La AIReF desmonta la previsión de ingresos del impuesto a los ricos del Gobierno: 360 millones menos

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha vuelto a dudar del proyecto presupuestario para 2023 presentado por el Gobierno por ser “poco realista”, tanto en el ámbito de los ingresos como en el de los gastos y en el déficit. Así lo ha reconocido su presidenta, Cristina Herrero, en la presentación del informe de líneas fundamentales de los Presupuestos, en el que ha vuelto a subrayar que la previsión de ingresos es irreal “porque parte de una previsión de cierre de 2022 que va a verse claramente superada”. El Gobierno remitió el plan presupuestario a Bruselas contemplando, por primera vez, dos posibles escenarios de ingresos y gastos, debido al “contexto de elevada incertidumbre” como consecuencia de la invasión de Ucrania por parte de Rusia, que tiene “un significativo impacto económico mediante una elevada inflación”.

En base a ello, la previsión de ingresos de la AIReF coincide con el del escenario dos, que ya incorpora la extensión de las medidas adoptadas, aunque con una composición diferente (menos ingresos en impuesto y más en otros recursos y cotizaciones sociales). En este escenario se contempla una recaudación mayor en unos 10.500 millones de la inicialmente estimada. aunque el Ejecutivo no refleje la prórroga de las medidas en los gastos.

La Autoridad fiscal ha hecho especial hincapié en el denominado Impuesto de Solidaridad a las grandes fortunas, por el que el Gobierno pretende recaudar 1.500 millones en 2023 y otros 1.500 en 2024 , 3.000 millones en total, algo de lo que duda pueda llegar a cumplirse -como ya pasó con anterioridad con la recaudación de las tasas Google o Tobin-. En su informe reduce ostensiblemente esos 3.000 millones, para dejarlos en 2.640 millones, 1.270 millones en 2023 y 1.370 en 2024, es decir, 360 millones menos que la previsión presentada por Hacienda.

En este sentido, el director de la División de Análisis Presupuestario, Ignacio Fernández-Huertas Moraga, ha recordado que para que la recaudación de este gravamen a los ricos pueda reflejarse en los ejercicios 2023 y 2024, como especifica el plan presupuestario, y “tiene que entrar en vigor antes de 2023, es decir, aprobarse en 2022″. Por ello, el Ejecutivo espera tener aprobado esta nueva figura impositiva como enmienda a la proposición de ley que tramita el Congreso para gravar los ingresos extraordinarios a energéticas y entidades financieras. Además, el Gobierno sumará otra enmienda más con la limitación de las desgravaciones en el Impuesto sobre Sociedades para las grandes multinacionales, que recortará al 50% la posibilidad de compensar pérdidas de filiales en grupos consolidados.

Este nuevo impuesto -que permitirá deducir el Impuesto de Patrimonio que gestionan las CC AA y que pondrá contra las cuerdas a las comunidades que han prescindido de esta figura impositiva (Madrid ya lo tiene bonificado al 100% y Andalucía lo hará el próximo año)- gravará la riqueza neta superior a tres millones euros con tres tramos diferentes: 1,7% a patrimonios entre 3 y 5 millones; 2,1% a patrimonios de entre 5 y 10 millones, y un 3,5% a partir de 10 millones.

Tanto el Gobierno andaluz como el madrileño ya han anunciado que recurrirán ante el Tribunal Constitucional (TC) el impuesto a las grandes fortunas por lo que consideran un “ataque” a su autonomía fiscal tras la bonificación total del impuesto de patrimonio. Esta misma semana, el Instituto de Estudios Económicos (IEE) ha denunciado que este impuesto es un “intento de resucitar” el Impuesto sobre el Patrimonio y supone un “vaciamiento”. del Estado autonómico. “Probablemente el Impuesto se recurra y, transcurrido un tiempo, si se considera inconstitucional, el Estado esté obligado a la devolución de lo recaudado más intereses”.