El Gobierno quiere desengancharse de los ERTE y forzar la reincorporación del máximo de trabajadores a sus puestos con una sustancial rebaja de las exoneraciones, especialmente para los trabajadores que siguen en “paro temporal”. El recorte de las ayudas ha creado malestar entre los sindicatos y la patronal, que se han reunido hoy con el secretario de Estado de Seguridad Social para extender los acuerdos vigentes hasta el 31 de mayo hasta septiembre, al menos. Israel Arroyo ha trasladado que la intención del Gobierno es que la exoneración máxima quede en el 75% con carácter general, con una rebaja adicional de entre el 25% y el 30% para los trabajadores que no se reincorporen a la actividad laboral, lo que dejaría sus exenciones entre el 45% y el 50%, según ha podido saber LA RAZÓN.

Las exoneraciones se mantendrían en parecidos términos para los trabajadores que salgan de los ERTE, para motivar a las empresas a reincorporarlos. Sin embargo, según ha explicado el secretario de Política Sindical de UGT, Gonzalo Pino, a este diario esta propuesta supone un “escollo” para el acuerdo ya que “aunque en conjunto se reducen las ayudas a todos, se penaliza especialmente a los trabajadores que siguen muy a su pesar en ERTE cuando la actividad aún no se ha recuperado”.

Pese a todo, patronal y sindicatos confían en alcanzar un acuerdo en la reunión que mantendrá la Comisión de Seguimiento Tripartita Laboral el próximo viernes 21.

El Gobierno pretende rebajar la factura de los ERTE con el fin del estado de alarma y la aceleración de la vacunación. El gasto total de todas las ayudas concedidas, que alcanzaron a ocho millones de trabajadores en los picos de la pandemia y a casi 600.000 empresas, rozará los 40.000 millones a finales de mayo. La estimación del coste fiscal en exoneraciones a las empresas para mantener estos empleos alcanzará unos 7.000 millones a finales de mayo; las prestaciones y exoneraciones de autónomos, algo más de 9.000 millones y otros 2.000 millones por el gasto en prestaciones por incapacidad temporal. Así, el gasto en protección de empleo de la Seguridad Social alcanzará los 18.000 millones cuando concluya la extensión hasta mayo de los ERTE del Covid y las ayudas a los autónomos.

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ya había apuntado su intención de incentivar la activación de los trabajadores ante una nueva negociación de la extensión de los ERTE a partir de mayo. “La consolidación del modelo de ERTE está en los planes del Gobierno, pero puede haber restructuraciones para los sectores que no se recuperen del todo”. En este sentido, Escrivá espera que desde mayo las empresas “puedan comenzar a desengancharse” de las medidas como los ERTE del Covid.

Las exoneraciones vigentes hasta mayo alcanzan el 85% para los sectores ultraprotegidos en el que las empresas tengan menos de 50 trabajadores y del 75% para las de más de 50 trabajadores, tanto si se reincorporan como si siguen en ERTE.

En los ERTE por impedimento de actividad, las exoneraciones son del 100% para las compañías que tienen menos de 50 trabajadores y del 90% para las que suman más de 50. Por último, en los ERTE de limitación de actividad, las exenciones han venido siendo decrecientes según el mes y hasta mayo, con mayores exoneraciones para las compañías de menos de medio centenar de empleados.