Guerra interna

Iglesias y Montero se imponen a Calviño y triplican la ayuda directa

Serán 7.000 millones, cerca de los 8.000 que pedía Podemos y lejos de los 2.700 de Economía

La vicepresidenta tercera, Nadia Calviño, conversa con la ministra portavoz y de Hacienda, María Jesús Montero, durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados
La vicepresidenta tercera, Nadia Calviño, conversa con la ministra portavoz y de Hacienda, María Jesús Montero, durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los DiputadosEUROPA PRESS/E. Parra. POOL

Dos semanas y media después de que el pasado 24 de febrero el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciara un nuevo plan de rescate por importe de 11.000 millones a pymes y a autónomos, el Gobierno aprobará hoy, en una reunión extraordinaria del Consejo de Ministros, este paquete de ayudas no sin antes un duro enfrentamiento entre Unidas Podemos y Nadia Calviño y entre la vicepresidenta económica y el resto del equipo económico de Sánchez. Según confirman a LA RAZÓN fuentes gubernamentales, a última hora han vencido en esta disputa los partidarios de conceder más ayudas directas a pymes y a autónomos en un momento, que entendían, crucial para este colectivo. Uno de los principales partidarios de estas ayudas directas ha sido el propio presidente del Ejecutivo, que, pese a ello, ha optado por escuchar a todas las partes enfrentadas.

El resultado de este intenso debate ha sido que de los 11.000 millones de ayudas, más de la mitad –exactamente 7.000 millones de euros– se dedicarán a ayudas directas, tal y como defendían los de Unidas Podemos, que pedían destinar 8.000 millones a fondo perdido para pymes y autónomos, y la inmensa mayoría del equipo económico de Sánchez, incluida la ministra de Hacienda. Además de estos 7.000 millones, 1.000 millones se destinarán a un fondo de recapitalización de empresas medianas a través de la empresa pública estatal Cofides, y los 3.000 millones restantes a reestructuración de los créditos avalados por el Instituto de Crédito Oficial (ICO), que gestionará la banca.

A cambio de esta «ambiciosa» cifra de ayudas directas, Unidas Podemos ha renunciado a que las mismas se gestionen a nivel nacional. La portavoz del Gobierno, al final, ha impuesto su criterio, respaldado por Calviño y en contra de los dirigentes de la formación morada, de que las comunidades autónomas participen en el reparto de estas ayudas directas, tal y como adelantó este diario el lunes pasado. El papel de las autonomías en este fondo ha estado en el aire hasta última hora por la negativa al mismo de los de Podemos, con escasa representación en los ejecutivos autonómicos.

De hecho, el martes fuentes de Hacienda daban por descontada la ausencia de las autonomías en el control de estas ayudas. Al final, se ha apostado por que los gobiernos autonómicos gestionen las mismas, junto con otros 2.000 millones de ayudas directas que desplegarán para pymes y para autónomos, y que ejerzan los mecanismos de control necesarios para que los 7.000 millones lleguen a las empresas que lo necesitan. A cambio de que Podemos haya dado su brazo a torcer en esta cuestión, se exigirá, entre otras condiciones, que las empresas que accedan a estas ayudas directas tengan una caída de su facturación superior al 30%, requisito impuesto por los de Pablo Iglesias desde un primer momento. De esta manera, Nadia Calviño, reacia a estas ayudas directas por su impacto en el déficit y en la deuda pública, se ha visto obligada, una vez más, a retocar sus estrategias no sólo ante los de Unidas Podemos, sino también ante los suyos, sus compañeros del equipo económico.

Este nuevo paquete de ayudas destinado a reflotar a pequeñas y medianas empresas y a autónomos afectados por el coronavirus disparará el déficit público previsto en los Presupuestos Generales el Estado de 2021 del 7,7% al 8,7% del PIB, lo que situará el desfase presupuestario próximo a los 100.000 millones de euros al finalizar el ejercicio. En concreto, se saldará con 97.438 millones de euros de desajuste, siempre y cuando no se incurra en un mayor gasto público o en unos menores ingresos de los estimados por el Ejecutivo central.