Las pensiones se comerán 3.500 millones más de lo previsto en los presupuestos si la inflación se desboca

El gasto en pensiones será superior en 3.500 millones al previsto en los Presupuestos Generales del Estado. Así lo ha pronosticado hoy el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, quien señaló durante su comparecencia matinal en la Comisión de Presupuestos del Congreso de los Diputados que la escalada de precios podría desencadenar un desajusteen la partida prevista para el abono de las pensiones, indexadas a la evolución del IPC.

Este hecho se produce después de que la institución haya detectado «ciertos riesgos de desviación al alza» en el gasto en pensiones respecto a lo presupuestado. Así, si la inflación sube más de lo estimado, algo que parece probable a tenor de la evolución de los mercados de futuros del gas natural y del petróleo, el gasto en pensiones podría elevarse en unos 1.500 millones en 2022, a lo que habría que sumar otros 2.000 millones por la compensación de las pensiones de 2021.

Sobre la reforma del sistema de pensiones, que encara la segunda fase, aunque aún queda por determinar el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) encargado de sustituir al derogado Factor de Sostenibilidad, con el que se pretendía salvaguardar la sostenibilidad del sistema, el gobernador ha insistido en que «sigue siendo necesaria una revisión del sistema público de pensiones que garantice su sostenibilidad». En este sentido, recordó que en las reformas del sistema aprobadas en 2011 y 2013 se incluyeron mecanismos de ajuste con los que contrarrestar el impacto sobre el gasto del sistema «derivado del fuerte incremento que se espera en la tasa de dependencia de nuestro país en los próximos años».

Sin embargo, señaló en su comparecencia que, «en los últimos años, estos mecanismos se han desactivado» y que la última reforma parcial, realizada este mismo 2021, «ha reintroducido formalmente un sistema de actualización de las prestaciones con la inflación», lo que supondrá, citando estimaciones de la AIReF, «un incremento adicional del gasto público en pensiones de entre 2,3 y 2,7 puntos porcentuales de PIB en 2050 con respecto al que ya se habría producido en un escenario en el que las pensiones se revalorizaran con el anterior Índice de Revalorización».

Ante estos vaivenes, Hernández de Cos ha enfatizado que el proceso de reforma debe abordarse con «transparencia» para que los ciudadanos puedan «planificar convenientemente sus decisiones de trabajo y jubilación, y de consumo y ahorro».

En este ejercicio de transparencia, recordó que «el déficit estructural del sistema volverá a ampliarse en los próximos años» si no se adoptan medidas adicionales para aumentar los ingresos o contener los gastos, como reducir la «tasa de beneficio» o aumentar la edad efectiva de jubilación por encima de los 67 años en que quedará en 2027.