Contra la sostenibilidad de las pensiones

El Gobierno de PSOE-Podemos ha conseguido finalmente aprobar en el Congreso la ley que deroga la reforma de las pensiones del año 2013 y que, por tanto, restablece la indexación de las pensiones al IPC y suprime el Factor de Sostenibilidad. Se trata de una medida que disparará extraordinariamente el gasto público durante las próximas décadas y que, en buena lógica, constituirá una bomba de relojería para aquellos gobiernos que se terminen enfrentándose a ella.

Con todo, parecería que los miembros del actual Ejecutivo no están en absoluto preocupados por el futuro financiero que están legando a los españoles. El ministro del ramo, José Luis Escrivá, gusta de repetir que la sostenibilidad del sistema de pensiones está plenamente garantizada y la ministra y lideresa de Unidas Podemos, Yolanda Díaz, proclamó esta semana desde la tribuna del Congreso que este Gobierno había logrado revertir la dañina reforma de las pensiones del año 2013 subiéndoles las cotizaciones sociales en apenas seis euros al mes a los trabajadores (de los cuales, cinco euros serían pagados por el empresario).

Cáspita. Resulta increíble que PSOE y Podemos hayan logrado resolver un problema tan complejo –el de la sostenibilidad futura de nuestro sistema de pensiones– con apenas una subida tributaria de seis euros mensuales por trabajador. Resulta, de hecho, increíble en su segunda acepción, a saber, no creíble. Esta misma semana, el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos (quien a diferencia de algunos ministros no cobra por blanquear la mentira) lo explicaba con bastante claridad en el propio Congreso: para ser conscientes de que la contrarreforma del Gobierno no vuelve viable nuestro sistema de pensiones «solo hay que saber sumar y restar».

En concreto, la reindexación de las pensiones al IPC incrementará el gasto público anual en 3,3 puntos del PIB con respecto a los niveles actuales en el año 2050; a su vez, la supresión del Factor de Sostenibilidad añadirá un sobregasto anual de 0,9 puntos. En total, por tanto, 4,2 puntos más por año en 2050. ¿Y qué alternativa ha tomado el Gobierno para digerir todo este desparrame de gasto público?

El llamado Factor de Equidad Intergeneracional (la subida de las cotizaciones sociales ya aprobadas y otras que podrían llegar a aprobarse) que podría arrojar unos ingresos extra de 0,2 puntos de PIB entre 2023 y 2032 (es decir, acumular unos 2 puntos de PIB a distribuir luego durante más de 20 años) y las medidas para retraso voluntario de la edad de jubilación, que en el mejor de los casos conseguirían reducir el gasto público en un punto de PIB anual. Es decir, que, siendo optimistas, el Ejecutivo solo ha logrado cubrir 1,1 puntos del sobregasto de 4,2 puntos de PIB que anualmente arrojará su contrarreforma de las pensiones a partir del año 2050. El agujero que dejan pendiente es, pues, gigantesco: tan gigantesco como su irresponsabilidad. Han derogado una reforma que garantizaba la viabilidad a largo plazo de la Seguridad Social para reemplazarlo por la nada a costa de asfixiar con mayores cotizaciones presentes a la generación actual de trabajadores para maltratarlos adicionalmente con inevitables recortes en las pensiones que recibirán en el futuro esa misma generación de trabajadores. Todo ello aderezado con mucha más deuda pública que deteriorará aún más la ya maltrecha solvencia de España. ¿Y para qué? Para amarrar los votos de algunos millones de pensionistas que maximicen su probabilidad de atornillarse en el poder.

Empleo y salario mínimo

Los buenos datos del mercado laboral español durante este pasado noviembre han llevado a muchos opinólogos a concluir que las subidas del salario mínimo decretadas por este Gobierno desde 2019 no han acarreado ninguna consecuencia adversa sobre el empleo. Error. El nivel de empleo en cualquier economía depende de múltiples factores que interactúan simultáneamente y, en consecuencia, no podemos inferir nada sobre el efecto de ninguno de ellos meramente observando la evolución del nivel de empleo. Por ejemplo, si la subida del salario mínimo contribuye a destruir 50.000 empleos y el crecimiento económico a crear 200.000, el resultado neto será la creación de 150.000 empleos. Lo que sí sabemos es que el Banco de España ha estimado que el efecto del salario mínimo en 2019 fue la pérdida de hasta 170.000 empleos.

Marta Ortega

Marta Ortega sustituirá a Pablo Isla como presidente (no ejecutivo) de Inditex. La noticia empresarial de la semana se vio teñida de cuantiosas críticas por parte de la izquierda debido a la presunta falta de meritocracia que representaba. Parecería olvidarse que Marta Ortega terminará siendo en algún momento propietaria mayoritaria de Inditex y, en consecuencia, tiene pleno sentido empresarial que quiera estar formalmente al frente de la dirección de la compañía y hallarse presente en el consejo de administración cada vez que se tome alguna decisión relevante sobre la estrategia. Lo contrario implicaría que Marta Ortega se desentiende de Inditex y, con ella, de gestionar su propio patrimonio. Sin duda, la salida de Pablo Isla comporta retos y riesgos, pero es absurdo reprocharle a la futura dueña de la empresa que tome las riendas de la misma.

Crisis de suministros

La crisis de suministros, responsable en primera instancia tanto de la inflación como del desabastecimiento de ciertas industrias, está lejos de haber sido superada. De hecho, según el Banco de España, amenaza con restar entre cinco y nueve décimas de crecimiento a nuestro PIB en 2022. Especialmente dañino será para la industria automovilística, que ante la falta de microchips está suspendiendo la actividad en sus fábricas y retrasando los tiempos de entrega. ¿Y a qué se debe esta crisis de suministros? Pues, como ya hemos expuesto en otras ocasiones, no a que la oferta mundial se haya desmoronado, sino a que la demanda global se ha disparado bajo el calor de los estímulos monetarios y fiscales. El peaje por una recuperación acelerada son los desequilibrios que acaban poniendo palos en las ruedas de esa misma recuperación.