El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 investigará a las empresas que publiciten en España bienes o servicios originados en los territorios palestinos ocupados por Israel, ha anunciado este martes el departamento dirigido por Pablo Bustinduy, bajo el paraguas del recién aprobado Real Decreto-ley 10/2025, "por el que se adoptan medidas urgentes contra el genocidio en Gaza" y que recoge el embargo de armas a Israel. El Gobierno coloca así en su punto de mira a compañías que, según la ONU, se estarían beneficiando económicamente de la ocupación ilegal.

Consumo se basa en el artículo 4 de este decreto-ley, el cual prohíbe la publicidad de bienes y servicios procedentes de estos territorios ocupados, con el objetivo de limitar la posibilidad de desarrollar ese negocio. "En base a ello, la Dirección General de Consumo investigará a las empresas que estarían aprovechándose de esta ocupación, como señaló el informe publicado en julio por Francesca Albanese, relatora especial de la ONU, titulado 'De la economía de la ocupación a la economía del genocidio'", ha justificado el Ministerio.

El departamento de Bustinduy añade que "en este informe, Albanese, que es la representante de Naciones Unidas para los territorios palestinos ocupados, señaló que hay empresas que se están beneficiando económicamente de la ocupación ilegal de estos territorios". Con esta medida, Consumo lanza un mensaje directo: garantizará que "que ninguna empresa que opere en España tenga sus cuentas de resultados manchadas con la sangre del pueblo palestino", tal y como advirtió el pasado mes de julio Bustinduy durante la presentación del acto "Alianzas y acciones ante el genocidio en Palestina".

Consumo anunció que iba a poner "todos los recursos" necesarios a disposición de esta labor y la medida comunicada este martes supone un avance en la consecución de este propósito. El objetivo final es garantizar que "cualquier empresa con actividad en España abandone toda operación vinculada a la ocupación israelí, ya sea directa o indirectamente", ha subrayado Consumo, pues considera que mantener esta oferta de servicios en España contribuye a "perpetuar los esfuerzos coloniales y el genocidio de Israel".

El pasado viernes, Naciones Unidas amplió a 158 la lista de empresas vinculadas al desarrollo de los asentamientos israelíes en los territorios palestinos ocupados, considerados ilegales en virtud del Derecho Internacional, una "lista negra" en la que se incluyen cuatro compañías españolas. No obstante, dos de ellas se han desmarcado, rechazando tener actividad en Israel, en uno de los casos, o en territorios ilegales ocupados, en el otro.

En concreto, la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos añadió 68 nuevas empresas en su lista por "suministrar equipo o materiales que faciliten la construcción y el mantenimiento de los asentamientos, las demoliciones de casas o propiedades palestinas, así como las actividades de vigilancia, el uso de recursos naturales para fines comerciales o contaminación y el vertido de desechos en aldeas palestinas.