Sólo el 6,4 % de las personas que viven bajo el umbral de la pobreza se benefician del Ingreso Mínimo Vital (IMV), según denuncia la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, que ha advertido que tres de cada cuatro solicitudes han sido denegadas. Alerta asimismo que un 30% de las solicitudes para recibir esta ayuda están pendientes de resolver y lamenta que el IMV no mejora la cobertura y la cuantía del sistema autonómico de rentas mínimas, que según su análisis ofrecía una cobertura superior: un 8%, es decir, 1,6 puntos por encima del IMV.

Mientras hay comunidades que únicamente tienen una cobertura del 3,5%, como Baleares, o del 4,2% como Cataluña o Castilla-La Mancha, otras como Aragón (12,2%) o Navarra (14,2%), superan ampliamente la media. Del total de solicitudes sólo se han aprobado un 26%, una cifra «irrisoria». Advierte que las denegaciones se producen por la complejidad del procedimiento y la dificultad de cumplir unos exigentes requisitos , pues la mayoría de las denegaciones se han producido por no cumplir el criterio de vulnerabilidad (al superar los umbrales de renta y patrimonio) ya que se valoran los ingresos de la renta de 2019, año en el que no impactó el coronavirus. «El Gobierno no ha cumplido ni siquiera con una cuarta parte del objetivo que se planteó de que en unos meses llegaría el IMV a las 800.000 familias que malviven en la pobreza extrema en nuestro país», lamenta la asociación. Las colas del hambre «deberían avergonzar a los gobernantes y en lugar de ser noticia, tendrían que ser la denuncia continua de la impericia del Gobierno en la gestión de la vacuna contra la pobreza, que es el Ingreso Mínimo».

La misma queja llega desde la Fundación Madrina, donde el 97,2% de las familias atendidas no ha recibido el Ingreso Mínimo solicitado y el 40% han dejado de percibir la ayuda social mínima autonómica. Una situación que les ha colocado en un limbo administrativo y sin ayudas. Al 18,9% de las familias gestionadas por esta ONG les ha sido denegada esta prestación con la «dificultad» que esto supone para que «salgan adelante». Por otra parte, denuncia que resulta imposible saber los motivos por los que les han sido denegadas las ayudas para poder interponer recurso. Pero en cambio se da el caso de que, por la descoordinación autonómica, cuatro de cada diez familias que están a la espera de recibir el IMV han dejado de cobrar la renta autonómica para ayuda social que percibían y que nadie les ha explicado el motivo de la cancelación.