La factura de la invasión: 480.000 millones a las grandes economías

A nadie se le escapa que la guerra de Ucrania pesa ya como una losa en la economía mundial, pero todavía no se había cuantificado cuánto. Hasta ahora. Para la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), la guerra en Ucrania reducirá el crecimiento de la economía global en un punto porcentual durante el primer año –eso significa perder de golpe más de 480.000 millones de euros entre los países de la OCDE–, a lo que hay que sumar el lastre de la inflación prevista, que crecerá en 2,5 puntos. También advierte que el impacto negativo se notará especialmente en Europa, ya que restará 1,4 puntos al PIB de la eurozona -171.577 millones de euros menos– y sumará dos puntos más a la inflación. La causa directa, la mayor dependencia de los países centroeuropeos del gas y del petróleo ruso y por un parón en el crecimiento económico derivado de las sanciones y la crisis geopolítica.

La OCDE reconoce en su último informe económico publicado ayer que el conflicto desatado en Ucrania por la invasión rusa ha provocado «fuertes consecuencias económicas y financieras», sobre todo en los mercados de productos básicos, alentadas por el «despegue vertiginoso» de los precios de la energía, del petróleo y el gas, y de suministros «esenciales» como el trigo, el girasol o los minerales. Por ello, prevén un «parón de la recuperación económica», que ralentizará la salida de la crisis pandémica de la zona euro, apenas dejará crecer a Estados Unidos (+0,9%) y provocará una «profunda recesión» en Rusia, cuya economía se desplomará hasta un 10% y la pérdida de 135.382 millones de euros. Todo esto agravado por una inflación de los precios al consumidor a la que no ve techo a corto plazo y que puede elevarse por encima del 15%.

Por tanto, las previsiones previas a la guerra de Ucrania, en la que la OCDE anunciaba que la mayoría de índices económicos “volverían a la normalidad” durante 2022 y se “consolidarían” en 2023, con un crecimiento del PIB y del empleo que estaría en tasas similares a las prepandemia ya para finales del próximo año, han saltado por los aires. De este modo, confirma que “el daño ya se está sintiendo en todo el mundo y los riesgos se vuelven cada vez más graves y duraderos”, haciendo que la inflación se incremente un 2,47% en todo el mundo, un 1,98% en la OCDE y un 2,03% en la eurozona.

Este incremento imparable de los precios los achaca directamente con el temor provocado en los mercados internacionales por las sanciones contra el Gobierno de Putin, ya que Rusia “suministra alrededor del 16% del gas natural del mundo y el 11% del petróleo”, lo que ha provocado que “los precios de la energía hayan aumentado de forma alarmante”, particularmente en Europa, “muy dependiente del gas y el petróleo rusos”. Por esta razón, advierte que “los precios del gas en Europa ahora son más de 10 veces más altos que hace un año, mientras que el costo del petróleo casi se ha duplicado durante el mismo período”, de forma que “el shock de precios corre el riesgo de aumentar la pobreza y perturbar la producción de bienes y servicios en todo el mundo”.

También pone énfasis el informe en el encarecimiento de otros suministros y materias primas procedentes de ambos países en conflicto y alerta de que los precios de las materias primas “han aumentado considerablemente”, ya que Rusia y Ucrania “son importantes productores de trigo, fertilizantes y metales utilizados en la industria, como el níquel y el paladio”. Por ello, la OCDE apunta que “las interrupciones en el suministro de estos insumos corren el riesgo de aumentar el hambre y la inseguridad alimentaria en todo el mundo, en particular en los países de mercados emergentes y de bajos ingresos”. Al mismo tiempo, el aumento de los precios de los metales “podría afectar a una amplia gama de industrias, como la fabricación de aviones, automóviles y chips”.

Para paliar esta situación, la OCDE recomienda “diversificar el suministro de energía e invertir en seguridad energética; reducir la dependencia de los combustibles fósiles y diversificar proveedores; maximizar el uso de las fuentes existentes de bajas emisiones, incluidas la bioenergía y la energía nuclear; aumentar las importaciones de gas natural licuado y acelerar la inversión en energía verde con más fondos para la innovación”.

En este contexto, el secretario general de la OCDE, Mathias Cormann, defendió en la presentación del informe gravar los beneficios excepcionales que están consiguiendo las eléctricas en la UE por la escalada del precio del kilovatio debido a su vinculación a la cotización del gas por el sistema marginalista. Esos impuestos “pueden servir para financiar medidas de compensación” del encarecimiento de la energía para los “consumidores en situación vulnerable”, que a su juicio habrían de ser “temporales” y “selectivas”.

Cormann consideró que un apoyo fiscal “bien diseñado y cuidadosamente focalizado” podría reducir el impacto negativo sobre el crecimiento con solo un pequeño impulso adicional a la inflación y sostuvo que, en algunos países, “esto podría financiarse gravando las ganancias extraordinarias (‘windfall gains’) de las grandes compañías eléctricas”, reiteró.En este sentido, junto con medidas fiscales, la OCDE ha apuntado que las medidas regulatorias, para mejorar el diseño del mercado con el fin de mejorar la seguridad energética y la competitividad, también pueden ayudar a reducir la vulnerabilidad. “Necesitamos medidas sensatas tanto a corto como a largo plazo”.