El Gobierno avisa de que los ERE en la banca deben basarse en bajas voluntarias y afectar al menor número posible de trabajadores

El Gobierno no ceja en su intento de poner coto a las reducciones de plantilla sin más del sistema financiero, mientras, se mantiene unos elevados sueldos a sus ejecutivos. Así, durante su intervención en la inauguración del seminario de la APIE en la UIMP sobre los efectos de la pandemia en la economía, la vicepresidenta segunda del Gobierno, Nadia Calviño, alertó este lunes de que “no es positivo” plantear el futuro del sector bancario sobre la base de reducir su tamaño, capacidad, plantilla u oficinas. No obstante, admitió que el sector bancario está inmerso en un proceso de reestructuración (”llamémoslo reconversión”), marcado por la entrada de nuevos competidores y en una fase acelerada por las circunstancias de digitalización, que exigen “una transformación ágil”. “Hay que desarrollar un agenda positiva donde se descubran, exploten y se expandan estas nuevas oportunidades de negocio, porque si queremos que el sector recupere una senda de rentabilidad, necesitamos entidades financieras que tengan una perspectiva también positiva de desarrollo y despliegue de nuevos ámbitos de negocios que sean rentables”, avisó.

Pese a avisar de que no ve con buenos ojos recortes de plantillas sin más, no ocultó su preferencia por que se realicen desde la negociación con los interlocutores sociales y por que los expedientes de regulación de empleo se basen en bajas voluntarias, intentado que afecte al menor número posible de trabajadores, ya que es “traumático para ellos y sus familias”, aseveró. “Esa es la línea de diálogo y negociación correcta para abordar estos procesos que siempre son lamentables y negativos”, advirtió. Preguntada por el ERE de CaixaBank, señaló que “la voluntad que han expresado los directivos del banco es llegar a un acuerdo”. “Confío, por supuesto, en que se siga avanzando en esta misma dirección y se llegue a una solución negociada con los representantes de los trabajadores”.

Coto al fraude financiero

Calviño informó que el Gobierno trabaja con los organismos supervisores en un plan contra el auge del fraude financiero ante su aumento, “especialmente”, en lo relativo de criptoactivos. El Ejecutivo ha detectado “un aumento del fraude financiero”, con “cada vez más peso” dentro de un escenario de bajos tipos de interés y liquidez “abundante”, “especialmente, pero no solo, en criptoactivos”. A su juicio, es necesario actuar en este frente por su “impacto negativo en la confianza” y, por tanto, en la estabilidad económica.

Sareb

Además, el Ejecutivo estudia una estrategia para dar una salida a la Sareb que permita maximizar la recuperación de ayudas públicas. Así lo anunció Calviño en respuesta al interrogante sobre la posible salida de las entidades financieras privadas del capital de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb). Previamente, la vicepresidenta quiso dejar claro que Sareb es una herencia de la anterior crisis financiera y que este año el Gobierno ha tenido que asumir 35.000 millones de deuda pública por la reclasificación de la sociedad en las cuentas públicas. De cara al futuro, el Gobierno debe plantearse cómo puede mejorarse el planteamiento de la institución, teniendo en cuenta que “tiene que responder al interés general y permitir la maximización de las ingentes ayudas públicas que se dieron al sector financiero”.

Sareb nació en 2012 para recapitalizar las entidades financieras más afectadas por la crisis financiera de 2008, para lo que adquirió 98.211 activos valorados en 50.781 millones. Tiene el mandato de generar ingresos suficientes, mediante la venta y gestión de estos activos, para amortizar la deuda emitida en el inicio de su actividad, un objetivo que debería cumplir antes de su liquidación, prevista para el ejercicio 2027. Al cierre de 2020, había cancelado el 31,2% de la deuda, por lo que todavía debe devolver 34.918 millones. El Gobierno podría decidir alargar el plazo más allá de 2027 para favorecer esa amortización de deuda. También podría tomar el control de Sareb después de que Eurostat haya obligado a reclasificar su deuda en las cuentas públicas, para lo que tendría que dar salida a los accionistas privados de su capital. Actualmente, el Ejecutivo controla el 45,9% de Sareb a través del FROB, mientras que el resto está en mano de bancos y aseguradoras.