La subida del 15% del impuesto de Sociedades apenas tendrá impacto en las empresas españolas

La Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf) en la presentación este miércoles de las “Propuestas para un replanteamiento urgente de la fiscalidad medioambiental en España” ha descartado que la imposición de un mínimo de tributación del 15% en el impuesto de sociedades vaya a suponer un impacto importante en las cuentas de las empresas.

La tributación efectiva de las empresas españolas “con carácter general está bastante por encima” del 15 %, por lo que partiendo de la base imponible “no debería de existir un gran impacto para nuestras empresas españolas”, ha recordado Daniel Gómez Olano, el coordinador del Grupo de Expertos de Asesores Internos de Aedaf.

El acuerdo presupuestario para 2022, alcanzado este martes por los socios de Gobierno, prevé establecer un tipo mínimo efectivo del impuesto de sociedades del 15 % de la base imponible, sin alterar el tipo nominal para garantizar un cierto nivel de tributación. Con esta medida “España se está alineando con la iniciativa de la OCDE” de establecer un tipo mínimo global para evitar la competencia desleal de los territorios de baja tributación, ha señalado Gómez Olano.

Replanteamiento de la fiscalidad medioambiental

Aedaf ha presentado una serie de propuestas recogidas en su Paper 19, documento en el que se explica la necesidad de realizar ajustes en la fiscalidad medioambiental, en la que se aboga por una implementación a nivel nacional de la tributación ambiental, más allá de la regional o por comunidades.

Por su parte, la presidenta de Aedaf, Stella Raventós ha pedido que “no se diseminen las normas, no se fragmente el mercado, porque eso conlleva unos enormes costes de cumplimiento para las empresas”.

Por lo tanto desde esta asociación han explicado que dicha reforma medioambiental debería tener un “consenso claro” entre todas las fuerzas políticas con vocación de permanencia, la cual no vaya sufriendo cambios en función del “albor de los nuevos grupos que se vayan configurando en el Congreso de los Diputados”, ha señalado Gómez Olano.

Asimismo, Aedaf ha asegurado que los impuestos medioambientales deberían basarse en penalizar a las instalaciones que generan daños reales en el medio ambiente, por lo que su recaudación debería estar dirigida principalmente a la mitigación de tales daños y la restauración del medio ambiente.

“De echo alguno de estos impuestos han sido considerados ilegales por lo que creemos que sería conveniente establecer un Comité de Expertos con carácter permanente que analizara la compatibilidad de los tributos con nuestra constitución antes de que fuesen aprobados por las comunidades autónomas”, ha explicado Daniel Gómez Olano.

No obstante, además de estos impuestos, desde Aedaf aseguran que se deberían establecer exenciones o bonificaciones a aquellas actividades productivas que respetan el medio ambiente, como energías renovables, para así “incentivar el alcance de esos objetivos de transición energética”.

María Muñoz, desde el Grupo de Expertos de Asesores Internos, explica que “lo ideal sería la modificación del sistema de financiación autonómica y local para evitar la proliferación de tasas autonómicas”, no obstante debido a la complicación de que esto se cumpla, insta a “limitar esa capacidad normativa con filtros previos”.

Respecto a los impuestos de la ley 15/2012 de las empresas de producción de la energía eléctrica y que se configuraron como “tributos medioambientales”, Muñoz destaca que estos tienen una naturaleza “puramente recaudatoria” y que deberían corregirse, ya que penalizan “especialmente a tecnologías no emisoras como la nuclear o la eólica”. Es por ello, que desde Aedaf sostienen la necesidad de defender que “quien contamina, paga”.

Adicionalmente, se propone la creación e introducción de incentivos fiscales en determinadas materias, como el uso del vehículo eléctrico, a los proyectos de eficiencia energética y a las inversiones medioambientales, con el objetivo de mejorar el nivel de emisiones.

En general, lo que se propone desde Aedaf es la introducción de bonificaciones obligatorias en el IBI, IAE e ICIO para instalaciones de energía renovables, estableciendo un porcentaje mínimo y máximo de bonificación, es decir, que “aquellas construcciones que son más eficientes puedan gozar de una menor tributación”.