Un año de ruina y mala gestión

Hace ya un año, el Gobierno de España declaró el primer estado de alarma y el consiguiente confinamiento domiciliario. Fue la respuesta, dura y de urgencia, adoptada ante una crisis sanitaria completamente desbocada y que terminaría cobrándose la vida, en una primera ola, de 50.000 personas. Fue, por tanto, el inicio de un periodo de doce meses en los que la economía española ha experimentado una de las mayores debacles de su historia: un hundimiento de su PIB del 11% (el mayor desde la Guerra Civil), la destrucción efectiva de más de 1,5 millones de empleos (contabilizando también a quienes se hallan en situación de ERTE o recibiendo la prestación extraordinaria de los autónomos), a la completa parálisis del sector turístico (que perdió 70.000 millones de euros en ingresos) o al sobreendeudamiento de las administraciones públicas españolas (cuyos pasivos ascendieron al nivel más alto en los últimos 120 años: el 117% del PIB).

Todos estos destrozos se han acumulado durante el último año y lo han hecho por tres razones que conviene tener presentes porque también influirán en nuestro futuro más inmediato. La primera razón es común a todos los países de nuestro entorno: hemos sufrido una pandemia global que ha paralizado en gran medida el funcionamiento de nuestras economías en tanto en cuanto ha impuesto un distanciamiento social obligatorio que ha dificultado el funcionamiento de algunos sectores, como la hostelería, donde el consumo es fuertemente social. La segunda razón es, en gran medida, específica de España y está muy vinculada con la anterior: la estructura productiva de nuestro país se halla fuertemente vinculada a esas actividades de consumo social (como el turismo) y, por tanto, esta crisis nos ha afectado más que a otros países con una economía menos sensible al distanciamiento social. Y la tercera razón también es específica de España pero no se refiere a las características de nuestra estructura económica, sino a la incompetencia de nuestros gobernantes: precisamente porque el Gobierno central fue marcadamente negligente a la hora de detectar y de frenar el estallido de la primera ola, el subsiguiente parón de la economía fue extraordinario. Como decimos, son estos tres factores (pandemia, estructura económica y diligencia gubernamental) los que marcarán nuestro porvenir durante los próximos trimestres.

En primer lugar, la pandemia no va a desaparecer sola, de modo que no deberíamos olvidar que puede seguir amenazándonos con nuevas olas de contagios que dañarían muy significativamente a nuestro tejido productivo (la tercera ola probablemente ya causó una contracción del PIB en el primer trimestre de este 2021): en especial si surgieran nuevas cepas resistentes a las vacunas (ése sería el peor escenario imaginable).

En segundo lugar, la recuperación dependerá críticamente del ritmo de vacunación que logremos y, por tanto, de cuándo alcancemos la inmunidad frente al virus: es aquí donde la diligencia de las administraciones públicas desempeña, o debería desempeñar, un rol clave, a saber, el de acelerar el proceso suministro de vacunas. Sin embargo, también es aquí donde, hasta el momento, hemos fracasado de manera más estrepitosa: la Unión Europea ha sido la que peor ha gestionado la compra de vacunas (muy por detrás de Reino Unido y EEUU) debido a su intento absurdo de rebajar el precio de estos fármacos, con la consecuencia de que los países europeos van a la cola en ratios de vacunación con respecto al resto de sociedades extranjeras.

Y, por último, también resultará clave, para que podamos recuperarnos con rapidez, que salvemos a aquellas partes de nuestra estructura económica que se hallen más expuestas a la pandemia: si pasa la pandemia y la demanda de, por ejemplo, hostelería regresa con fuerza pero no contamos con empresas dedicadas a proveer este servicio, entonces deberemos reconstruir el tejido empresarial antes de volver a crecer. En este sentido, pues, las peticiones de inyectar oxígeno mediante ayudas directas a parte de nuestra economía son peticiones bien orientadas pero que no son nada sencillas de implementar. A la postre, y por desgracia, parte de las empresas que hoy se enfrentan a problemas no prestarán ningún servicio valioso en un mundo post-pandemia, de manera que rescatarlas con dinero público (a modo de pozo sin fondo) tampoco estaría justificado y podría igualmente retrasar la recuperación (consolidando estructuras empresariales obsoletas). Más bien, para inyectar algún tipo de ayuda a las empresas que volverán a ser viables, deberíamos proceder a rebajar con carácter extraordinario el Impuesto sobre Sociedades y el IRPF (de modo que quienes en el mundo post pandemia disfruten de beneficios, los vean ampliados y se recapitalicen). Pero el Gobierno no ha seguido ese camino, de manera que probablemente asistamos ante un nuevo despilfarro de dinero público que no ayudará realmente a quienes sí habría que ayudar.

En definitiva, la mala gestión política explica parte de nuestro descalabro económico y todo apunta a que también explicará parte de nuestro insuficiente ritmo de recuperación. Las malas políticas de prevención sanitaria agravaron la pandemia y las malas políticas económicas pueden hacer languidecer nuestro crecimiento futuro. Deberíamos tratar de extraer alguna lección de este último año.