La Audiencia Nacional anula la prórroga de 60 años de la fábrica de Ence en Pontevedra

La Audiencia Nacional ha anulado la prórroga concedida a la fábrica que Ence tiene en Pontevedra, estimando los recursos presentados por el Ayuntamiento de Pontevedra y la organización ecologista Greenpeace, que consideraban que el permiso para ocupar terrenos de Costas, a orillas de la ría de Pontevedra, hasta 2073 había sido ilegal. La Sala de lo Contencioso-Administrativo considera que la resolución del 20 de enero de 2016, por la que se autorizó a Ence a mantener su actividad durante 60 años más, no justifica, como exige la Ley de Costas, que la papelera no pueda tener otra ubicación. Con su decisión, la Audiencia Nacional da validez al allanamiento de la Abogacía del Estado que, en 2019, decidió no defender la legalidad de la prórroga concedida por el Gobierno que, en aquel entonces, presidía Mariano Rajoy en funciones.

La prueba pericial practicada, destacan los magistrados en su resolución, demuestra que el agua dulce, en un determinado volumen, “es un recurso necesario e imprescindible” para el proceso productivo de las plantas de pasta de papel, así como la proximidad a recursos hídricos (agua salada o dulce) para la evacuación del vertido. Pero añaden que no es obligatorio que dichas plantas, por su naturaleza o configuración, estén en dominio público marítimo terrestre, porque el artículo 32.1 de la Ley de Costas determina que solo podrá ocupar estos terrenos instalaciones que no puedan ubicarse en otro sitio. Por tanto, según la Audiencia Nacional, estas fábricas “pueden situarse en las proximidades, pero fuera de dicho demanio costero”, en las proximidades de ríos o grandes masas de agua.

La Sala cita otros casos como las fábricas de celulosa BHK, como las de Torraspapel en Zaragoza y Papelera Guipuzcoana de Zikuñaga, que se sitúan junto a ríos en los que evacúan el efluente, y también con la fábrica de Ence en Navia, que según los peritos es equiparable con la de Pontevedra, que se sitúa próxima, pero fuera de terrenos de Costas.

Para el tribunal, resulta significativo que Ence no haya “podido aportar documentación o concesión que acredite su ubicación sobre el dominio costero”, sino solo la resolución de 2013 que le daba concesión en Navia para un vivero de plantas, no para las instalaciones de fábrica.

La sentencia recuerda que la actuación administrativa sobre el dominio público marítimo terrestre debe perseguir, entre otros fines, el de asegurar su integridad y debida conservación, “adoptando, en su caso, las medidas de protección y restauración necesarias”. Además, deben garantizar el uso público del mar, de su ribera y del resto del dominio público, “sin más excepciones que las derivadas de razones de interés público debidamente justificadas”, que en el caso de la fábrica de Pontevedra, “ni ha esgrimido ni justificado”.

Recurso

Ence ha anunciado que recurrirá ante el Tribunal Supremo esta sentencia de la Audiencia Nacional y ha avanzado que agotará “todas las vías jurídicas posibles” para defender la legalidad de su prórroga. En un comunicado, la compañía asegura mantener un “respeto absoluto” a las resoluciones judiciales, pero añade que está en “desacuerdo” con la decisión del tribunal, por lo que continuará litigando “en defensa de nuestros intereses”. Ence defiende que la concesión para su fábrica de Pontevedra fue “acorde a derecho” y se aprobó “en cumplimiento estricto de la legalidad” y ha advertido que esta resolución judicial supone un “duro golpe” para el empleo y la economía de Galicia.

El Gobierno defiende que la sentencia “ha de cumplirse” y apela a entablar un “diálogo constructivo” entre todas las partes implicadas para buscar alternativas. En el caso de la Xunta, añaden las fuentes, como responsable de la gestión del territorio, “puede y debe ser capaz de proponer alternativas para un posible traslado de la actividad de la empresa” a otra localización.

La resolución de la Audiencia Nacional “deja claro”, apunta el Ejecutivo, que la empresa no necesita seguir en dominio público marítimo terrestre para su funcionamiento normal y considera que esa ubicación es “completamente anómala” y contraria a la legislación vigente.

El Gobierno insta ahora a “analizar bien” todos los pormenores jurídicos y los “escenarios que se abren”, porque “estamos todos obligados a acordar la mejor estrategia para ejecutar la sentencia con el objetivo de evitar los posibles daños que sobre los trabajadores pueda tener”.