El Estado registra la mayor destrucción de empleo en diez años

El Estado ha sido responsable en buena medida del empleo que se perdió en el mes de agosto. La Administración General del Estado destruyó un total de 14.514 empleos durante el pasado mes, la mayor pérdida de puestos de trabajo en este periodo de los últimos diez años, según un análisis de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), a partir de los datos publicados ayer por la Seguridad Social.

De esta manera, en solo un mes, se han perdido prácticamente la mitad de las 30.455 plazas correspondientes a la oferta de empleo público de 2021, según denunció el sindicato. Esta cifra incluye las plazas de promoción interna, por lo que la destrucción de empleo es significativamente superior, según advirtió. Solamente en la Administración General del Estado, sin contar a Policía ni Fuerzas Armadas, se perderían todas las plazas nuevas de la oferta de empleo público, lamentó la organización.

Casi un cuarto de la plantilla

CSIF, que es el sindicato más representativo en las administraciones públicas, ya manifestó su preocupación este verano por la pérdida de efectivos sufrida en los últimos años (en torno al 22%) y el envejecimiento de las plantillas en este ámbito. En concreto, y según sus cálculos, en los últimos 10 años se han perdido aproximadamente 50.000 empleos y según estimaciones de la propia administración, hasta 2030 se jubilará el 56,30% de la plantilla.

Para CSIF, esta situación «es inaceptable y va a comprometer el funcionamiento de los servicios públicos en condiciones de calidad, como estamos comprobando ya en ámbitos tan sensibles como el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) o la Seguridad Social». El SEPE se ha visto desbordado en los últimos meses por el incremento de trabajo que ha provocado el aluvión de trabajadores que han sido protegidos a través de ERTE para no perder su empleo por el coronavirus. El servicio ha quedado en una situación todavía más precaria en verano tras la salida de más de 1.000 interinos que prestaban tareas de refuerzo derivadas de la pandemia, sobre una plantilla total de 7.500 personas. Una situación que ha llevado, incluso, al cierre de algunas de sus oficinas repartidas por España ante la imposibilidad de ser atendidas por la falta de personal.

En el caso de la Seguridad Social, el propio Ministerio ha reconocido que la falta de personal tras años de recortes y numerosas jubilaciones ha puesto en riesgo a una parte importante de su red de oficinas. El Ministerio aseguraba la primavera pasada que un tercio del total de sus dependencias, 137 centros que atienden a los ciudadanos en trámites básicos como la jubilación o las prestaciones de incapacidad, está en «riesgo de cierre» por la falta de plantilla para atenderlas.

Para poner fin a estas situaciones, el CSIF reclama la eliminación definitiva de la tasa de reposición y realizar una planificación plurianual a varios años de las ofertas de empleo público. Asimismo, la organización considera que se hace preciso autorizar una oferta de empleo extraordinaria para afrontar las necesidades más urgentes de personal.