El Gobierno incluirá en una ‘lista negra’ a las empresas que superen en un 10% sus pagos fuera de plazo

Señalar con el dedo a las empresas que se retrasen en sus pagos. Eso es lo que hará el Gobierno a partir de ahora tras dar luz verde a la creación de una lista negra anual de empresas que hayan incumplido con los plazos legales de pago a proveedores que establece la Ley de Morosidad, que afecta a aquellas que registren 600.000 euros en facturas impagadas fuera del plazo legal y que durante el ejercicio anterior sus pagos a proveedores fuera de plazo superen el 10% del total. Esta es una de las medidas acordadas por el PSOE y Unidas Podemos al proyecto de ley de creación y crecimiento empresarial, que también incluyen sanciones y pérdidas de contratos a las empresas que contraten con la Administración y no cumplan esta ley de hasta el 50% de los contratos.

Además, según la enmienda a la que ha tenido acceso Europa Press, los grupos que integran el Gobierno de coalición pretenden ampliar las capacidades del nuevo Observatorio Estatal de Morosidad -se prevé su creación en los primeros seis meses desde la aprobación de la ley- para que pueda señalar públicamente a las grandes empresas que más incumplen los plazos legales. Además de a las empresas que a 31 de diciembre del año anterior cuenten con el citado importe total de facturas impagadas de 600.000 euros, el listado también incluirá a empresas que no puedan presentar cuenta de pérdidas y ganancias abreviada, es decir, aquellas que cumplan dos de estas tres condiciones: contar con más de 4 millones de euros, una cifra de negocio superior a 8 millones, y más de 50 empleados.

El Observatorio tendrá potestad para mostrar públicamente el número de identificación fiscal de la empresa y las cantidades impagadas dentro de los plazos establecidos por la normativa de morosidad. Queda a expensas de un posterior desarrollo reglamentario otra información adicional, como el procedimiento de información y alegaciones para los afectados así como el medio la permanencia de la publicación del listado.

Ambos socios de Gobierno defienden que “este tipo de actuación no iría, ‘a priori’ en contra de la normativa de protección de datos ya que se trata solo de personas jurídicas que no estén amparadas por la protección de datos de carácter personal”. En este sentido, esgrimen que la normativa de protección de datos ampara a personas físicas y no jurídicas, razón por la cual, señalan, los autónomos quedan excluidos de una lista de morosos de este tipo, al tener consideración de personas físicas.

Esta lista negra se une a otra batería de medidas con las que el PSOE y Podemos buscan reforzar la lucha contra la morosidad, como la aplicación de sanciones a empresas adjudicatarias de contratos públicos morosas con sus proveedores, la obligación de revelar en su web y memoria de cuentas anuales el volumen total y relativo de facturas pagadas fuera de plazo.

Asimismo, con sus enmiendas quieren aprobar que, para poder acceder una subvención, la empresa deba “acreditar que los gastos subvencionales de sus operaciones comerciales hayan sido pagados en plazo”, impedir “que una empresa pueda obliga a otra a utilizar una plataforma de facturación electrónica” para la remisión de sus facturas, o que “no pueda entenderse la fecha de recepción de factura como fecha de inicio del plazo de pago”, salvo supuestos que señale la ley.

Según marca el documento firmado, el objetivo de esta cláusula es “evitar que puedan quedar falseados los plazos de pago al iniciar el cómputo con la recepción de la factura y no con la entrega del bien o prestación del servicio”, como indica la Ley.