El nuevo SMI costará 3.700 millones extra a las empresas

El nuevo salario mínimo interprofesional (SMI), que se ha fijado en 1.080 euros mensuales brutos en catorce pagas, con un 8% de incremento, será aprobado el próximo 14 de febrero y tendrá carácter retroactivo desde el 1 de enero de este año. Los servicios financieros, contables y de recursos humanos, al igual que las gestorías y asesorías laborales de toda la geografía española, ya están echando cuentas sobre cuál va a ser el coste real por empleado para las empresas y los autónomos con asalariados a su cargo.

En total, este nuevo SMI beneficiará a 2,5 millones de trabajadores, que se distribuyen en el 38% de las pymes, unas 500.000 que tienen empleados que cobran actualmente el salario mínimo. Según la patronal Cepyme, este segmento de empresas –que agrupa a más del 99% del tejido productivo–, los 1.080 euros equivaldrían ya al 70% del salario medio, un 10% por encima del objetivo marcado por el Ejecutivo.

Para estas empresas, el coste extra que tendrán que afrontar con este nuevo SMI será de 1.485 euros anuales adicionales por trabajador. La cuenta es fácil de hacer: el aumento del coste salarial es de 80 euros mensuales (1.120 euros extras al año), mientras el coste mensual a la Seguridad Social será de 30,47 (365,68 euros más al año). En total son 1.485,68 euros adicionales respecto al salario mínimo anterior de 1.000 euros. Pero aún habría que sumar los 72,24 euros que debe aportar el trabajador por su parte de la cuota social (6,02 euros al mes). Por tanto, el coste final sería de 1.557,68 euros de más al año entre el alza de la nómina y el coste laboral a la Seguridad Social, que pasa de media de 4.396 euros a 4.823 euros al año. Eso significa que el coste extraordinario anual para el empresario sería de 3.714 millones de euros, mientras que los propios trabajadores tendrán que asumir 180 millones. En total, 3.894 millones más.

Además de los propios beneficiarios del SMI que verán aumentado su sueldo en 80 euros brutos al mes, la gran favorecida de esta subida será la caja de la Seguridad Social, que con los 437 euros adicionales al año que ingresará por trabajador –los 365,68 que deben aportar las empresas más los 72,24 euros del empleado–, engordará sus cuentas con casi 1.100 millones adicionales en cotizaciones sociales.

Recuerdan también desde las patronales CEOE, Cepyme y ATA que elevar el salario mínimo conlleva de forma automática una nueva subida de cotizaciones. Así, las bases mínimas se han elevado en torno a un 50% desde 2018. Desde Cepyme alertan sobre que esta situación afectará sobre todo a los trabajadores con menor cualificación y a los más vulnerables. Ahora mismo, la tasa de creación de empleo en tareas elementales se ralentizado hasta el 2,8%, frente a la tasa registrada entre 2013 y 2018, que se situaba en el 13,4%, «y la situación va a ir a peor y habrá más despidos», advierten.

El SMI ha experimentado un incremento del 46,7% desde 2018, desde los 735,9 euros mensuales a los 1.080 euros actuales. Estas sucesivas subidas del SMI tenía como objetivo cumplir con el compromiso de la coalición de Gobierno de situarlo en el 60% del salario medio español en 2023, una frontera que Cepyme asegura se ha superado ya en la mayoría de comunidades -incluso en varias comunidades está ya por encima de esta cifra-, mientras que en el resto de países está en el 40% de media.

También estiman en 217.500 los empleos desaparecidos desde 2018, los correspondientes a los 71.600 trabajadores que han perdido su empleo y a los 145.900 que no se han creado, “en un contexto en el que los costes de las empresas llevan subiendo varios trimestres consecutivos por encima del 20%, mientras que las ventas se desaceleran”, concluye el informe.

En este sentido, la compañía de empleo Randstad avisa de que un incremento del SMI “sin prudencia ni consenso” puede acabar por condenar al desempleo a los colectivos que la medida pretende beneficiar, como los jóvenes, especialmente a los que tienen menos formación, sobre todo en este entorno macroeconómico adverso que se está sumando a la rigidez de la reforma laboral. Ello está provocando “un aumento significativo” en la contratación parcial o fija discontinua y “empuja” a los trabajadores al pluriempleo para compensar las horas no trabajadas y así poder cubrir “sus necesidades económicas”.