El Ejecutivo lleva a Cataluña al TC por idear una fórmula “ilegal” para que los catalanes paguen menos IRPF

El Consejo de Ministros aprobó este martes solicitar la interposición de un recurso de inconstitucionalidad contra el artículo 88 de la Ley de la Comunidad Autónoma de Cataluña 5/2020, de 29 de abril, de medidas fiscales, financieras, administrativas y del sector público y de creación del impuesto sobre las instalaciones que inciden en el medio ambiente. Según el Gobierno. el motivo de esta medida es que la norma catalana excede las competencias autonómicas respecto a la creación de una nueva categoría afectada por el mínimo personal del IRPF. Las comunidades tienen competencias para elevar el mínimo personal y familiar del IRPF dentro de los conceptos ya existentes en la norma estatal. Sin embargo, la ministra de Hacienda recordó hoy que no pueden crear nuevas categorías que no estén recogidas en ese marco general. De ahí el recurso al Constitucional.

Cataluña tiene competencias para elevar el mínimo personal y familiar del IRPF, si así lo desea, en alguno de los amplios supuestos que recoge la normativa estatal. Por ejemplo, puede modificarlo por grupos de edad (mayores de 65 años o de 75 años), por descendiente o ascendente o por discapacidad. No obstante, Cataluña en esta ley crea una nueva categoría, que son aquellos contribuyentes a los que la suma de las bases liquidables general y del ahorro sea igual o inferior a 12.450 euros. Para este nuevo grupo, eleva el mínimo de 5.550 euros anuales a 6.105 euros. Por tanto, el Gobierno al no alcanzar un acuerdo con la Hacienda catalana recurrirá al TC. Así lo anunció hoy la portavoz del Ejecutivo, María Jesús Montero, al término del Consejo de Ministros. No obstante, el Departamento de Montero ha conseguido subsanar las desavenencias que tenía con el Gobierno catalán en otros seis artículos de esta ley.

Montero reiteró hoy que el problema no está en elevar el mínimo personal del impuesto, sino en crear una nueva categoría no contemplada en la norma estatal. Esto excede, por tanto, las competencias de las autonómicas en esa materia. “Cataluña podía haber elegido otra fórmula para beneficiar a este colectivo. De hecho, tiene margen para hacerlo, por ejemplo, a través de una deducción autonómica en la cuota del impuesto. Por tanto, el problema está en que el camino elegido por la Generalitat para tomar esa medida no es acorde con el marco competencial vigente”.