La deuda del Estado, las comunidades y los ayuntamientos con sus proveedores se dispara a 110.000 millones

La morosidad se ha convertido en un problema para miles de empresas, que ha puesto contra las cuerdas su propia viabilidad a corto plazo. Sobre todo las que tienen contratos con las Administraciones Públicas, que en los últimos tres meses han disparado las deudas con sus proveedores un 28% en el último trimestre de 2021 respecto al anterior. El conjunto de todas las Administraciones (Estado, comunidades y ayuntamientos) debía a cierre de 2021 más de 110.000 millones de euros a las empresas que les proveían de bienes y servicios, una cifra que es la más elevada de toda la serie histórica -que se inició en 2003- y que debería sonrojar a las instituciones públicas justo en el décimo aniversario del Plan de Pago a Proveedores, aprobado en aquel momento para reducir esa factura. Lejos de ello, los pagos pendientes han aumentado en 19.000 millones en estos dos lustros.

Así lo ha denunciado la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM), que con metodología estadística del Banco de España y de la Unión Europea ha realizado este cálculo sobre la referencia de las “obligaciones pendientes de pago consolidadas”, es decir, excluyendo las deudas pendientes de las Administraciones con otras Administraciones, contemplándose la deuda de las comunidades autónomas y de las corporaciones locales con el Estado por las liquidaciones definitivas de la participación en impuestos.

Según estas estadísticas sobre el balance financiero de entidades no financieras a cierre de 2021, el importe de créditos comerciales y anticipos por pagar de las sociedades no financieras asciende a 455.664 millones de euros frente a los 344.083 de 2014. “Dicho importe incluye facturas dentro y fuera del plazo legal, pero imaginamos que este incremento va aparejado con el aumento de la mora, ya que no se ajusta a la evolución del PIB”, explica la PMcM en un comunicado.

Sin embargo, el Ministerio de Hacienda ha señalado que la estadística de Cuentas Financieras del Banco de España correspondiente al año 2021 refleja que los créditos comerciales y anticipos del conjunto de las Administraciones Públicas se sitúa en 9.759 millones, una cifra que refleja la deuda comercial a proveedores. Según estas cuentas, la Administración Central acumula 2.277 millones; las comunidades autónomas, 4.151 millones; las corporaciones locales, 3.300 millones y la Seguridad Social, 30 millones.

Estos importes coinciden con los pendientes de pago a efectos de Pago Medio a Proveedores (PMP) publicados del conjunto de Administraciones Públicas a 31 de diciembre de 2021, excepto en el caso de la Administración Central, donde los importes pendientes de pago a efectos de PMP suman 706 millones, mientras que el total de créditos comerciales y anticipos suman 2.277 millones. En ese caso, la diferencia se debe, según Hacienda, a otros conceptos que no son proveedores y por una serie de ajustes de Contabilidad Nacional.

“El panorama es desolador a todos los niveles”, ha alertado el presidente de esta entidad, Antoni Cañete, que recuerda “ya es más importante el incumplimiento de las obligaciones de las Administraciones Públicas que lo que lo que va llegar por los fondos Next Generation, y en breve se sumará la finalización de los Crédito ICO y de la moratoria concursal”. Cañete cree que se están tomando medidas para corregir esta situación, “pero no son suficientes. Ya explicamos que el Plan de Pago a Proveedores de Ayuntamientos lanzado en 2022 llegará solo a unos pocos, y en la tramitación de la Ley Crea y Crece deberían realizarse cambios para hacerla eficaz y eficiente”.

También ha pedido al Gobierno debe tomar medidas de calado, “como aprobar un régimen sancionador que multe a las empresas morosas o que las Administraciones Públicas comprueben que dentro de su propia cadena de pagos se cumpla la legislación contra la morosidad”, que ahora mismo se incumple sistemáticamente. Además, desde la plataforma han apostado por seguir impulsando la digitalización, ya que ayuda a prevenir la morosidad con medidas como la facturación electrónica.

Según el Barómetro sobre Morosidad de Cepyme, la morosidad tiene un coste extraordinario para las empresas que alcanzó los 1.411 millones de euros en el tercer trimestre, casi un 16% más en tasa interanual, una cifra que «llama la atención» para los encuestados de Cepyme porque supera los costes de otros ejercicios pese a que aquellos tipos de interés eran «bastante más bajos». El estudio detalla que «la demora en el pago de facturas incide especialmente en las empresas de menor tamaño, que tienen mayores dificultades de acceso al crédito y que sufren más especialmente la morosidad al ser proveedores, en muchas ocasiones, de otras compañías con mayor tamaño». También señala que el periodo medio de pago de las empresas españolas se situó en 81,4 días, frente a los 82,2 días del año 2020, una demora que se incrementa más en las grandes empresas –cinco días más– y se reduce entre las pequeñas y medianas –entre uno y dos días–. Sin embargo, en el caso de las Administraciones, el período de pago ha crecido.