El descuento de 20 céntimos al carburante no se limitará a las familias más vulnerables

Habrá prórroga del plan de choque anticrisis que vencía a finales de este mes de junio. Lo anunció el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez con su habitual tono propagandístico en el Congreso de los Diputados, pero lo prorrogará tres meses el próximo Consejo de Ministros, hasta finales de septiembre. Estas iniciativas volverán a centrarse cinco ejes: ayudas a familias y trabajadores, apoyo al tejido económico y empresarial, ciberseguridad, respaldo al transporte y en materia energética, que han supuesto hasta ahora un desembolso de 16.000 millones de euros, según fuentes gubernamentales.

Pero este anuncio presidencial, que Sánchez pretendía vender como otro gran éxito de su política social, volvió a abrir grietas de comunicación y de posicionamiento entre los socios de Gobierno. Mientras la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, destacaba que tanto la energía como los carburantes han tenido «la rebaja fiscal más importante que nunca ha acometido un Gobierno», situación que se mantendrá ahora 90 días más con los mismos condicionantes, el ministro de Consumo, Alberto Garzón, volvió a lanzar un «mensaje cifrado» a su homóloga en el Ejecutivo, defendiendo que se «está estudiando y negociando» introducir una mayor progresividad en la bonificación del combustible, incluida en el decreto, para que esta medida «llegue a quienes verdaderamente lo necesitan y no al conjunto de la población».

Sin embargo, Montero volvió a reprobar la declaración de Garzón y reafirmó que «no hay ningún detalle ni ninguna aproximación añadida a lo que ya se venía produciendo en el decreto anterior», por lo que descartó que la ayuda sea selectiva solo para los profesionales o para las economías vulnerables como reclamaba Garzón. Asimismo, apuntó que el Gobierno cree que es más conveniente dar ayudas directas a los productos en los que están creciendo los precios y rebajar selectivamente la fiscalidad. Así, ha puesto en valor que la rebaja fiscal para la electricidad -hasta junio- supondrá una pérdida de hasta 7.000 millones para las arcas públicas, que ha ampliado hasta los 12.000 millones si la prorroga se extiende hasta final de año.

Este plan de choque, junto a la excepción ibérica, que todavía no se ha puesto en marcha por la excesiva burocracia y por el visto bueno final que no acaba de llegar de Bruselas, suponen la principal apuesta del Ejecutivo de Sánchez para lograr embridar una inflación galopante, que parece no remitir pese a los esfuerzos gubernamentales, a tenor el último dato del IPC: un 8,7% en el mes de mayo.

Además de no haber tenido apenas efecto en su primer trimestre de vigencia, lo cierto es que hay bonificaciones como la del combustible, que se han visto superadas por la subida de precios, dejando sin efecto el descuento de 20 céntimos por litro. Ahora se prorrogarán tres meses más esta y otras iniciativas como las rebajas fiscales para abaratar el precio de la electricidad, el establecimiento de un límite del 2% a las revisiones de los alquileres, el aumento del 15% en la cuantía del Ingreso Mínimo Vital o una extensión del bono social eléctrico para beneficiar a 600.000 familias más, con lo que se cubrirá a casi dos millones de hogares.