Consumo propone que los pisos turísticos paguen IVA para frenar el aumento de la oferta ilegal

Una propuesta tras otra para atajar la proliferación de los pisos turísticos ilegales. Esta misma mañana, el Ministerio de Consumo comunicó intensificará su investigación contra los anuncios de pisos turísticos ilegales en plataformas instando a que los ayuntamientos colaboren aportando información. Pocas horas más tardes, el departamento dirigido por Pablo Bustindy ha puesto sobre la mesa otra medida para frenar la oferta ilegal: introducir el IVA en la actividad de los pisos turísticos en España y que tributen "como cualquier actividad comercial". "Si no se aplica IVA" a la vivienda vacacional, se está incentivando su uso, ha defendido Bustinduy en una entrevista en el programa Espejo Público de Antena 3.

"Lo que tenemos que hacer es incentivar de todas las maneras posibles que se destine la vivienda al uso principal que tiene que tener, que es a que la gente viva en ella, mientras construimos más vivienda pública y alquiler social", ha añadido el ministro. Durante su intervención, también ha instado a "las ciudades de toda España" a que se sumen a la investigación del Gobierno para "perseguir" la publicidad de los pisos turísticos ilegales: "Es una situación descontrolada e inaceptable".

Bustinduy ha puesto como ejemplo a la ciudad de Madrid, en la que ha denunciado que "hasta el 90% de los pisos turísticos no disponen de licencia para ello". "Esta situación está afectando a la vida de muchísimas de nuestras ciudades, haciendo que los precios del alquiler suban una barbaridad y que la gente tenga que abandonar sus barrios. Es una problemática esencial", ha criticado Bustinduy.

A principios de mes, la Dirección General de Consumo envió requerimientos a las principales plataformas de alquiler turístico para obtener información sobre las viviendas que anuncian. Con la información que le suministren, los responsables de Consumo quieren determinar la actividad y responsabilidad de aquellos grandes arrendadores o empresas dedicadas a la gestión de numerosos pisos turísticos en diversas comunidades y que podrían estar infringiendo la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios al incurrir en prácticas comerciales desleales por anunciar pisos turísticos que no disponen de licencia.

Pero la ofensiva del Ejecutivo contra los alquileres turísticos es más extensa. La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, se reunió ayer con la Junta de Gobierno de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), un encuentro donde se planteó modificar la Ley de Propiedad Horizontal para vetar los apartamentos turísticos en las comunidades de propietarios, al considerar que las viviendas ejercen una actividad económica, en base a la jurisprudencia del Tribunal Supremo.

Además, el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana está trabajando en la creación de una plataforma única estatal mediante la cual, controlar y combatir el fraude que se produce en el mercado de los pisos turísticos. El desarrollo de esta plataforma surge para adelantar el cumplimiento del reglamento europeo que regula el fenómeno de los servicios de alquiler de corta duración, que entró en vigor el pasado 20 de mayo, y que cuenta con un plazo de dos años para implantarse.