10 millones de votos retrasan la reforma de las pensiones

El envejecimiento de la población española supondrá una prueba de fuego para el futuro a corto y medio plazo del sistema público español de pensiones.

De hecho, si en próximos años se desea garantizar los actuales importes de las nóminas de las pensiones de los futuros pensionistas irremediablemente los trabajadores en activo y las empresas deberán contribuir más al sistema de la Seguridad Social.

Concretamente, si España apuesta por mantener las nóminas actuales de sus pensionistas en 2050, el tipo efectivo de las cotizaciones a la Seguridad Social de los trabajadores en activo en esa fecha deberá subir, nada más y nada menos, que ocho puntos porcentuales.

Así lo advirtió ayer el director general de Economía y Estadística del Banco de España, Óscar Arce, durante su intervención en unas jornadas organizadas por la APIE, bajo el título crisis y recuperación económica.

Según sus cálculos, «en 2050, con tasas de empleo y dependencia del 80% y 58%, respectivamente, el tipo efectivo de las cotizaciones sociales debería subir unos ocho puntos porcentuales para mantener la tasa de beneficio actual. Por el contrario, si se opta por mantener la actual contribución habrá que reducir la tasa de beneficio», léase el importe de la pensión.

En estos momentos, existe «una enorme presión en los gastos de las pensiones», a la que contribuye, a su juicio, el hecho de que «los pensionistas estén más movilizados políticamente hoy en día que los jóvenes». De esta manera tan gráfica achacó la resistencia de la clase política a acometer ajustes en el sistema público de pensiones por el ejército de votos que representa 9,8 millones de pensiones en España.

No obstante, advirtió de que si no se hace nada la situación actual del sistema será insostenible «por pura aritmética» en 2050, fecha en la que la tasa de dependencia (diferencia entre los mayores de 65 años y la población en edad de trabajar) pasará del 30% actual, es decir tres trabajadores por un jubilado, a dos tercios, es decir dos pensionistas por tres empleados.

Ante este panorama nada halagüeño, defendió sentar las bases de una reforma estructural del modelo de pensiones, en la que se defina con claridad qué nivel de «generosidad» se desea tener con los mayores, es decir qué pensión se cobrará, y cuáles serán las fuentes de financiación para sostener «esa generosidad» y evitar, así, un déficit estructural insostenible del modelo público de pensiones.

En este escenario, Arce se mostró partidario de que la reforma del sistema se produzca con luz y taquígrafos y garantizar, así, que sea transparente para que los trabajadores puedan planificar su futuro una vez se jubilen.

Además, deberá incluir un mecanismo automático, que sirva de herramienta de ajuste para acomodar el gasto a los diferentes ciclos de la economía, es decir cuando suba o baje, al margen de los vaivenes políticos.

Con este fin en mente, puso el énfasis en la necesidad de que esta reforma nazca fruto del consenso entre las diferentes fuerzas políticas, la clase económica y los agentes sociales. La intervención de Óscar Arce giró alrededor del futuro de los jóvenes españoles. En ese sentido, dibujo un sombrío panorama para la juventud no sólo por la herencia del sistema público de pensiones, sino también por los actuales niveles de deuda pública, que crece sin control por encima del 120% del PIB.

Solución de emergencia

El Gobierno trata mientras de pactar una solución de emergencia sobre el sudoku de las pensiones que contente a los sindicatos y sea digerible en Bruselas.

La derogación del Índice de Revalorización de las pensiones de 2013, por el que estas debían apreciarse solo un 0,25% anual mientras la Seguridad Social estuviera en déficit, y el regreso al IPC previsto con cláusula de revisión a año vencido para las pensiones más bajas, parece un hecho y ha desbloqueado la negociación con los sindicatos, que ayer retomaron la sintonía con el Gobierno en la Mesa de Diálogo.

La vuelta a las condiciones de 2011 no está, sin embargo, asegurada, y además quedan por afrontar asuntos clave como la mayor financiación de la Seguridad Social (vía PGE o impuesto para las pensiones), el aumento de las bases de cotización y eliminar las penalizaciones a las jubilaciones anticipadas con más de 40 años de cotización y a las de despidos colectivos.