Guerra entre gobiernos por «dejar morir» a Abengoa

El Gobierno de coalición de Sánchez y el Ejecutivo andaluz se enfrascaron este martes en un cruce de acusaciones sobre qué administración ha sido la responsable de «dejar morir» a la empresa de ingeniería andaluza Abengoa, que el lunes presentó concurso voluntario de acreedores asfixiada por una deuda a entidades financieras y a proveedores de unos 6.000 millones. Esta suspensión de pagos es la segunda mayor declarada en España desde la de Martinsa-Fadesa, que presentó concurso de acreedores en julio de 2008 con un pasivo de 7.000 millones. Tanto para el PSOE como para Podemos, los partidos que conforman el Gobierno de coalición presidido por Sánchez, la Junta de Andalucía y los bancos son los únicos culpables de poner en peligro la continuidad de una plantilla de más de 14.000 empleados, de los que 3.000 trabajan en España. Así lo aseguró al término del Consejo de Ministros, la portavoz gubernamental, quien avisó de que el Gobierno «ha hecho sus deberes» para rescatar a la empresa. «Ha intentado ser parte de la solución» para Abengoa. «Serán otros los que tengan que explicar las razones de su falta de compromiso», en alusión a la Junta y a las entidades financieras.

De esta manera tan gráfica, exculpó al Ejecutivo central de cualquier responsabilidad. Momentos después, el presidente de la Junta no compartió estas acusaciones. Juanma Moreno rehusó asumir cualquier tipo de responsabilidad en el hundimiento de esta firma y dejó la pelota de su rescate en el tejado del Gobierno de Sánchez, al confiar en que el ICO, el Ejecutivo, las entidades financieras y la compañía «establezcan un plan serio y riguroso y de futuro» que garantice la continuidad de los puestos de trabajo, cuestión que preocupa a los agentes sociales. Tanto el Ejecutivo central como el andaluz esgrimieron este martes la legalidad vigente para explicar los motivos que llevaron a ambas administraciones a no rescatar a la empresa.

Según el relato de Montero, el Gobierno andaluz cerró la puerta a conceder a la firma sevillana una aportación de 20 millones. Mientras, los bancos y proveedores negaron un nuevo aplazamiento en el pago de la deuda. Sin la aportación de la Junta y sin ese aplazamiento, el Ministerio de Economía no pudo autorizar al Instituto de Crédito Oficial (ICO) y a la Compañía de Española de Seguros de Crédito a la Exportación (Cesce) a avalar el rescate por un importe de casi 500 millones, en cumplimiento de la normativa actual. Argumento parecido esgrimió Moreno para justificar la negativa de su Gobierno. El presidente andaluz explicó que la Junta no ha podido conceder el aval financiero de 20 millones a Abengoa, porque lo impide la normativa, y que ese importe, «por razones obvias, no hubiera contribuido a poder mejorar la situación de esta empresa» que presenta un «descuadre» de sus cuentas de unos 6.000 millones. Eso sí, ambos Ejecutivos expresaron su confianza en que la firma pueda remontar el vuelo de la mano del administrador concursal.

Mientras, la Asociación Profesional de Administradores Concursales (ASPAC) cree que todo el proceso del concurso de acreedores de Abengoa se resolverá en el mejor de los casos en un año por su complejidad. Por su parte, sus accionistas minoritarios agrupados en AbengoaShares confían ahora en tomar las riendas y pedir un rescate público que salve parte de su inversión, así como los más de 14.000 empleos que dependen del grupo. Pero su situación se complica, la CNMV inició este martes la apertura de un expediente sancionador contra su consejo de administración por no remitir en plazo las cuentas de 2019.