El Pacto de Toledo recela de Escrivá y pone en duda su reforma de las pensiones

La tensión y las dudas volvieron a sobrevolar la comparecencia del ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, en la comisión del Pacto de Toledo, que había solicitado su presencia para explicar en qué situación se encontraba la negociación de la reforma de las pensiones con los agentes sociales y que en breve remitirá a Bruselas, para cumplir con una de las principales exigencias para la llegada de los fondos europeos. «Lo principal de la reforma está casi cerrada. No hay grandes diferencias, solo quedan algunos ajustes para terminar. Tengan ustedes un poco de paciencia», espetó Escrivá a los representantes de los partidos ante su insistencia en preguntar por qué no les había presentado ya una propuesta ajustada a sus recomendaciones, como había prometido. A ninguno, salvo a la representante de PSOE, logró convencer.

Con su habitual presentación gráfica de diapositivas, el ministro intentó explicar las bases de lo que será el primer bloque –y el más importante– de la nueva reforma laboral. Según anunció, las pensiones se revalorizarán según el IPC del año anterior, con una revisión en caso de inflación negativa a tres años vista; quiere aproximar la edad de jubilación real (en torno a los 64,5 años) a la edad legal (66 años); eliminar el factor de sostenibilidad, aunque no explicó cómo y qué lo sustituirá; poner fin a déficit de las arcas de la Seguridad Social; y fomentar la permanencia de trabajadores en activo y evitar la discriminación por edad con la reforma de la jubilación parcial y cambiando el sistema de las jubilaciones anticipadas voluntarias, a las que actualizará los coeficientes reductores, además de sumar incentivos a la demora del retiro.

Estas reformas pretenden demostrar a Bruselas que el sistema público de pensiones español es viable, que no hay motivos para exigir recortes y que no se perderá poder adquisitivo. Pero no convenció a sus señorías. Pese a las críticas por las vaguedades de sus explicaciones, por la parálisis del diálogo social –denunciada por varios diputados tras estar un mes sin ser convocada– y por las dudas sobre los apoyos con los que contará en el Congreso para sacar adelante la reforma –la representante de Podemos fue especialmente dura en sus críticas y puso en duda incluso el apoyo de su partido–, Escrivá lo tiene claro: «No habrá cambio de fechas. El calendario para aprobarla es inamovible».

En este mar de dudas entre los representantes del Pacto de Toledo, el ministro presentó sus cuatro ejes del primer paquete de medidas la reforma. Escrivá dejó claro es que endurecerá las condiciones de las jubilaciones anticipadas al aumentar los coeficientes reductores de la pensión hasta el 30%, en el caso de las carreras de menos de 38 años y seis meses cotizados y un retiro 24 meses antes. Eso sí, a los que lo demoren les ofrece un cheque de 12.000 euros por cada año de demora o un 4% más al mes para toda la vida, es decir, un 2% más que ahora.

El ministro defendió también que el nuevo mecanismo que sustituirá al actual índice de revalorización de las pensiones –el IRP, que en años de inflación establece una subida del 0,25%– será «una fórmula más sencilla, transparente y comprensible» ligada al IPC, que podrá ser revisado cada cinco años por el Pacto de Toledo, sindicatos y patronales analicen cada cinco años su impacto. El segundo capítulo, el de aproximar la edad de jubilación real (en torno a los 64,5 años) a la edad legal (66 años), no generó gran discusión.

Todo lo contrario que el resto de cuestiones. Sus señorías criticaron que siga sin aclarar qué pasa con el factor de sostenibilidad, cuáles son las pautas para acabar con el agujero de la Seguridad Social y si va a solucionar cuestiones como las penalizaciones a los prejubilados con carreras largas o los forzosos por la crisis. «Estamos hartos de que venga aquí a entretenernos y luego hace lo que le da la gana», le reprochó la portavoz de Podemos, Aina Vidal.