El Gobierno ha dado luz verde este martes a un real decreto ley que incluye más de 30 medidas para hacer frente a la crisis de precios causada por la guerra en Ucrania, con un coste estimado de 3.800 millones de euros adicionales.

Medidas que estarán vigentes hasta el 31 de diciembre de 2023:

• Bonificación del abono de transporte público (financiación del 30% del descuento del transporte público urbano e interurbano a los gobiernos autonómicos y locales que lo complementen hasta el 50%).
• Eliminación del IVA a productos básicos y bajada del 10% al 5% a aceites y pastas alimenticias.
• Ayudas al gasóleo para transportistas profesionales, agricultores y ganaderos (10 céntimos por litro hasta el 30 de septiembre y 5 céntimos por litro durante el último trimestre).
• Ayudas directas para profesionales del transporte no sujetos a gasóleo profesional y servicios de transporte marítimo de interés público.
• Prohibición de cortar los suministros esenciales, extensión del bono social y la rebaja a los impuestos de la electricidad y el gas.
• El precio máximo de venta de la bombona de butano se mantiene en 19,55 euros.
• Se prorrogan las medidas de apoyo a la isla de la Palma en materia de Seguridad Social, en el ámbito laboral y en el ámbito hipotecario.
• Se amplía la suspensión de lanzamientos para vulnerables sin alternativa habitacional.
• Prohibición de despidos por causa del alza de la energía para empresas con ayudas públicas.

Otras medidas incluidas en el real decreto ley:

• Permiso de cuidado de 5 días al año, retribuidos, tanto de un familiar de hasta 2º grado como de un conviviente.
• Permiso "por causa de fuerza mayor" que se distribuirá por horas y podrá alcanzar en total hasta 4 días al año.
• Tercer permiso parental de 8 semanas hasta que el menor cumpla 8 años.
• Prórroga de la exención sobre el 80% del importe de los peajes eléctricos para la industria electrointensiva.
• La medida anterior se acompaña de una disposición que habilita el traspaso a 2023 del superávit del sistema eléctrico de 2022.
• Se extiende seis meses el plazo para que los proyectos de plantas renovables obtengan la autorización de construcción.
• Mejora retributiva para la cogeneración.
• Adaptación del régimen jurídico de servicios de arrendamiento de vehículos de turismo con conductor (VTC) a la jurisprudencia europea de este año.

El real decreto ley también establece medidas urgentes y necesarias para desplegar con eficacia proyectos estratégicos y programas con los fondos Next Generation:

• Nueva línea ICO para jóvenes menores de 35 años y familias con menores a su cargo para pagar entrada de su primera vivienda.
• Medidas para facilitar las inversiones del PERTE Chip (semiconductores y microprocesadores).
• Se modifica la Ley General de Subvenciones para aclarar la aplicación de las medidas de lucha contra la morosidad.
• Medidas para llevar a cabo una estabilización del empleo público.
• Se retrasa la obligación de cotización para contratos en prácticas.
• Dos nuevas deducciones en el IRPF del 15% para la compra de vehículos eléctricos y la instalación de sistemas de recarga de baterías para vehículos eléctricos.
• Incentivo fiscal en el Impuesto sobre Sociedades destinado a promover las instalaciones de recarga.
• Simplificación de la tramitación administrativa de la instalación de infraestructuras de recarga.
• Medidas para acelerar el despliegue de las energías renovables.
• Autorización de avales por 70 millones de euros al Banco Europeo de Inversiones (BEI) para el apoyo financiero a Ucrania.

El Real Decreto Ley transpone Directivas europeas ya vencidas y adapta la normativa a sentencias:

• Se transpone la Directiva europea en materia de modificaciones estructurales de sociedades mercantiles.
• La Directiva europea sobre conciliación de la vida familiar y profesional de los progenitores y cuidadores.
• Lucha contra la difusión de contenidos terroristas en línea.
• Modificación del régimen jurídico para la habilitación de los centros que imparten cursos de sensibilización y reeducación vial.
• Nueva regulación al sistema de acceso y uso del Registro de Titularidades Reales para la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.