspensión temporal del negocio como consecuencia de una resolución administrativa. La cuantía también es del 50% de la base mínima, equivalente a un mínimo de 760 euros, y se podrá incrementar en un 20% si el autónomo es miembro de familia numerosa y los únicos ingresos de la unidad familiar proceden de su actividad. En el caso de los que no cumplan dichos requisitos y para los autónomos de temporada también se extendía la ayuda y prestación extraordinaria de cese de actividad, con una cuantía similar. En el caso de los autónomos de temporada tendrán que acreditar que su único trabajo a lo largo de los años 2018 y 2019 se desarrolló en el Régimen de Autónomos o en el Régimen del Mar durante un mínimo de cuatro meses y un máximo de seis en cada uno de los años.

También ha autorizado flexibilizar el acceso de los autónomos a todas las prestaciones relacionadas con la pandemia, estableciendo la presunción de caída de ingresos para quienes tributan en el Impuesto sobre la renta de las Personas Físicas (IRPF) mediante el régimen de estimación objetiva o módulos. Esta medida se incluye en el real decreto ley con medidas para la reducción de la brecha de género en las pensiones y para facilitar el acceso al ingreso mínimo vital.