Los VTC piden dos años extra para compensar el parón de la pandemia y amenazan con reclamaciones millonarias

La incertidumbre sobrevuela al sector de los vehículos de alquiler con conductor (VTC), ya que en menos de un mes, el próximo 30 de septiembre, se acaba el periodo de cuatro años otorgado a las comunidades autónomas por el “Decreto Ábalos” para que regulen su actividad en trayectos urbanos. La expiración del plazo en aquellas autonomías en las que no se haya establecido una normativa de operación supondrá que los titulares de estas licencias VTC no podrán seguir trabajando en ámbito urbano -área donde está su principal negocio- por lo que sus servicios quedarán circunscritos a trayectos interurbanos, haciendo inviable la continuidad del servicio por no ser rentable. En previsión de que dichas regulaciones no se realizaran, el Ministerio de Transportes fijó en el Real Decreto Ley 13/2018 un periodo indemnizatorio de cuatro años para compensar las inversiones realizadas por los titulares de licencias VTC que además habilita una “indemnización complementaria” en el caso de que el titular de la autorización considere que este periodo no es suficiente y sea capaz de justificarlo.

Este periodo inicial de cuatro años ya fue considerado en su día como “insuficiente” por parte de estos profesionales, situación que se ha agravado como consecuencia de la pandemia, muy negativa para la actividad de estos VTC por los cierres y confinamientos. En este sentido, un estudio que ha analizado la información de las sociedades del Grupo Cabify, se estima que la completa recuperación de las inversiones en licencias de VTC precisaría de dos años adicionales.

18 años para recuperar la inversión

En cualquier caso,el periodo inicial de 4 años estimado por el Ministerio de Transportes, denominado Ministerio de Fomento en 2018, hubiera resultado insuficiente incluso sin pandemia, ya que estiman que la completa recuperación de las inversiones en licencias de VTC que debía permitir el periodo transitorio hubiera requerido 16 años, que la pandemia habría ampliado hasta los 18 años. Así lo establece el análisis económico y jurídico llevado a cabo por los investigadores de la Universidad de Barcelona (UB) sobre el impacto de la pandemia en el periodo indemnizatorio del Real Decreto Ley 13/2018, más conocido como “Decreto Ábalos” presentado por Cabify.

“Es evidente que la pandemia afectó gravemente a la movilidad urbana y que esto supone que el periodo transitorio que otorga el RDL 13/2018 no vaya a cumplir con su objetivo indemnizatorio. El propio Decreto establece el mecanismo para solucionar este problema, lo que debe hacer el Mitma es abandonar su inmovilidad y cumplir con sus obligaciones y responsabilidades en este ámbito”, explica Javier Dorado, director de Asuntos Públicos de Cabify.

Ante esta problemática y la “indignación” por parte del sector, en dicho análisis señalan que la declaración del primer estado de alarma, “justifica la ampliación excepcional del período de habilitación temporal” del Decreto Ábalos. No obstante, en el caso de que no se reconociera esta ampliación por parte de la Administración competente de este periodo transitorio, el cuál tiene un carácter indemnizatorio para los titulares de autorizaciones de VTC, dichos interesados podrán reclamar una compensación económica, cuyo monto sería bastante “considerable e importante”, acogiéndose a esa “indemnización complementaria”.

Reclamaciones

Señalan que estas reclamaciones patrimoniales podrían evitarse siempre y cuando el Gobierno realizase una modificación urgente del Decreto Ábalos haciendo una “ampliación prudente” de la habilitación temporal, hasta la firmeza de las resoluciones. “El sector no quiere dinero, quiere poder seguir generando riqueza y dotando a las ciudades de una alternativa de movilidad eficiente, segura y sostenible para nuestro país”, asegura Javier Dorado.

Pese a que las principales patronales del sector, gobiernos autonómicos e incluso los tenedores de las licencias han solicitado una ampliación de dicho periodo compensatorio, esta petición parece haber pasado desapercibida para el Gobierno central. Si bien es cierto que desde Madrid han aprobado una regulación que permite que dichas autorizaciones sigan habilitadas para el transporte urbano, este plan no ha sido “copiado” por otras autonomías, tales como Cataluña, la cuál ha establecido un régimen para los VTC denunciado como “altamente restrictivo”, tal y como explica el estudio. El resto ni han regulado.

El Gobierno rechaza la prórroga

La propia ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha confirmado este lunes que “en principio” no se prorrogará el plazo de este periodo transitorio, ya que considera que “es más que suficiente para que las comunidades autónomas hayan podido regular” la actividad de los VTC de empresas como Uber, Cabify, Auro o Bolt.

“En el contexto de inseguridad jurídica actual, no se dan las condiciones para desarrollar un marco normativo en cada comunidad autónoma, con el consecuente perjuicio que esto provoca en ciudadanos, trabajadores y empresas”, sentencia Javier Dorado. Por tanto, los tenedores de licencia están en un “limbo” que no ayuda a generar seguridad jurídica, por lo que desde Cabify piden al Ministerio que resuelva esta situación “cuanto antes”.