La morosidad empresarial se dispara a 77 días, con un 74% de facturas impagadas

La morosidad empresarial, tanto en el sector público como en el privado, se ha disparado con la pandemia y vuelve a incumplir los plazos legales establecidos. De este modo, el plazo medio de pago a proveedores aumentó en el sector público en siete días (+10%), pasando de 70 a 77 días, mientras que en el sector privado subió en cuatro días (+5%), de 73 a 77 días, por lo que se mantiene en ambos casos lejos de los 30 y 60 días que establece la ley, respectivamente. Así se desprende del informe sobre morosidad correspondiente al año 2020 y elaborado por la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM), que ha alertado sobre el empeoramiento de los plazos de pago a proveedores por parte de las administraciones públicas y del sector privado y el más que significativo aumento del 74% de las facturas impagadas.

Según la entidad, se ha constatado que este empeoramiento de los plazos de pago está haciendo retroceder a los niveles registrados en 2015, en el caso de las comunidades, y en 2016 en el sector privado. Asimismo, la ratio de morosidad -porcentaje de impagos respecto al total de facturación-, se cifró en el 5,4%, lo que significó un “aumento peligroso” de un 74% respecto a 2019, situándose muy cerca del dato de 2014 del 5,7%. “Tenemos que revertir de nuevo la tendencia implantando un régimen sancionador, más si cabe en el contexto de la era poscovid-19 en el que nos encontramos inmersos”, ha asegurado el presidente de la PMcM, Antoni Cañete.

El informe concluye que las grandes compañías se encuentran entre las peores pagadoras, ya que solo un 19% paga dentro del plazo legal y que se han generalizado el cambio condiciones en la relación de pagos, que en muchos casos el informe califica como abusivas, ya que el 62% de los proveedores tuvo en 2020 contratos o acuerdos comerciales con clientes que les impusieron plazos de pago superiores a los fijados por ley. Además, por miedo a perder al cliente, el 87% de los proveedores nunca o casi nunca exigió a sus clientes morosos los intereses de demora, en tanto que el 94 % no reclamó la indemnización legal por costes de recobro en caso de retraso o impago.

Según el estudio, medio millón de empresas están en riesgo de quiebra principalmente por el retraso en los pagos, por lo que Cañete ha urgido al Gobierno a implantar ya un régimen sancionador que multe a las empresas morosas y a inyectar liquidez y reducir el endeudamiento de pymes y autónomos. “Las empresas necesitan ayudas directas, rescatar al ámbito empresarial del país. Si no salvamos a los que pagan nuestros impuestos, lo que no vamos a poder hacer van a ser políticas económicas ni sociales, no vamos ni a poder pagar podremos pagar parados ni a poder hacer hospitales para salvarnos”.

Según el informe de la PMcM, elaborado a partir de cerca de 800 encuestas realizadas a sus organizaciones asociadas y ajenas, el 16% de los encuestados ya ve claramente que los plazos en los que están cobrando no permiten la viabilidad de sus negocios. Además, teniendo en cuenta el contexto de la pandemia, casi la mitad de los encuestados (48%) cree que sus plazos de cobro empeorarán durante 2021. La mitad de los encuestados asegura que sus clientes del sector privado han empeorado sus plazos de pago. Por tamaño de empresa, para la mitad de los encuestados, el tipo de cliente que más tarda en pagarles son las grandes empresas (las que tienen una facturación superior a 50 millones de euros).