El Estado asumirá 45.000 millones de patrimonio negativo en la Sareb cuando asuma el 100%

Quedarse con el 100% de la Sareb. Ese es el objetivo marcado por el Estado, que a través del FROB, ha propuesto al resto de accionistas quedarse con el 100% de la compañía por un precio simbólico de 195 euros. El FROB es el principal accionista de la Sareb -el banco malo creado para dar salida a los activos inmobiliarios tras la crisis hipotecaria de 2008 y sanear sus balances- con una participación del 45,9%, pero el resto del capital está en manos de los principales bancos y algunas aseguradoras, que desde hace unos días tienen encima de la mesa una oferta formal para vender sus acciones.

El pasado 18 de enero, el Consejo de Ministros autorizó al FROB a ampliar su participación por encima del 50%, un primer paso para hacerse con el control total de la compañía. El detonante para tomar esta decisión llegó a raíz de que Eurostat, la oficina estadística europea, decidiera incorporar las cuentas de la Sareb dentro en los límites presupuestarios del Estado, lo que obligó a sumar 35.000 millones de deuda en 2020 y más de 10.000 millones de déficit. Ante esta situación, el Estado ha dado el paso para asumir el 54,1% del capital que no controla.

El segundo paso será la presentación esta misma semana en el Pleno del Congreso de los Diputados del decreto ley que permite tomar el control de la sociedad, que de no encontrar apoyos suficientes, será derogado, aunque, los grupos pueden presentar enmiendas y tramitarlo como proyecto de ley.

Al cierre de 2020, el banco malo contaba con un patrimonio neto negativo de 10.500 millones y todavía tenía pendiente de devolver 34.918 millones de euros. Es decir, más de 45.000 millones de euros de patrimonio negativo, con una deuda avalada por el Estado que es superior a todos los activos por liquidar. A cierre del primer semestre de 2021, el valor neto contable se quedaba en 30.488 millones, 15.160 millones en activos financieros y 15.328 millones en activos inmobiliarios, según el último informe financiero de la entidad.

El Gobierno asume que la Sareb engordará las pérdidas asumidas ya por el rescate bancario. Así, señala que “es previsible que la Sareb no alcance a liquidar la totalidad de su activo antes de su disolución en 2027 y que se ejecute parte del aval del Estado en la deuda sénior emitida por la compañía y cuyos tenedores son las entidades cedentes de los activos”, según explica su memoria de impactos recogida por Europa Press. También defiende que la reforma para asumir el control del banco malo “mejorará las cuentas de las instituciones públicas y reforzará la defensa del contribuyente” y explicita que, aunque deberá ceñirse al régimen de contratos mercantiles y de alta dirección, gozará de un régimen societario específico hasta su liquidación en 2027 y seguirá bajo la supervisión del Banco de España.

En todo caso, el ‘agujero’ del llamado ‘banco malo’ ya está incorporado en las cuentas de la Administración Central, al empezar a computar como deuda pública tras una decisión de Eurostat que estableció que Sareb debía reclasificarse dentro del perímetro de cuentas del sector público, aumentando el nivel de deuda consolidada de las Administraciones Públicas en 34.145 millones de euros (3,05% del PIB).

En el momento de su constitución en 2012, la Sareb emitió 50.781 millones de euros de deuda avalada por el Tesoro como medio de pago para adquirir los activos de las nueve entidades financieras que habían recibido ayudas públicas durante el rescate bancario: 39.438 millones en activos financieros y 11.343 millones en activos inmobiliarios.

El Gobierno en su memoria apunta a que la reclasificación implica que los ingresos por ventas de activos impacten positivamente con carácter general en el saldo de la cuenta de capital del sector institucional, y que la progresiva amortización de deuda sénior por parte de la Sareb propicie una minoración de la cuantía de deuda pública. Por ello, considera que la reforma, “de manera indirecta, impactará positivamente en los saldos de las cuentas nacionales del sector institucional de las Administraciones Públicas, al reforzarse la defensa de los intereses del contribuyente en las decisiones corporativas tras la toma de control por parte del FROB”.