Opinión

90-60-30, medidas no saludables

En un país de Pymes, el ritmo al que las empresas están extinguiéndose es alarmante

La paralización de la actividad y el hundimiento de la demanda está provocando que muchas empresas echen el cierre
El goteo de cierre de empresas y comercios no cesaLa RazónLa Razón

Desde hace más de un año se puso en la palestra las repercusiones de las medidas que se estaban tomando en nuestro país por parte de las administraciones públicas. Hoy recogemos parte de ese trato que malogra los resultados y hace aumentar peligrosamente no ya sólo los concursos empresariales, sino familiares.

No olvidamos que vivimos en un país donde la empresa es en más de un 95% pequeña y mediana empresa, y sobre todo familiar, lo cual hace que el riesgo no medido por aquellos que ostentan el poder sea aún mayor para todos.

Las administraciones deben facilitar los recursos para el desarrollo personal y profesional de todos, no formar parte de este. Precisamente, parte del problema no puede ser parte de la solución.

En este caso, el binomio política y economía debe ser separado. El ritmo al que las empresas están extinguiéndose es alarmante, incapaces de soportar la situación de inflación disparada y tipos al alza para evitar los efectos negativos de la primera.

Intentos como el de la ley contra la morosidad, sólo son viables en el papel, son aprobados por quien no entiende el mercado y las vicisitudes del mismo, pero es más flagrante que quien los crea no los cumple, y sea la primera que alegando la realidad de los hechos acuda a oscuros atajos para saltarse sus principios, aprovechándose además de recursos jurídicos, a sabiendas costosos, no sólo económicamente sino en tiempo, que en éstos caso es peor incluso, lo que nos lleva a que quien puede no quiere cumplirla y quien quiere no puede.

Mientras la Pyme y los ciudadanos ven con desazón e incertidumbre como la administración pública está recaudando más que nunca y ellos sólo escarban en los bolsillos de los concursos que se les avecinan.

EL PMP (periodo medio de pago), sigue aumentando a más de los 60 días que era el tope legal, y los mismos de antes ven como afrenta vergonzante que desde Europa se señale que pagar a más de 30 días será sancionado. Se deben adoptar análisis en las familias y empresas ante este nuevo paradigma.

Víctor Fermosel es profesor de EAE Business School