El nuevo índice de equidad de las pensiones no recortará la jubilación inicial

El nuevo índice de equidad intergeneracional de las pensiones, que el Gobierno se ha comprometido a tener diseñado con la aprobación de los agentes sociales para mediados del próximo noviembre, no tendrá un carácter corrector, según han expresado fuentes del Ejecutivo a LA RAZÓN sobre las intenciones iniciales para la discusión de la fórmula que sustituirá al nunca aplicado factor de sostenibilidad. Al menos de entrada. Su aplicación, por tanto, no supondrá una merma en el cálculo de la pensión inicial, aseguran las mismas fuentes. En tal caso, su carácter ni siquiera será operativo, quedando relegado a servir de instrumento para determinar mediante proyecciones más certeras la evolución de la salud financiera del sistema de pensiones de la Seguridad Social. «Una vez realizado el análisis, habrá que tomar las decisiones pertinentes, pero en ningún caso se tratará de un factor que incluya la esperanza de vida para recortar la pensión inicial», remarca una alta fuente del Gobierno a este diario.

El Ejecutivo no quiere llegar a las elecciones habiendo aprobado la puesta en marcha de una espada de Damocles sobre las futuras pensiones que actúe de forma inmediata y «quirúrgica», y quiere limitarse a cumplir con Bruselas pactando una suerte de «detector de problemas» que deje abiertos más tratamientos, como mayores transferencias del Estado o incluso un impuesto para las pensiones. Los agentes sociales han comenzado ya las negociaciones con el Gobierno para aprobar la segunda parte de la reforma que acordó el Pacto de Toledo, con la que se pretende asegurar la sostenibilidad del sistema mediante mecanismos y transferencias que garanticen a su vez la revalorización de las pensiones de manera que estas no pierdan poder adquisitivo. Los primeros contactos comenzaron a mediados de julio, nada más aprobarse la primera pata de la reforma, con la indexación al IPC, la introducción de mayores incentivos para retrasar el retiro del mercado laboral y las penalizaciones a las prejubilaciones como principales medidas. Esta primera parte de la reforma de pensiones figura en el componente 30 del Plan de Recuperación y Resiliencia que el Gobierno ha comprometido a Bruselas para acceder a los 140.000 millones de fondos de recuperación.

El secretario de Estado de la Seguridad Social y Pensiones, Israel Arroyo, se ha reunido ya con patronales y sindicatos para continuar con el desarrollo de las recomendaciones de la Comisión de seguimiento y evaluación de los acuerdos del Pacto de Toledo. La reforma, que se prevé que entre en vigor en 2022 tras su paso por las Cortes, suprimirá los aspectos más polémicos de la realizada en 2013: el índice de revalorización de las pensiones (IRP), que limitaba su subida anual a un 0,25% en situaciones de déficit, y el llamado factor de sostenibilidad, que será reemplazado por un nuevo mecanismo de equidad intergeneracional.

Listo el 15 de noviembre

Aunque la sustitución de este último forma parte de la segunda pata de la reforma de pensiones, prevista para más adelante, Gobierno y agentes sociales se han dado de plazo hasta el 15 de noviembre para negociar el nuevo mecanismo, que operará a partir de 2027 y que se incluirá en el proyecto de ley mediante una enmienda. Bruselas ha advertido en numerosas ocasiones que ligar las pensiones al IPC «en ausencia de medidas compensatorias» es hacer el harakiri al sistema de pensiones, que quedaría en la insolvencia para los restos y a expensas de las transferencias de los Presupuestos para parchear, vía impuestos, las brechas abiertas. La mejor baza, como ha sugerido la Comisión Europea, sería ajustar las pensiones iniciales, en línea con la entrada en vigor del derogado factor de sostenibilidad.

Sin embargo, el Gobierno estudia otras fórmulas más amplias para contentar a Bruselas con un mecanismo que incluya la evolución del mercado laboral, la inmigración o la evolución de la natalidad. «Ahora toca hacer cirugía fina para que la evolución de la esperanza de vida no sea la única variable que sea tenida en cuenta», indican fuentes socialistas del Pacto de Toledo a este diario. Numerosos expertos alertan de la necesidad de aplicar la creciente esperanza de vida al cálculo de las pensiones. En las conclusiones presentadas recientemente por el Foro de Expertos del Instituto Santalucía se recomienda no solo reducir la actual tasa de sustitución (cociente entre la pensión y el salario medios) para descartar la fuerte y creciente subida impositiva que sería necesaria, sino recuperar un índice que vincule el retiro laboral a la esperanza de vida.

Estos mecanismos de ajuste ya está implantados o lo serán próximamente en países como Francia, Italia, Países Bajos, Grecia, Dinamarca, Finlandia o Portugal, y se esbozaron ya en la reforma de las pensiones de 2011, con el PSOE de Zapatero en el poder, aunque nunca llegaron a desarrollarse. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) señalaba en un informe sobre este índice que si se eliminara el factor de sostenibilidad, que se pondría en marcha a partir de 2023, y no se sustituyese por ningún mecanismo similar, aumentaría el gasto en pensiones en 0,9 puntos del PIB (hasta el 15,9%). Por otro lado, la AIReF cree que en un escenario base, con la entrada de todas las reformas paramétricas de 2011 y la aplicación del factor de sostenibilidad, se situaría el gasto en pensiones en el 14,2% del PIB.

Un porcentaje de recorte

La pensión se calcula hoy en función de los años cotizados, la edad de jubilación y la cuantía cotizada, principalmente. La introducción de un factor corrector añadía la esperanza de vida al cálculo y revalorización de las pensiones. La idea era que se aplicara una sola vez automáticamente –cuando se realizara el cálculo de la prestación–, siendo un aspecto importante para determinar el importe que finalmente se va a cobrar tomando la esperanza de vida (revisable cada cinco años) a los 67 años en función de las tablas de mortalidad de la población pensionista de jubilación del sistema de la Seguridad Social. El resultado del cálculo sería un porcentaje, por ejemplo 92%, por lo que la pensión disminuiría un 8%. En esta línea, según se incrementara esa esperanza de vida, no habría otra opción que repartir la misma cantidad de dinero que la Administración desembolsa en total en un periodo de tiempo más largo.

Desde Analistas Financieros Internacionales (AFI) cuantificaron para el Instituto BBVA de Pensiones cómo afectaría el factor de sostenibilidad a una pensión a partir de 2019 (que es cuando inicialmente se pretendía aplicar). En concreto, una pensión pública de 1.000 euros pasaría a ser de 992,8 euros. En otras palabras, el factor de sostenibilidad sería del 99,28%. Si se mantuviera la tendencia actual en 2030 el factor sería de 92,8% y en 2045 esa pensión sería de 843,8 euros, según los cálculos. A efectos prácticos, para el primer momento la pensión se quedaría en 920,8 euros y para el segundo en 843,8 euros.