El absentismo sitúa ya la jornada laboral real en 36,4 horas, un punto por abajo de lo aprobado por el Gobierno

Yolanda Díaz se ha propuesto convertir 2025 en un año crucial para el mercado laboral, con la rebaja, por ley, de la jornada laboral en el horizonte y la apertura de negociaciones entre el Gobierno y los agentes sociales para reformar los costes del despido, una materia en la que habrá redoblado los enfrentamientos entre Trabajo y las organizaciones empresariales. Si el Ejecutivo consigue concitar los apoyos necesarios para su aprobación en el Congreso –una vez superado el trámite del Consejo de Ministros y pese a la negativa de las patronales CEOE y Cepyme a suscribir el acuerdo–, la jornada laboral semanal quedará fijada para todos los trabajadores en 37,5 horas sin pérdida salarial, frente a las 40 horas actuales.

Pero este empeño de la ministra de Trabajo tiene solo una consecuencia parcial en la jornada laboral de los trabajadores españoles. ¿Por qué? Porque la media semanal real está muy por debajo de las 37,5 horas que quiere imponer Díaz. En concreto, la media española se sitúa en 36,4. En el resto de la UE, los trabajadores de entre 20 y 64 años trabajaron una media de 36,1 horas semanales, referido a las horas que las personas realmente trabajaron en su empleo principal. El promedio de horas de trabajo difiere entre los países. Los que tienen la semana laboral más larga son Grecia (39,8 horas), Rumanía (39,5), Polonia (39,3) y Bulgaria (39), mientras que Países Bajos (32,2 horas), Austria (33,6) y Alemania (34) tienen la semana laboral más corta, según Eurostat.

En el caso de España, al comparar la distribución de las horas de trabajo habituales y de las reales entre los empleados, las horas trabajadas habituales son considerablemente mayores que las horas trabajadas reales, para el rango de horas de trabajo semanales de 35-39,5 y 40-44,5. La mayor diferencia (9,8 puntos porcentuales) se refiere a quienes trabajaban entre 40 y 44,5 horas semanales (46,9% de las horas habituales y 37,1% de las horas reales). Esto se explica por el hecho de que las horas de trabajo habituales no se ven afectadas por ninguna ausencia del trabajo, mientras que las reales pueden verse afectadas por vacaciones, bajas por enfermedad –con un absentismo laboral creciente– u otro tipo de ausencias. Por el contrario, en los rangos de jornada comprendidos entre 0,5 y 34,5 horas de trabajo, las horas trabajadas habituales son menores que las reales para las personas ocupadas. Esto se explica por la disposición de quienes normalmente trabajan pocas horas a trabajar más horas.

El problema es que esta jornada reducida real de 36,4 horas en España marcada por Eurostat se concentra en las grandes empresas –y algunas medianas–, pero apenas tiene incidencia entre las empresas más pequeñas, que en España son más del 92% de tejido empresarial y, en sectores muy vulnerables a estos cambios y que se verán gravemente afectados en su estructura interna. Comercio y hostelería serán los principales sectores –junto con las actividades inmobiliarias y la agricultura y ganadería a la cabeza– que más sufrirán con esta medida.

Según datos de Cepyme, el 96,6% de los trabajadores del sector del comercio tienen jornadas semanales superiores. Lo mismo que la hostelería, sector en el que para poder suplir la jornada reducida las empresas tendrán que recurrir a la contratación a tiempo parcial, «por lo que causará un efecto indirecto indeseado en el empleo y la contratación a tiempo completo», explicaron desde la patronal Hostelería de España, que advierte de que «en temporada alta del sector turístico, con turnos largos de hasta 12 horas al día, los contratos se tendrán que dividir y hacerlos parciales, porque de otra forma sería inviable, con el consiguiente perjuicio para los trabajadores, que perderán horas trabajadas y sueldo».

Además, los empresarios ven otros graves problemas que arrastrará la ley que quieren imponer Gobierno y sindicatos, por su grave afectación en la productividad y competitividad. Por ello, desde CEOE han vuelto a reclamar al Gobierno «transitoriedad» para poder establecer con garantías la reducción de jornada laboral, es decir, evitar una imposición inmediata y hacerlo por etapas y sectorizarla. Pero la ministra de Trabajo se mantiene insensible a sus peticiones.

La reducción no negociada del tiempo de trabajo manteniendo las remuneraciones conllevaría un coste mínimo directo de 21.000 millones de euros, con un coste asociado directo e indirecto de 42.400 millones, según cálculos de la patronal.

Pese al acuerdo entre Trabajo y los sindicatos (CC OO y UGT) para rebajar la jornada, el Gobierno no tiene garantizados los apoyos suficientes para sacar adelante esta medida en la Cámara Baja. Los sindicatos ya han tratado de buscar el respaldo del PNV y de Junts –incluso el líder ugetista, Pepe Álvarez, viajó a Waterloo para entrevistarse con el prófugo de la Justicia Carles Puigdemont– aunque, de momento no ha trascendido que hayan tenido capacidad de convicción.

Lo que sí tienen claro los sindicatos es que una medida de este calado debe contar en algún momento con el apoyo de los empresarios, como pasó en la Transición, cuando se rebajó la jornada a 40 horas semanales. Si no fuera así, «el acuerdo estaría cojo y perdería peso institucional, aunque cuente con el respaldo legislativo. Una ley de este tipo debería contar con el apoyo de todas las partes», reconocen fuentes sindicales. Un apoyo que ahora mismo es imposible.

Es más que probable que durante la tramitación parlamentaria de la norma y con el fin de ganar apoyos, se produzcan algunas modificaciones dirigidas a ayudar a las empresas a transitar hacia las 37,5 horas semanales. Trabajo ofreció ya algunas ayudas durante la negociación con los agentes sociales, pero finalmente no se incluyeron en el acuerdo con los sindicatos al no conseguir que éste fuera respaldado por las patronales. Díaz había propuesto ayudas directas a la productividad en microempresas de entre uno y cinco trabajadores con hasta 6.000 euros, con las que mitigar el impacto económico que podría tener la reducción de la jornada laboral sin afectar los salarios de los trabajadores. Pero estas ayudas estaban vinculadas exclusivamente al sí patronal a la nueva ley, algo que no se produjo, por lo que la ministra de Trabajo no lo incluyó en el anteproyecto de ley acordado con los sindicatos.

Pese a ello, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, se ha mostrado proclive a reactivar la parte del acuerdo referente al paquete de ayudas, especialmente para pymes, para que puedan «absorber la rebaja de la jornada laboral sin generales efectos negativos», aseguró esta misma semana. Su intención es abrir esta posibilidad en la negociación con las fuerzas parlamentarias, «para que el diseño ayude a que se haga con garantías y abra la posibilidad de acompañar a las empresas con medidas, no sólo de mejoras digitales, sino mejoras de productividad. Ya estamos trabajando desde el Gobierno en la reducción de barreras administrativas que ayuden a nuestras pymes a dedicar menos horas improductivas a ese tipo de tareas y, por lo tanto, liberen espacio para tareas productivas o incluso para avanzar en la reducción de la jornada laboral. Hay elementos adicionales como, por supuesto, acompañamiento presupuestario».

Según el texto aprobado, los convenios colectivos que a la entrada en vigor de la norma tengan más de 37,5 horas semanales de jornada de promedio anual tendrán hasta el 31 de diciembre de 2025 para adaptarse a la jornada máxima de 37,5 horas. Los contratos a tiempo parcial con una duración igual o superior a las 37,5 horas «se convertirán automáticamente en contratos de trabajo a tiempo completo» a partir de la aplicación de la nueva jornada legal. En caso de tener contratos con una duración inferior a este horario, los trabajadores a tiempo parcial, así como los trabajadores con jornada reducida, tendrán derecho a seguir realizando el mismo número de horas de trabajo que viniesen efectuando antes de la entrada en vigor de la norma.

También regula las sanciones por incumplimiento. El Gobierno multará con hasta 10.000 euros por trabajador a las empresas que incumplan con el registro horario y la reducción de la jornada semanal máxima de 37,5 horas. Se multará a las empresas por cada trabajador con el que se incumplan las normas y no de manera global a la empresa, como hasta ahora. Además, el texto establece que la empresa mantendrá un registro diario de jornada digital que garantice el cumplimiento de la norma, que deberá ser además accesible de forma remota para la Inspección y para los representantes sindicales. La norma refuerza también el derecho a la desconexión digital de los trabajadores fuera de su jornada laboral, configurándose como un derecho «irrenunciable».

Del total de trabajadores cubiertos directamente por convenios colectivos con efectos económicos, más del 75% de ellos se verían afectados al reducir el tiempo de trabajo a 37,5 horas, lo que supondría 8,8 millones de asalariados afectados por la medida. Sin embargo, si se tiene en cuenta la cifra global de 18 millones de asalariados, los trabajadores ascenderían a 13,5 millones.