El Banco de España (BdE) ha confirmado que el PIB creció un 3,2% en 2024, por encima tanto de lo contemplado en sus previsiones de principios de año (1,9%) como del incremento registrado en el conjunto de la UE (0,8%). Las sorpresas al alza se dieron en la evolución del consumo -tanto público como privado- y de las exportaciones de servicios -tanto turísticos como no turísticos-, junto con el efecto arrastre positivo derivado de las revisiones estadísticas de las tasas de crecimiento en los últimos trimestres de 2023, fueron los principales factores que impulsaron la trayectoria ascendente del PIB.

El informe anual macroeconómico de 2024 del supervisor incide en que en los primeros meses de 2025, la economía española ha seguido registrando un ritmo de crecimiento robusto, si bien "menos intenso" que el observado en el tramo final de 2024, apuntando a un enfriamiento del crecimiento. De cara al futuro, los analistas del supervisor bancario ven, al igual que sucede a escala global y europea, unas perspectivas sometidas a "una extraordinaria incertidumbre, como consecuencia de un entorno internacional muy complejo".

Por tanto, el informe advierte de que el impacto negativo de la guerra arancelaria será "evidente" en el crecimiento de este año, ya que en todos los escenarios comerciales simulados determinan "la reducción del dinamismo de la actividad económica" y la confirmación del camino hacia la ralentización, que será más intensa si se confirma la falta de acuerdo arancelario. Indica el informe que la exposición directa de las exportaciones españolas a Estados Unidos es relativamente poco significativa, pero la exposición indirecta en sectores como el químico o el metal -que exporta a otros países que luego lo hacen a EE UU- "sí es importante", señaló Ángel Gavilán, director general de Economía del supervisor. También ha señalado que el sector servicios se verá también afectado, de forma indirecta en la exportación de manufacturas -que implican al menos un 20% de servicios-, y de forma directa en el turismo y en los tipos de cambio -por la pérdida de competitividad de nuestro país al elevarse el valor del euro frente al dólar-.

En cuanto a la inflación, ésta prosiguió su senda de desaceleración a lo largo de 2024 -en línea con lo esperado a principios de año-, si bien la de los servicios mostró una persistencia mayor de la esperada. El informe apunta que en el pasado ejercicio la inflación -medida a través del índice armonizado de precios de consumo (IAPC)- se redujo en medio punto, hasta el 2,9%, reflejando, principalmente, la desaceleración de los precios de los alimentos frente al repunte de los precios de la energía, derivado de los efectos base generados por los descensos de los precios de la electricidad en 2023. La inflación subyacente registró un crecimiento medio del 2,8%, 1,3 puntos inferior al del año anterior. En lo que va del presente año, explica el BdE que no se han producido grandes cambios en las dinámicas de la inflación -que ha proseguido su senda de moderación-, aunque cabe destacar "la volatilidad observada en los precios de la energía".

En 2024 y en los primeros meses de 2025, la creación de empleo ha estado particularmente concentrada en la población inmigrante -entre finales de 2019 y finales de 2024, en torno a un 76% de todos los puestos de trabajo creados en España han sido ocupados por nacidos fuera de nuestro país-, contribuyendo a satisfacer la mayor demanda de empleo de los sectores con mayores dificultades para cubrir sus necesidades de mano de obra, aunque la gran mayoría de baja cualificación.

En este sentido, los expertos alertan de la coexistencia de problemas de disponibilidad de mano de obra por parte de las empresas, pero con una tasa de paro elevada sugiere que el desempleo presenta "un apreciable componente estructural", por lo que es esencial para el BdE dar lugar a una "profunda reasignación sectorial y ocupacional del empleo" para mejorar el funcionamiento de las políticas activas y pasivas de empleo en nuestro país, que presentan "deficiencias importantes con respecto a las desplegadas en otras economías de nuestro entorno", señaló Gavilán.

Asimismo, ha mostrado su preocupación por el absentismo en el mercado laboral al estimar que sufrirá un "factor adicional de tensionamiento" por el aumento del porcentaje de ocupados en situación de incapacidad temporal, "asociado a circunstancias tales como el deterioro de la salud tras la pandemia, el envejecimiento de la población y el propio ciclo económico, ya que "históricamente se ha observado que la incidencia de la incapacidad transitoria ha sido mayor durante los períodos de expansión", incidió Gavilán. En concreto, el coste derivado del pago de las prestaciones por incapacidad ha aumentado un 78,5% desde 2019 para las Administraciones públicas y se sitúa en algo más de 15.000 millones de euros, cerca de un 1% del PIB.

Señaló también que a pesar de la ganancia de productividad, que ha permitido reducir la brecha negativa acumulada a lo largo de las últimas décadas respecto al resto de la UE, esta continúa siendo "significativa" y reducirla representa uno de los "mayores retos" a los que se enfrenta la economía española de cara al futuro.

A ello se suma el empeoramiento de la la calidad de las instituciones -"entendidas estas como el conjunto de leyes y normas que regulan las relaciones socioeconómicas", señala el informe- y, en particular, la eficiencia de las Administraciones Públicas, que han experimentado un "deterioro desde principios de este siglo", y que se ha acentuado con los últimos dos gobiernos de Pedro Sánchez.

En un contexto de fuerte dinamismo de los ingresos y los gastos públicos, tanto el déficit público como la ratio de deuda sobre PIB de las Administraciones Públicas se redujeron en 2024. El déficit se redujo tres décimas en 2024, hasta el 3,2% del PIB, como resultado, principalmente, del efecto del ciclo económico sobre las cuentas públicas, el aumento de la recaudación y la retirada de las medidas temporales de apoyo ante la crisis energética. La ratio de deuda disminuyó hasta situarse en el 101,8% del PIB únicamente por el aumento del PIB nominal, lo que ha provocado que aún "permanezca cuatro puntos por encima de los niveles previos a la pandemia", advirtió Gavilán.

Destaca también el informe que la estructura de las finanzas públicas se ha impulsado fuertemente en el lado de los ingresos, que han aumentado "sensiblemente" gracias al aumento del peso de los impuestos directos y de las cotizaciones sociales, frente a la reducción en la imposición indirecta. Gavilán ha señalado que los ingresos por cotizaciones sociales suponen ya el 13%, y están casi tres puntos porcentuales por encima de la media de la UE por los sucesivos incrementos aprobados por el Gobierno en los últimos año.

Respecto a los gastos, "que también han aumentado de forma notable", cabe destacar el incremento registrado en las prestaciones sociales, el consumo y la inversión pública, que ha sustentado "la mayor parte del su incremento reciente en iniciativas financiadas por fondos europeos de carácter temporal". Según detallan los economistas del regulador, el avance de los gastos fue del 6,2%, creciendo "con especial intensidad" los pagos por intereses (9,2%), las prestaciones sociales (6,8%) -principalmente las pensiones y las prestaciones por incapacidad laboral transitoria- y el consumo público (4,8%). Por contra, la inversión pública tuvo una evolución "mucho menos dinámica" y retrocedió un 4,5%.

Por otro lado, el Banco de España apunta que la situación de las finanzas públicas sigue estando caracterizada por un "desequilibrio estructural apreciable" y por una "elevada ratio de endeudamiento", que si bien a corto plazo se han alcanzado los objetivos fiscales establecidos, cumplir con ellos a medio y largo plazo implica una "ejecución y evaluación rigurosa de las inversiones y reformas acordadas con la Comisión Europea para la extensión del período de ajuste en el Plan Fiscal y Estructural de Medio Plazo 2025", indica el estudio.

Según concluye el Banco de España, la economía española se enfrenta a "numerosos retos estructurales de una extraordinaria envergadura". Algunos de estos retos están relacionados con la baja productividad y el excesivo paro, que se mantiene en dos dígitos, la única economía de la UE en esta situación. Otros de los desafíos están vinculados al mercado de la vivienda, los flujos migratorios y la transición ecológica, pero también las "presiones al alza sobre el gasto público" y una política que debe "aprovechar la oportunidad que proporcionan los fondos europeos y un patrón de crecimiento robusto para planificar, con una perspectiva de medio plazo, un reforzamiento de la sostenibilidad de las cuentas públicas y, al mismo tiempo, una mejora en su composición, de forma que los ingresos y gastos públicos presenten una contribución más favorable al crecimiento económico", algo de lo que se adolece ahora.

Respecto a la vivienda, los analistas del regulador alertan de los desequilibrios en el mercado de la vivienda, que aún están "lejos de reducirse de forma significativa a corto plazo" y que tienen la capacidad de convertirse, si no se abordan "de manera decidida y holística", en un "evidente cuello de botella" para la economía española por el lado de la oferta y en un "problema social de primera magnitud en nuestro país".

El propio presidente del Banco de España, José Luis Escrivá, alerta en el prólogo del informe que "la economía española continúa enfrentándose a importantes retos estructurales. La brecha de productividad respecto al promedio de la zona del euro, aunque se ha reducido en los últimos años, sigue siendo significativa. La persistencia de una tasa de empleo inferior a la de nuestros socios europeos limita el potencial de crecimiento y complica el proceso de convergencia en renta per cápita. Estos desafíos estructurales exigen una agenda reformista ambiciosa", sin perder de vista que es "imprescindible" seguir avanzando en una "evaluación continua y rigurosa" de las distintas políticas del Gobierno.