Finanzas

El apagón reaviva el debate sobre el efectivo: ¿podemos vivir sin él?

El 96% de los españoles lo considera esencial en situaciones de emergencia como la vivida esta semana. Pese a ello, millones de ciudadanos se encontraron el lunes sin un euro en el bolsillo y sin posibilidad de obtenerlo

Una mujer saca dinero de un cajero en Madrid, el día después del apagón
Una mujer saca dinero de un cajero en Madrid, el día después del apagón Gonzalo Pérez La Razón

El pasado lunes, millones de ciudadanos en España se enfrentaron a un inesperado y angustiante escenario: todas las formas de pago digital -tarjetas de crédito, débito y aplicaciones móviles- quedaron inoperativas durante varias horas. El caos se desató de inmediato. Sin posibilidad de realizar pagos ni de retirar dinero en los cajeros automáticos, muchos se vieron atrapados en una especie de limbo económico. Este “fundido a negro” tecnológico ha reabierto el debate sobre la necesidad de preservar el dinero en efectivo, considerado por algunos como prescindible.

En los últimos años, el avance de los pagos digitales ha sido vertiginoso. La pandemia de la COVID-19 aceleró aún más esta transformación, promoviendo hábitos “contactless”. Poco a poco, el metálico ha sido relegado en favor del dinero de plástico o el pago móvil, pero también de otras soluciones como Bizum. Hasta tal punto se ha denostado el dinero físico, que algunas empresas no aceptan pagos en efectivo, a pesar de que es un medio de pago legal y, por tanto, están obligadas a admitirlo dentro de los límites establecidos.

Sin embargo, la jornada del lunes puso en evidencia la fragilidad de un sistema completamente digitalizado. Personas que intentaban pagar un billete de autobús, una barra de pan o un taxi descubrieron que no llevaban un solo euro en el bolsillo. La red de cajeros tampoco ofrecía solución, pues quedó igualmente paralizada. La imagen de ciudadanos rebuscando monedas olvidadas, pidiendo ayuda a extraños o recurriendo al “fiado” refleja el grado de dependencia tecnológica actual.

Ante este panorama, al día siguiente del apagón, se podían contemplar largas colas de ciudadanos esperando para sacar dinero de los cajeros por el temor a que la situación vivida horas antes se volviera a repetir.

Pero no es la primera vez, ni mucho menos, que una caída de la red de medios de pago sorprende a la población. Sin ir más lejos, en noviembre de 2023, un error interno en Redsys provocó una caída masiva de los sistemas de pago electrónico. Durante varias horas, los establecimientos no pudieron procesar pagos electrónicos, lo que llevó a pérdidas económicas significativas.

La DANA de Valencia también fue otro momento crítico que mostró que, en caso de catástrofe o cualquier otra eventualidad, el efectivo es la única forma que asegura las transacciones. Los cortes de luz y comunicaciones hicieron inoperativos los terminales de pago, dejando a la población dependiente de la solidaridad de terceros.

Como consecuencias de estos sucesos, no resulta extraño que un gran número de españoles considere preocupante el cada vez menor uso del "cash". Así lo evidencian los resultados de la IV edición del estudio "Percepción y hábito de los españoles respecto al sector bancario", realizado por Nickel. El análisis muestra que nueve de cada diez encuestados ya advertían del papel esencial del efectivo en situaciones de emergencia.

Ante la pregunta sobre las ventajas del efectivo frente a la tarjeta, el 58,5 % destacó este medio de pago como la mejor opción para protegerse de potenciales caídas del sistema o ciberataques. Una cifra que pone de manifiesto la alta conciencia social sobre los límites de la digitalización total y la necesidad de contar con medios de pago alternativos ante posibles fallos o incidentes.

En este contexto, el estudio también recoge la opinión de los españoles sobre el papel del efectivo en el contexto de apagones digitales como el que acabamos de vivir: el 53 % considera que el efectivo es esencial cuando no hay acceso a internet o los sistemas digitales fallan; un 26 % valora su utilidad para afrontar gastos básicos cuando no funcionan otros medios de pago, y un 17 % destaca que aporta tranquilidad y seguridad ante la incertidumbre. Solo un 4 % confía exclusivamente en los servicios digitales en este tipo de situaciones. En total, el 96% manifiesta que es fundamental para afrontar contingencias no previstas. Pese a que son los mayores de 65 años los que más valoran que el efectivo es imprescindible en situaciones de emergencia (69% frente al 53 % de media nacional), los jóvenes de entre 18 y 30 años, aunque utilicen el efectivo en menor medida, también muestran una alta conciencia sobre su utilidad, ya que el 74 % lo reconoce como la mejor opción para protegerse frente a caídas del sistema o ciberataques. Estos datos prueban una percepción generalizada de cierta fragilidad frente a una excesiva dependencia de lo digital.

La Plataforma Denaria, asociación que congrega los intereses comunes en defensa del efectivo, sostiene que es imprescindible blindar el uso del dinero físico como un pilar de resiliencia económica y social, por lo que, ante los acontecimientos del lunes, ha solicitado al Gobierno la implantación urgente de un sistema nacional de efectivo que garantice su disponibilidad y funcionalidad como infraestructura crítica. "Lo ocurrido el lunes es una muestra clara de la fragilidad del ecosistema digital y de la necesidad de contar con una alternativa física, robusta e independiente del suministro eléctrico y de internet", señala Javier Rupérez, presidente de Denaria.

En esta misma línea también se ha expresado Auriga, empresa de software para la banca cuyas soluciones están presentes en numerosos cajeros de Europa. “En escenarios como el vivido, el efectivo demuestra ser un pilar insustituible, y la gestión inteligente y segura del autoservicio se convierte en una prioridad estratégica para las entidades bancarias que buscan garantizar la continuidad del servicio y reforzar la confianza del cliente”, asegura Ángel Arenillas, Country Manager de Auriga para España y Portugal.

Pero este debate no es exclusivo de España. Incluso en Suecia, considerada durante años pionera en la eliminación del dinero en efectivo, se ha comenzado a reconsiderar la estrategia debido a preocupaciones relacionadas con la seguridad, la inclusión financiera y la resiliencia ante crisis.

Mientras estas advertencias se multiplican, Europa avanza hacia el euro digital. El Banco Central Europeo (BC) impulsa esta iniciativa como un “dinero público digital”, cuyo objetivo es modernizar los pagos y garantizar la soberanía monetaria frente a criptomonedas privadas. Si bien se plantea como complementario al efectivo, muchas voces temen que, en la práctica, acelere su desaparición.

Actualmente, el 40% de los pagos en establecimientos se realizan con tarjeta, mientras que el 37 % se hace en efectivo, aunque en los municipios sin oficina bancaria estable, la mayoría de los desembolsos se efectúa en metálico, según el "Estudio sobre hábitos en el uso del efectivo", realizado por el Banco de España. Asimismo, y también según datos de la institución que preside José Luis Escrivá, el importe total de las operaciones de retirada de efectivo en España alcanzó los 127.485,90 millones de euros a cierre de 2024, lo que supone un incremento del 2,08 % respecto al año anterior. Se trata de la mayor cifra de dinero retirado en cajeros de la historia de España, lo que confirma que los ciudadanos quieren disponer de efectivo a pesar de las dificultades crecientes en el acceso y uso.

Limitado por ley

En España, el uso del dinero en efectivo está sujeto a limitaciones legales. Según lo establecido por la Ley 11/2021, de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal, el pago en efectivo queda restringido a un máximo de 1.000 euros cuando en la operación interviene al menos un empresario o profesional. Esta medida tiene como objetivo principal dificultar el uso del efectivo en actividades económicas opacas, que tradicionalmente han facilitado el blanqueo de capitales y la evasión de impuestos. Superar este umbral puede acarrear consecuencias significativas, ya que la normativa contempla sanciones económicas que pueden alcanzar el 25% del importe pagado en efectivo de forma indebida. Además, tanto el pagador como el receptor pueden ser considerados responsables solidarios de la infracción, salvo que uno de ellos denuncie voluntariamente la operación dentro del plazo establecido. Esta limitación ha generado un intenso debate entre quienes la consideran una herramienta eficaz contra el fraude y quienes la ven como una restricción desproporcionada que penaliza el uso legítimo del dinero físico.

La caída masiva de los sistemas de pago digitales en España ha puesto en evidencia la vulnerabilidad de una economía excesivamente dependiente de la tecnología. Aunque la digitalización ha aportado comodidad y eficiencia, el apagón ha revelado los riesgos de prescindir del dinero en efectivo, especialmente en situaciones de emergencia o fallos técnicos. La experiencia vivida ha reabierto un debate que parecía superado: la necesidad de preservar el efectivo como garantía de resiliencia, inclusión y libertad financiera.