El Gobierno vuelve a la carga con el nuevo impuesto contra Madrid

La guerra contra la Comunidad de Madrid se recrudece por días. El Gobierno de Sánchez y los barones socialistas, junto con los independentistas catalanes, preparan toda su munición para cambiar los resultados de las últimas encuestas, que vaticinan la pérdida del poder de convocarse hoy las elecciones generales. Por eso están dispuestos a emplear su artillería pesada para atacarle, en un intento de desalojar al PP de unas de las plazas más codiciadas, la Comunidad de Madrid, y ganar, así, el terreno perdido en las últimas semanas tras los resultados electorales obtenidos por Isabel Díaz Ayuso. De paso, intentan con esta polémica eclipsar otros debates, como las prebendas que negocian con sus socios nacionalistas para Cataluña y el País Vasco a cambio de su apoyo a las cuentas del Estado de 2022 y el diálogo bilateral abierto con los catalanes, tras los indultos de los líderes del procés.

Ahora vuelven a la carga contra la fiscalidad madrileña. En ese sentido, el Gobierno defiende la creación de un nuevo impuesto para Madrid, que compense al resto de autonomías el efecto de la capitalidad de la que dice se beneficia esta comunidad. Así lo aseguró ayer por boca de su titular de Seguridad Social, el último en sumarse a este singular combate contra el Ejecutivo de Ayuso. El ministro encontró otro motivo de confrontación: los supuestos beneficios de la capitalidad y cómo contrarrestarlos.

Tras su encuentro en Valencia con el presidente de la Generalitat, expresó públicamente su respaldo a Ximo Puig, que exige la creación de un impuesto para los contribuyentes con rentas altas residentes en la Comunidad de Madrid, orientado a compensar el efecto de la capitalidad. Hace semanas, Puig defendió la incorporación de este nuevo tributo a la reforma fiscal, que el Ejecutivo central ha encargado diseñar a un grupo de expertos y que, en principio, deberá estar lista en febrero próximo. Por el momento, el ministro destacó ayer las bondades de este nuevo tributo. A su juicio, «es una idea con mucho recorrido que hay que seguir explorando». Según su relato, ahora que los países avanzan por la senda de evitar la competencia fiscal «no tiene sentido que a nivel autonómico estemos recorriendo el camino contrario».

Dumping fiscal

Como no podía ser de otra manera, Puig coincidió con el argumentario del ministro. El líder valenciano, alineado también con el de Esquerra Republicana de Cataluña, acusó a Madrid de practicar dumping fiscal, cuando se intenta fijar un suelo fiscal en los países desarrollados. La reacción de esta autonomía a esta intención del Ejecutivo de imponer un impuesto a los madrileños no se hizo ayer esperar. Su consejero de Hacienda, Javier Fernández-Lasquetty, aseguró que Escrivá ha desvelado la intención real del Gobierno de aprobarlo. De ahí que le acusara de «madrileñofobia fiscal». Acto seguido, avisó de que no lo permitirán.

Los dirigentes de ERC fueron los primeros en acusar a Madrid de dumping fiscal y de denunciar lo que consideran beneficios asociados a ostentar la capitalidad. De hecho, pusieron encima de la mesa la armonización de los impuestos cedidos, demanda que fue ya acogida como propia por Hacienda y que ahora estudia el comité de expertos fiscales para su inclusión en la reforma fiscal, que también podría incorporar este nuevo tributo para Madrid.

Este nuevo ataque contra el Ejecutivo de Ayuso se produce horas después de que este miércoles la delegada del Gobierno en Madrid compareciera ante la prensa para presentar unas cuentas un tanto peculiares sobre las inversiones del Estado en esta región por casi 7.800 millones, en las que incluía la revalorización de las nóminas de los pensionistas madrileños, las prestaciones por ERTE a las que están acogidos los trabajadores residentes en la región, las autorizaciones de endeudamiento a la autonomía, los avales del ICO, los agricultores beneficiarios de la PAC... La presidenta madrileña salió ayer al paso de estas declaraciones. Díaz Ayuso tachó de falsas esas cifras y acusó a Mercedes González de actuar como «delegada del PSOE», al tiempo que reprochó que sus datos sobre inversiones tengan «la mentira como castigo».