Las bajas laborales duran casi el doble si las gestiona la Seguridad Social a si las gestionan las mutuas

La duración media por patologías traumatológicas atendidas por las mutuas es de 38 días, frente a los 67 días de la Sanidad Pública. Se ahorrarían 2.150 millones al año si las mutuas gestionasen estos procesos y se reducirían las listas de espera

Duración media de las bajas
Duración media de las bajas FOTO: M. Roselló

Las mutuas se han marcado como objetivo «número uno» reducir drásticamente el periodo de baja laboral por contingencias comunes ante el incremento imparable que este indicador ha sufrido durante el primer cuatrimestre del año. Según el último informe sobre «Absentismo laboral derivado de la ITTC (incapacidad temporal por contingencias comunes)», elaborado por la patronal de la Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo (AMAT) –sobre el ejercicio 2021 y el avance del primer cuatrimestre de 2022–, más de un millón de trabajadores afectados por un accidente o enfermedad no laboral, tardaron 30 días o más en recuperar su salud con respecto al margen que habrían necesitado de haber sido atendidos en las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social.

En 2021, el coste del absentismo laboral ascendió a 106.000 millones de euros, alcanzando máximos históricos. En base a estos datos, las mutuas estiman que en 2021 un equivalente casi 1,3 millones de trabajadores –que suponen más de siete personas de cada 100– no habrían acudido ningún día del año a su puesto de trabajo. En este contexto y según incide AMAT, la duración media de las bajas por patologías traumatológicas gestionadas por las mutuas ascendió a 41 días en 2021, 30 días menos que en los mismos procesos tratados en la Sanidad Pública, que tienen una duración de 71 días, un 73% más.

Duración media de las bajas
Duración media de las bajas FOTO: M. Roselló

Esta reducción lograda por las mutuas, además de suponer que más de un millón de trabajadores habrían vuelto a su puesto de trabajo antes de 30 días, hubiera supuesto un ahorro para la Seguridad Social y la empresas de más de 2.150 millones.

Si nos atenemos a las cifras del primer cuatrimestre de 2022, el número de procesos de baja por ITCC se incrementó hasta 1.534.173 casos, un 46% más, lo que ha gravado la situación de sobrecoste para las arcas públicas. Esta situación es aún más grave si se tiene en cuenta que en 2021 ya se alcanzaron máximos históricos en bajas y costes. En los cuatro primeros meses de 2022 el ahorro que se podría haber obtenido si las mutuas hubieran podido prestar asistencia sanitaria en procesos de baja traumatológica hubiera ascendido a 622 millones. Entre enero y abril, estas bajas atendidas por las mutuas duraron una media de 38 días, frente a los 67 días de la Sanidad Pública.

Tratamiento en mutuas
Tratamiento en mutuas FOTO: M. Roselló

Para las mutuas resulta inaceptable que «se despilfarren al año más de 2.000 millones de euros, con los problemas de déficit y endeudamiento que tiene nuestro país y la necesidad de incrementar la competitividad que tienen las empresas, sólo por el hecho de impedir que se dote a estas mutuas de la facultad de prestar asistencia y de poder otorgar altas y bajas». Según defienden, el incremento año tras año de los costes del absentismo por ITCC, sólo se puede frenar «adoptando medidas de calado orientadas a generar todos los ahorros posibles que se deriven de la supresión de la totalidad de gastos innecesarios fruto de las deficiencias del sistema en el que se gestiona».

Las mutuas achacan esta situación a que las medidas legislativas que se implementaron para mejora de la gestión y control de los procesos de baja «no han funcionado» y han confirmado con el paso de los años su «escasa efectividad». Se refieren en concreto a la Ley 35/2014 y al Real Decreto 625/2014, por el que se regulan determinados aspectos de la gestión y control de los procesos por incapacidad temporal en los primeros 365 días de su duración. Por ello, reclaman la «urgente necesidad» de permitir a las mutuas «prestar asistencia sanitaria y emitir altas médicas en los procesos de ITCC, lo que redundaría en una mejora de la competitividad para las empresas, que son quienes financian las prestaciones, y para las cuentas de la Seguridad Social», gracias al acortamiento de los periodos de baja laboral y a la reducción de las listas de espera del Sistema Nacional de Salud.

De este modo, las mutuas ven «injustificable a todas luces» que más de un millón de trabajadores cada año tarden más de 30 días volver a su trabajo, «cuando la duración de los procesos de ITCC se puede reducir fácilmente en ese tiempo». Asimismo, critican que «con unas listas de espera como las que España tiene en los Servicios Públicos de Salud no se recurra a todos los recursos disponibles para lograr acortarlas y dar un mejor servicio a los ciudadanos españoles». Según sus cuentas, una reducción de estos periodos de baja ahorraría al año un mínimo de 2.150 millones de euros. «La ITCC sólo se puede frenar adoptando medidas de calado orientadas a generar todos los ahorros posibles que se deriven de la supresión de la totalidad de gastos innecesarios fruto de las deficiencias del sistema».

Revisar el sistema

Por ello, las mutuas reclaman revisar el sistema de partes de confirmación, ya que conlleva la demora de los procesos; suprimir o reformular los convenios entre la Seguridad Social y las comunidades autónomas para la gestión y el control de las bajas para reducir los costes; establecer un sistema de reducción de las cotizaciones por contingencias comunes en las empresas, siempre que hayan reducido los costes de la IT por debajo de los límites establecidos; evitar la concesión de prórrogas automáticas y la superación del periodo máximo de IT; permitir compatibilizar el tratamiento con la reincorporación parcial al trabajo; facultar expresamente a las mutuas para que puedan controlar aquellos procesos de ITCC con baja médica que hayan superado los 12 meses de duración; impedir la emisión de bajas por contingencia común tras un proceso de contingencia profesional agotado; autorizar a las entidades para extinguir el derecho al subsidio cuando compruebe que el beneficiario realiza actividades incompatibles con la IT; o crear un Tribunal Médico entre las mutuas y la Inspección.