Más del 70% de las facturas sufrieron retraso de pago, con una media de 82,5 días

La deuda comercial con retraso de pago se situó en el segundo trimestre de 2021 en España en 264.567 millones de euros, un 15,8% más que en el mismo periodo del año anterior, lo que se tradujo en un coste estimado para las empresas de 1.247 millones de euros por dificultades de financiación e intereses de demora, según marca el Observatorio de la Morosidad publicado por Cepyme. Esta tendencia al alza se mantuvo durante todo el tercer trimestre de 2021 –el último analizado–, cuando el 70,5% de las facturas emitidas registraron retrasos en su pago y el periodo medio de pago se situó en 82,5 días, un día más que el trimestre anterior.

En concreto, el periodo medio de pago se incrementó en las grandes empresas –hasta los 68,1 días, 4,2 días más–, mientras que se redujo en las microempresas (76,3 días, 1,3 días menos), pequeñas (83,6 días, 0,6 días menos) y medianas (84,4 días, 1,1 días menos).

Cepyme aprecia una «tendencia a la estabilización de la morosidad en tasas elevadas» pese a la reactivación de la economía. También advierte que la demora en el pago de facturas incide especialmente en las empresas de menor tamaño, que tienen mayores dificultades de acceso al crédito y que sufren más especialmente la morosidad al ser proveedores, en muchas ocasiones, de otras compañías con mayor tamaño.

Los mayores plazos de pago se registraron en los sectores de la construcción y promoción (103,3 días), seguido del textil (99,6 días). Los mayores repuntes se registraron en el sector agroalimentario (77 días), y en el sector químico (76,8). El sector químico, junto con el de distribución alimenticia, son los que presentan los periodos medios de pago más bajos (76,8 y 67,6 días, respectivamente).

Murcia se mantuvo como la comunidad autónoma con mayor periodo medio de pago (95 días), seguida de Andalucía (90,4 días), mientras que los más cortos se dieron en Aragón (68 días) y Castilla y León (74 días). Las que elevaron en mayor medida la morosidad empresarial en términos interanuales durante el tercer trimestre de 2021 fueron Galicia (2,1 días más) y Canarias y Madrid (1,8 días en ambos casos).

Cepyme considera «imprescindible» modificar el régimen sancionador de la Ley Crea y Crece para empresas en morosidad, ya que la pérdida de acceso a fondos europeos puede resultar «muy perjudicial» para las pymes. Así, aboga por incorporar criterios de «proporcionalidad y progresividad» y fijen penalizaciones en función de las cuantías y los plazos o tenga en cuenta la morosidad de las administraciones públicas. También reclama «progresividad» en la implantación de la factura electrónica, de difícil acceso para las empresas más pequeñas, y apostar por medidas que impulsen la competitividad y el crecimiento empresarial.

Asimismo, la organización estima que la generalización de la factura electrónica puede resultar un buen instrumento para controlar la morosidad, esta medida no se corresponde con las limitaciones digitales de las empresas. Así, ve imprescindible establecer una mayor progresividad, así como ayudas y no sanciones, para su implementación por parte de las empresas más pequeñas y los autónomos. «Las dificultades de rentabilidad de las empresas en el actual contexto afectan a su viabilidad y a su crecimiento, por lo que favorecer la normalidad y el acceso a financiación llevará consigo una reducción de la morosidad».