Economistas y asesores fiscales denuncian el caos judicial, fiscal y autonómico creado por el "impuestazo" a los ricos

Poner fin al caos judicial, fiscal, administrativo y autonómico que ha creado el Gobierno con el impuesto temporal a las grandes fortunas, una situación que puede empeorar aún más si culmina su "amenaza" de hacerlo permanente. "No puede ser que una batalla política y fiscal entre administraciones afecte directamente a los contribuyentes". Así se han manifestado tanto el del Consejo General de Economistas de España como el Registro de Asesores Fiscales (Reaf), que creen que la situación que se ha provocado con su aprobación resulta "insostenible" porque se está "tensionando innecesariamente el sistema jurídico e introduciendo demasiada conflictividad institucional", ha incidido el presidente del Consejo, Valentín Pich. En una jornada informativa sobre los impuestos de Patrimonio, Donaciones y Sucesiones, y Grandes Fortunas ha criticado que se haya provocado un conflicto "innecesario a todos los niveles", que han dejado un escenario que "como país, no es razonable", porque el volumen de reclamaciones, rectificaciones y denuncias va a bloquear unos tribunales económico-administrativos "ya de por sí saturados".

Por ello, los economistas creen que las distorsiones que pueden producir y la recaudación que se puede conseguir a través del impuesto de Patrimonio hacen recomendable su supresión, aunque podría quedar como una "declaración censal" y que si se optara por mantener el impuesto, sería conveniente introducir algunos cambios, homogeneizando en todos los territorios la base imponible y el mínimo exento. De esta manera se pondría fin a la batalla fiscal entre comunidades, impidiendo que se regule por las haciendas autonómicas como un impuesto propio, y se solucionaría el problema político que han creado las tensiones entre comunidades y la Administración Central.

Ante este caos, los asesores fiscales recomiendan que "lo que corresponde es autoliquidar tanto Patrimonio como Grandes Fortunas, pagarlos y, previa valoración de las contingencias, y teniendo en cuenta la prescripción, solicitar la rectificación de la autoliquidación y la devolución de ingresos indebidos", con la intención de aprovechar, en su caso, un fallo estimatorio". No obstante, antes de llevar a cabo esta solicitud, advirerten de dos circunstancias. La primera es que, en caso de que las autoliquidaciones tengan "riesgo de contingencias, habría que evaluar más detenidamente si es aconsejable solicitar la rectificación, teniendo en cuenta los riesgos de la misma y la interrupción de la prescripción". Y la segunda es la importancia de los plazos. Si la solicitud se presenta "demasiado pronto" es posible que, "también relativamente pronto", se agote la vía administrativa y haya que acudir a la jurisdicción contenciosa "y, por lo tanto, incurrir en más gastos".

Eso sí, avisan de que, si se espera demasiado, cabe la posibilidad de que el Tribunal Constitucional dicte sentencia antes y, como ocurrió con las plusvalías municipales, no considere "situaciones susceptibles de ser revisadas" las autoliquidaciones cuya rectificación no hubiera sido solicitada hasta dicha fecha. Con todo ello, recomiendan evaluar ya las consecuencias económicas que tendría presentar la rectificación, para analizar cómo de rentable le saldría tratar de lograr una devolución, y tener ya preparadas las solicitudes para "medir bien los tiempos", ya que algunas informaciones apuntan que el Alto Tribunal podría pronunciarse antes de fin de año.

Para el presidente del REA, Agustín Fernández, "el de las Grandes Fortunas no debería hacerse permanente porque se configura como un parche al Impuesto sobre el Patrimonio y se ha aprobado siguiendo una trayectoria parlamentaria singular". Por eso, los economistas entienden que la razón de que se grave la riqueza de esta forma tan "heterogénea" la han justificado en que se trata de una manifestación de capacidad económica diferente a la de la renta y a la del consumo, por lo que su aplicación debe "complementar el gravamen sobre ambas manifestaciones.

Por ello, han vuelto a recordar al Gobierno que ningún otro país de la Unión Europea grava el Patrimonio de sus ciudadanos, algo que niegan desde el Ejecutivo. "Es mentira que se pague en algunos países, como Francia, Holanda y Bélgica. Ellos no tienen un impuesto de Patrimonio como tal, como está diseñado el nuestro, porque el suyo grava solo los activos financieros, no el conjunto del patrimonio de los contribuyentes como en España". Por eso, han incidido en que todos los países están inmersos en la economía global y, por lo tanto, "competimos con el resto de los países de Europa y del resto del mundo, nuestra regulación económica y tributaria no pueden distanciarse demasiado de los estándares predominantes porque salimos perdiendo". Desde el Consejo se ha querido dejar claro que, "no se trata de competir fiscalmente a la baja, sino de que los tributos, por lo menos, no penalicen que determinados contribuyentes puedan venir a residir en España, no propiciar que otros se deslocalicen o que se pague con justicia". Pich ha insistido en que "tenemos un sistema fiscal que no facilita ni el ahorro de las ciudadanos ni la capitalización de las empresas".

Respecto a la recaudación que ha logrado Hacienda tras la fecha tope de pago, menos de la mitad de lo esperado, mantienen sus dudas. La Agencia Tributaria recaudó 623,6 millones de euros, de los 1.500 esperados inicialmente. Esta diferencia se achacó a los errores en la redacción de la norma, con el que Hacienda permitió que los declarantes pudieran restarse del importe a pagar lo que hubiesen tenido que abonar por Patrimonio -aunque realmente no lo hubiesen satisfecho-. Pero los economistas consideran que el impacto de este fallo "tremendo" está "sobrevalorado", ya que, aunque tenga "su importancia económica", no explica esa diferencia de cifras. De hecho, señalaron que, con solo analizar los resultados de la recaudación del Impuesto de Patrimonio en 2021, se puede concluir rápidamente que es "imposible" recaudar 1.500 millones con el nuevo gravamen -más con el mínimo exento de 3,7 millones- por lo que creen que "Hacienda hablaba de potencial recaudatorio si se aplicara en todos los territorios".

En este sentido, ven una posible explicación en que la ministra maría Jesús Montero se refería que se recaudarían 1.500 millones si el impuesto sobre el Patrimonio se "armonizara en su totalidad conforme a la normativa estatal, que llevaría a la recaudación a rondar los 2.000 millones de euros, "pero no hay nada claro".