A la reforma de las pensiones se le atraganta la esperanza de vida

El factor de sostenibilidad de las pensiones, encargado de acomodar de forma automática la cuantía de las mismas a los años durante los que se va a disfrutar ésta ante el incremento de la esperanza de vida, sigue latente y los sindicatos no logran tumbarlo para seguir avanzando en la negociación de la reforma de las pensiones. De esta forma, el factor de sostenibilidad, el ajuste a la baja de la pensión inicial de acuerdo con la esperanza de vida prevista (ya que se cobraría la pensión durante más años), seguiría estando vigente aunque no comenzaría a aplicarse hasta 2023.

A finales de mayo, el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ya dijo en una entrevista que esta derogación no se incluirá al haber margen hasta 2023 para su entrada en vigor. Entre las 21 recomendaciones del Pacto de Toledo no figuraba de forma explícita su liquidación.

El Plan de Recuperación recoge “la sustitución del factor de sostenibilidad por un mecanismo de equidad intergeneracional” que deberá estar aprobado antes de que termine 2022. Los sindicatos exigen no solo la derogación del índice de revalorización de las pensiones, sobre el que no ha habido problemas, sino también del factor de sostenibilidad, ambos incluidos en la reforma del PP de 2013.

Pero pese a que los sindicatos exigen su supresión, los expertos apuestan por recuperar su aplicación cuanto antes. En las conclusiones presentadas por el Foro de Expertos del Instituto Santalucía se recomendaba no solo reducir la actual tasa de sustitución (cociente entre la pensión y el salario medios) para descartar la fuerte y creciente subida impositiva que sería necesaria, sino recuperar el factor de sostenibilidad, ligando el retiro laboral a la esperanza de vida. Este mecanismo de ajuste que ya está implantado o lo será próximamente en países como Francia, Italia, Países Bajos, Grecia, Dinamarca, Finlandia o Portugal, se anunciaba en la reforma de las pensiones de 2011, con el PSOE de Zapatero en el poder, aunque no llegó a desarrollarse.

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) señalaba en un informe publicado el pasado 28 de septiembre que si se eliminara el factor de sostenibilidad, que se pondría en marcha a partir de 2023, y no se sustituyese por ningún mecanismo similar, aumentaría el gasto en pensiones en 0,9 puntos del PIB (hasta el 15,9%). Por otro lado, cree que en un escenario base, con la entrada de todas las reformas paramétricas de 2011 y la aplicación del factor de sostenibilidad, se situaría el gasto en pensiones en el 14,2% del PIB.

La pensión se calcula hoy en función de los años cotizados, la edad de jubilación y la cuantía cotizada principalmente. El factor de equidad intergeneracional o de sostenibilidad lo que hace es añadir la esperanza de vida al cálculo y revalorización de las pensiones. La idea era que se aplicara una sola vez automáticamente -cuando se realice el cálculo de la prestación-, siendo un aspecto importante para determinar el importe que finalmente se va a cobrar tomando la esperanza de vida (revisable cada cinco años) a los 67 años en función de las tablas de mortalidad de la población pensionista de jubilación del sistema de la Seguridad Social.

El resultado del cálculo será un porcentaje, por ejemplo 92%, por lo que la pensión disminuiría un 8%. En esta línea, según se incremente esa esperanza de vida, no habría otra opción que repartir la misma cantidad de dinero que la Administración nos dará en total en un periodo de tiempo más largo. Aunque el índice sería siempre inferior a uno, para que las pensiones se reduzcan de forma progresiva, y proporcionalmente al crecimiento de la esperanza de vida.

Desde Analistas Financieros Internacionales (AFI) cuantificaron para el Instituto BBVA de Pensiones cómo afectaría el factor de sostenibilidad a una pensión a partir de 2019 (que es cuando inicialmente se pretendía aplicar). En concreto, una pensión pública de 1.000 euros pasaría a ser de 992,8 euros. En otras palabras, el factor de sostenibilidad sería del 99,28%. Si se mantuviera la tendencia actual en 2030 el factor sería de 92,8% y en 2045 de 843,8 euros. A efectos prácticos, para el primer momento la pensión se quedará en 920,8 euros y para el segundo en 843,8 euros.