España sí tiene una presión fiscal real muy superior a la media de Europa

El Gobierno ha tenido la osadía de llamar «bulo» al informe del Instituto de Estudios Económicos y la Tax Foundation que muestra que España es uno de los países con una fiscalidad más agresiva contra el sector productivo. Como es normal, faltan a la verdad. Según el informe, España se sitúa en 2022 en la posición 34 del total de los 38 países analizados y es uno de los cinco países con peor competitividad fiscal de la OCDE. El esfuerzo fiscal, la presión fiscal normalizada en función de la renta, ya es un 53% mayor que el promedio de la Unión Europea.

Asimismo, el indicador de presión fiscal normativa (carga de gravamen que el sistema introduce al margen de la recaudación que obtenga) es un 16,4% más elevado que la media de la UE. Este exceso de gravamen se refleja especialmente en el Impuesto de Sociedades, entre los cinco peores de la OCDE y en la carga fiscal al patrimonio, que es la segunda peor de toda la OCDE tras Italia.

¿Y qué dicen para tildarlo de bulo? Que la presión fiscal medida por Eurostat no es tan elevada. Usan la presión fiscal sin ajustar a la realidad económica y de rentas, que es una ratio recaudatoria (ingresos fiscales sobre PIB). Aun así, la presión fiscal en 2022 aumentó masivamente al 39% de la riqueza nacional, que es muy similar a la de la media europea (41,7%), no «sensiblemente inferior», muy superior a Portugal, con una economía más parecida a la española, y en países más ricos, como Holanda, Luxemburgo o Irlanda, es más baja que el 40%. De hecho, España se sitúa en el podio de países de la OCDE con mayor alza de la presión fiscal en una década. Pero es que la comparación tiene truco. Que la recaudación sobre PIB sea 39% no significa que los impuestos en España sean bajos. España tiene elevadísimos impuestos, pero parece que ingresa algo menos por tres razones.

La primera, es que España tiene más del doble de tasa de paro (12,5%) que la media de la UE (6%), incluso por encima de Grecia (11,4%) y muy lejos del tercero (Italia, 7,8%), y la mayor tasa de paro juvenil (32,3%), más del doble que en la media de la UE (15,1%). Además, España tiene más demandantes de empleo que no aparecen en las listas de paro que nuestros comparables, por lo que la tasa de infra empleo también es la más elevada. Al tener más parados y sueldos bajos, la cifra de ingresos fiscales sobre PIB aparece ópticamente baja cuando los impuestos al trabajo (IRPF y cotizaciones sociales totales) son más elevados que la media.

La segunda razón es que España tiene empresas mucho más pequeñas que la media comparable. La inmensa mayoría de las empresas de España son microempresas (94%). Las pymes soportan el 72% del empleo frente al 63,7% de Alemania o el 66,6% de la media europea, y su contribución al Valor Agregado Bruto (VAB) supone el 61,3%, mientras que en Alemania es del 54,4%, y del 56,4% en la UE, según datos oficiales. Al tener empresas más pequeñas y débiles, y unos beneficios empresariales comparativamente inferiores a la media de la UE, como muestra el Banco de España y la AEAT, los ingresos fiscales aparecen como aparentemente inferiores, pero en realidad la fiscalidad que soportan las empresas contribuyentes es muy elevada.

La tercera, es que España tiene más economía sumergida que la media de la UE. Un 20% del PIB, frente al 13% de promedio de la UE, según el FMI. Una enorme parte de esa economía sumergida simplemente no puede emerger por la elevadísima fiscalidad, incluyendo pequeños trabajadores que no pueden permitirse las altas cuotas de autónomos, por ejemplo. La economía sumergida cuenta en el PIB, pero no declara, y por lo tanto los ingresos fiscales sobre PIB aparecen relativamente bajos porque el denominador incluye una actividad no reglada mayor.

Así, los burócratas siempre nos suben los impuestos y, mientras pagamos cada vez más, nos dicen que recaudan poco. Es la paradoja argentina. Una fiscalidad que desplaza empleo, crecimiento y riqueza y encima se queja de que recauda poco. Si España tuviera una fiscalidad baja, como argumenta la ministra, seríamos los líderes en crecimiento, empleo y recaudación, como es Irlanda.

Montero no dice una palabra sobre el exceso de gasto improductivo, en un país que tiene más de 60.000 millones de euros anuales en ineficiencia en gasto público, según el mismo estudio de IEE. Implementar una fiscalidad extractiva y confiscatoria como la de España es muy cómodo para los políticos porque exprimen todo lo que pueden de los sectores cautivos –salarios y empresas nacionales– y siempre se escudan en que sus ineficiencias presupuestarias son un «problema de ingresos».

Esto es más preocupante ahora que la oposición parece abandonar la defensa del contribuyente y una fiscalidad orientada al crecimiento. Cuando lo mejor a lo que nos enfrentamos es «contener» los impuestos y los partidos con acceso a poder se rodean de personas que piensan que el sector privado es un cajero automático a disposición de un gasto político creciente, el resultado es una economía muy lejos de su potencial.